Catastro y planeamiento

Base legal del planeamiento

La planificación del uso del suelo urbano y rural requiere como insumo básico la información catastral, y a su vez ésta se encuentra regulada en ciertos aspectos por instrumentos tales como los Códigos de Planeamiento, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Urbano Ambientales, etc. Estos vínculos tienen un fuerte sostén teórico y práctico, tanto en la literatura profesional como en las tareas administrativas que se derivan de la elaboración de dichos corpus legales, y de su aplicación práctica y monitoreo en el tiempo.

La función de planificación del territorio tiene su base en el art. 1970 del Código Civil y Comercial (CCyC), que señala que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo y, agrega a continuación, que el aprovechamiento y uso de la propiedad inmueble debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Entonces lo primero que se debe comprender es que cualquier norma de planificación del espacio territorial de una jurisdicción implica, en primera instancia, conocer cómo se ejercen los derechos de las personas en el territorio expresados en forma de parcelas. Esto es porque las regulaciones urbanísticas son aplicables y se hacen cumplir precisamente a nivel de parcela. Sobre dicho objeto se establecen las referidas limitaciones al dominio, sobre las cuales se debe tener en cuenta que las personas pueden usar y disponer de su propiedad pero de conformidad a las leyes que reglamentan su ejercicio, dado que ningún derecho reconocido constitucionalmente tiene el carácter de absoluto.

Lo que el legislador busca con ello es armonizar lo individual con lo social del derecho de propiedad. Cabe aclarar que las limitaciones o restricciones al dominio pueden establecerse con un fin de interés público, en cuyo caso son establecidas por el derecho administrativo; o de interés privado, como las que regulan las relaciones de vecindad, situación en que se encuentran reguladas por el derecho civil (CCyC), siendo supletorias a las normas administrativas. Las mencionadas restricciones son generales y de aplicación general para todos los propietarios por igual, por ejemplo, un factor de ocupación de suelo (FOS) es aplicable a todas las parcelas de una determinada zona del planeamiento urbano. Además son de naturaleza permanente, obligatoria, ilimitadas en número y tipo, y no son motivo de indemnización alguna pues tienen como finalidad determinar los límites dentro de los cuales debe moverse el ejercicio normal del derecho de propiedad (Mariani de Vidal, M. & Abella, A., 2016).

Relaciones entre las funciones del catastro y el planeamiento

Un primer ejemplo que se puede tomar es el momento de elaborar o actualizar un Código, Plan de Ordenamiento, etc., situación en la que es necesario identificar la morfología de las áreas urbanas, periurbanas y rurales, junto a un detalle del stock de construcciones y sus parámetros como la superficie, el destino, la tipología constructiva, antigüedad, número de pisos, y la distribución espacial y poblacional. De esta manera es posible hacer un diagnóstico del ambiente edificado y su relación con la estructura parcelaria para identificar patrones geoespaciales, fundamentalmente saber cómo se expande la mancha urbana y evaluar su grado de compactación. Asimismo este ejercicio permite identificar las zonas con usos predominantes, mixtos, especiales, de expansión urbana, de baja densidad, áreas vacantes, de usos especiales, de riesgo de inundación, geológicos, etc., y de protección ambiental, entre otras, que permiten delinear un conjunto de usos del suelo e indicadores urbanísticos sectorizados para regular el crecimiento ordenado y sostenible de las ciudades.

Pero todo ello nos lleva a considerar el contenido, la estandarización y actualidad de la información catastral y territorial adicional, lo que en principio trae aparejado lo siguiente: 1) poner el foco en aquellos atributos que pueden hacer una diferencia importante a la hora de realizar el análisis de los datos geoespaciales; 2) incorporar los asentamientos informales en una capa de datos independiente y de modo que permita su integración con la información catastral; 3) atender los aspectos de interoperabilidad para facilitar la colaboración y cooperación interna e interinstitucional; y 4) mantener lo más cercano a la realidad el medio construido, dadas la ejecución de obras sin permiso y el alto grado de dinamismo característico de las zonas periurbanas.

Para la primera cuestión, la incorporación del uso (ejs: residencial, comercial, industrial, educativo, agropecuario, forestal, etc.) a la tabla de atributos de parcelas o edificios, la anexión de la existencia de servicios públicos (ejs: agua, luz eléctrica, cloacas, etc.) por frente de manzana o por eje de calle, y la gestión adecuada de la antigüedad de las construcciones, constituyen una contribución significativa para los procesos de estudio y monitoreo de los instrumentos de planeamiento. Para el segundo tema, disponer información de los asentamientos informales parte de reconocer situaciones de hecho que no pueden soslayarse en la gestión urbana porque forman parte de la ciudad, por lo que es necesario desarrollar políticas de acondicionamiento y regularización de esas áreas a fin de mejorar su hábitat y promover su integración socio-espacial. Para el tercer aspecto, es indispensable tener en cuenta variables técnicas como el marco de referencia, la georreferenciación, el uso de formatos estándares y los metadatos; además de variables institucionales como la carencia de políticas, cultura administrativa y marco legal para compartir e integrar datos a través de sistemas y plataformas organizacionales. En cuanto al último punto, en la actualidad es necesario innovar en los procesos de captura de datos, desarrollando soluciones de aprendizaje automatizado para la extracción de construcciones y detección de cambios, a partir de datos LIDAR, mosaicos de ortofotos aéreas o imágenes satelitales de alta resolución.

Por otro lado, los Códigos, Planes de Ordenamiento, etc., tienen un impacto directo en el catastro en todo lo relacionado a la subdivisión del suelo, ya que para cada zona se estipula una tipología parcelaria (frente y superficie mínima) que se debe respetar, así como anchos de calles y áreas reservadas para espacios verdes y/o equipamiento comunitario, todo lo cual tiene una incidencia directa en los respectivos diseños de proyectos de urbanización y resultantes planos de mensura con fraccionamiento que se registran en el organismo catastral.

Zonificación del uso del suelo con base en la información catastral. Fuente: https://www.escobar.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/02-Zonificacion-Vigente-A1.pdf

Los programas para incrementar la oferta de suelo urbanizado destinados a personas que necesitan adquirir una parcela con destino a vivienda única, constituyen una política activa para evitar la propagación de los asentamientos informales, y son un ejemplo singular para el que se requiere el apoyo concurrente de la función catastral y de planificación, dado que es necesario identificar parcelas que cumplan con determinados requisitos de ubicación, superficie, integración con el entorno, compactación de la trama urbana, acceso a servicios, libre de riesgos y que se encuentren ubicados en zonas que admitan usos de suelo y densidades compatibles con programas habitacionales de interés social.

Otro tema importancia es la recuperación del valor agregado a los inmuebles que tiene como origen fuentes distintas a la inversión directa de los propietarios, casos que ocurren cuando el Estado realiza inversiones en infraestructura (ejs.: nuevos equipamientos comunitarios, contribución por mejoras, etc.) o cambios en las normas urbanísticas (ejs.: cambio de uso del suelo de rural a urbano, en la densidad, en la altura máxima de los edificios multifamiliares, etc.) que repercuten en un incremento del valor de la tierra. La diferencia entre los valores actuales y posteriores a las citadas mejoras y cambios es conocida como plusvalía, pero para que esa diferencia de valor se pueda establecer correctamente es preciso atender y fortalecer el aspecto económico del catastro, lo que implica crear y mantener observatorios del mercado inmobiliario y aproximar la valuación catastral -que constituye la base de cálculo del impuesto inmobiliario- a los valores de mercado.

Actualmente es muy importante que los instrumentos de planeamiento se coordinen con las políticas de gestión de riesgos. Por ejemplo, una capa temática sobre el tema contribuye a evitar la urbanización del suelo en lugares inadecuados como aquellas parcelas ubicadas total o parcialmente en zonas con riesgo geológico, ambientalmente sensibles y/o inundables. Y cuando los desastres ocurren y hay desplazamientos forzados, la información catastral y registral y de los ocupantes de hecho, permiten proteger los derechos de propiedad y la posesión de las personas y viviendas afectadas y asignar correctamente las ayudas económicas para comenzar la reconstrucción. De manera que conocer que tienen las personas, dónde y cuál es su valor, hace posible evaluar adecuadamente los daños que han sufrido.

La realización de infraestructuras como las redes de agua, cloacas, electricidad, gas, fibra óptica, desagües pluviales, protección de cauces, canales de riego, instalación de antenas de telecomunicaciones, etc., que son indispensables para el funcionamiento de la economía, el desarrollo de los espacios habitables y la producción del suelo rural, son cuestiones que atraviesan el desarrollo del territorio del que no puede estar disociado el planeamiento que, con su mirada integral, evita las soluciones fragmentadas orientando armónicamente los procesos de crecimiento. El despliegue de los proyectos de las intervenciones públicas, requiere el auxilio del catastro y el registro para identificar las parcelas afectadas y sus propietarios e identificar las áreas de afectación para la constitución de servidumbres o la realización de procedimientos expropiatorios según corresponda. A su vez, dichos procedimientos legales producen sus efectos que deben ser registrados en los catastros, que conforman el correlato de la ubicación geoespacial de las obras tal como han quedado plasmadas en el territorio.

Otros aspectos a tener en cuenta son el mantenimiento del entorno natural y la multifuncionalidad del paisaje y la protección de los ecosistemas, para lo cual los asentamientos humanos deben guardar un equilibrio con el entorno natural. Esto se logra generalmente estableciendo áreas verdes, zonas de recreación, zonas de protección ambiental o reservas naturales, por medio de restricciones al dominio que impactan en el ejercicio pleno del derecho de propiedad para salvaguarda de los derechos colectivos. De este modo, las regulaciones de este tipo permiten la protección de dichos espacios y recursos vitales como, por ejemplo, las nacientes y los cauces de ríos y arroyos, las áreas de conservación de la vegetación autóctona o bosque nativo, etc. Y nuevamente, para la instrumentación de dichas medidas es indispensable el apoyo de la información catastral y registral. Es para destacar que cuando se trata de restricciones al dominio relacionadas con normas de protección y preservación del medio ambiente, los Registros de la Propiedad han establecido una resolución para inscribir los documentos administrativos, judiciales o notariales en el que consten restricciones o límites al dominio de carácter ambiental impuestos por normas nacionales, provinciales o municipales (Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, 2002).

Pero además no debemos perder de vista que la expresión más clara de los efectos del planeamiento en el catastro, está plasmada en el art. 1° de la Ley Nacional de Catastro n° 26.209 que establece que los catastros son los registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de una jurisdicción, precepto que se ha inspirado en la Declaración 1 del documento Catastro 2014, que hace referencia a la inclusión de las restricciones al dominio en el interés público que, en un sentido más amplio, refiere al registro de la situación legal completa del territorio (Kaufmann J. & Steudler D., 1998). Esto va en la línea de observar el cumplimiento de los principios de inscripción, especialidad y publicidad, como el que se ha indicado para las restricciones al dominio de carácter ambiental, que tienen efecto en los asientos registrales y registros catastrales de los inmuebles afectados.

Comentarios finales

El planeamiento es una actividad que implica regulaciones al ejercicio del derecho de propiedad, por lo que es fundamental la identificación de los sujetos de derecho a quienes aplica, conectados por el catastro a una ubicación en el territorio. Es por ello que el diseño y la aplicación práctica de los instrumentos normativos requiere conocer cómo se despliegan los derechos en el territorio, y asimismo las cargas y/o gravámenes que lo afectan (ej: restricciones relacionadas con las aguas públicas, ambientales, servidumbres administrativas de obras troncales, etc.) en cuanto sea pertinente su consideración en las normas de subdivisión del suelo, cuya fiscalización es responsabilidad de los gobiernos locales.

Por otro lado, hemos observado la necesidad de atender algunos aspectos que hacen a una mejor aprovechamiento de la información catastral como capa de referencia para el planeamiento, que implica realizar algunos esfuerzos para adecuar una parte mínima de su contenido que, sin embargo, tiene el potencial de hacer una gran diferencia en los estudios territoriales. Con esto queremos decir que tiene que verse más allá de lo que puede aportar el parcelario continuo, y pasar la lupa por el ambiente construido, los usos actuales, los valores de la tierra y las construcciones, la infraestructura de servicios y la informalidad en la ocupación del suelo, todo lo cual tiene el potencial de abrir nuevos caminos para explorar y hacer aportes sustantivos a la investigación de las dinámicas territoriales y la regulación del desarrollo y crecimiento de las áreas urbanas y rurales.

Fuentes consultadas:

Kaufmann J. & Steudler D. (1998). Catastro 2014 – Una visión para un Sistema Catastral futuro, https://www.fig.net/resources/publications/figpub/cadastre2014/translation/c2014-spanish.pdf

Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble (2002). Restricciones al dominio de carácter ambiental. Registración. Publicidad. XXXIX Reunión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad Inmueble, Trelew, noviembre de 2002, http://www.rpba.gob.ar/files/Normas/2002/RNDRP/RNDRPI-2002-7.pdf

Mariani de Vidal, Marina & Abella, Adriana (2016). Derechos reales en el Código Civil y Comercial – Tomo 1. Ed. Zavalía.

República Argentina (2007). Ley Nacional nº 26209, Ley Nacional de Catastro, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124298/norma.htm

República Argentina (2015). Código Civil y Comercial de la Nación.

República Argentina, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Integración Socio Urbana (2023). Registro Nacional de Barrios Populares que reúne información sobre villas y asentamientos de Argentina, https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap

Gobernanza responsable del territorio y derechos seguros en apoyo de la Agenda Global 2030

Se trata del tema de la Conferencia inaugural del Congreso de la FIG 2022 realizado en la ciudad de Varsovia, Polonia, y que fuera presentada por Stig Enemark. 

Para ponernos en tema y en contexto, debemos aclarar en principio que se entiende por gobernanza del territorio. Este término es una extensión o ampliación del concepto gestión del territorio (land management), que expresa una forma de gestión integral del espacio físico que adicionalmente incluye el aspecto de gobernabilidad y el de economía política.

Si bien las estructuras organizativas para la gobernanza y administración del territorio difieren ampliamente entre países y regiones de todo el mundo, y reflejan el entorno cultural, institucional e histórico propio de cada país, un punto de entrada simple y general para comprender los problemas de gobernanza del territorio es el siguiente: 

• La Gobernanza del Territorio trata sobre las políticas, los procesos y las instituciones mediante los cuales se gestiona el territorio, la propiedad inmueble y los recursos naturales que son necesarios para cumplir los objetivos políticos y sociales.
• Las Políticas Territoriales determinan los valores, objetivos y el marco legal para la gestión del principal activo de una sociedad, su territorio.
• La Gestión del Territorio se refiere a su administración integral y la de sus recursos naturales, a través de mecanismos de cooperación interinstitucional.
• La Administración del Territorio incluye las funciones básicas la tenencia de la tierra, que se ocupa de la identificación, el registro y la transferencia de derechos sobre el territorio y los recursos naturales; el valor de la tierra y las construcciones, que se ocupa de la valuación y la fiscalidad inmobiliaria; el uso del suelo, que se ocupa de la planificación y el control del uso del suelo y los recursos naturales; y el desarrollo del territorio, que se ocupa de la implementación del planeamiento urbano y rural, las infraestructuras, servicios públicos y obras de construcción.
• La Infraestructura de Datos Espaciales facilita el acceso e interoperabilidad a la información catastral y otros conjuntos de datos relacionados con el territorio.
• El Catastro proporciona la integridad espacial de cada parcela. La identificación de este objeto permite asegurar el derecho de propiedad y planificar y controlar el uso del suelo.
• La parcela es el objeto clave para identificar en el territorio el derecho de propiedad y administrar las restricciones, servidumbres y otras cargas y gravámenes que lo afectan. 

El territorio en la sociedad. Fuente: Enemark, S. (2022).

Esta jerarquía de marcos institucionales, legislación, sistemas, plataformas, servicios y datos sobre el territorio, son ilustrativos de la complejidad para organizar políticas, instituciones, procesos e información para abordar las cuestiones territoriales en cualquier sociedad. 

A continuación, ofrecemos un resumen de la disertación que, desde una perspectiva global, proporciona una comprensión general del papel de la gobernanza responsable del territorio en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030. Enfatiza la importancia de proporcionar derechos seguros sobre el territorio a escala como base para desarrollar mercados inmobiliarios eficientes, gestionar eficazmente el uso del suelo y, de manera más general, promover el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la estabilidad social. Finalmente, el presentador se refiere a los desafíos futuros en torno a la implementación de infraestructuras de gobernanza del territorio y al tratamiento de los problemas institucionales en términos de economía política, y argumenta que la FIG y la comunidad global de profesionales tienen un papel muy importante que desempeñar en tal sentido. 

Para precisar la relación entre la gobernanza del territorio y la agenda global, Enemark hace referencia en su discurso a la relación directa que existe con algunos temas centrales de los ODS. 

Por ejemplo, respecto a la seguridad de los derechos sobre el territorio (ODS 1) señala que disponer de derechos seguros permite a las personas de escasos recursos invertir en sus propiedades y medios de subsistencia sin temor a ser desalojados. Al respecto se encuentran disponibles muchos ejemplos en todo el mundo de los efectos económicos, sociales y ambientales positivos que trae mejorar la seguridad de la tenencia. Además, la capacidad de defender legalmente los derechos sobre el territorio afecta directamente el disfrute de una gran cantidad de derechos humanos.

Sobre la reducción de la pobreza (ODS 1), indica que los incentivos derivados de la seguridad de los derechos sobre el territorio son un factor clave en el alivio de la pobreza. Si bien la importancia de la tenencia para la producción agrícola y para la vivienda ha sido clara durante mucho tiempo, una investigación reciente va más allá de este reconocimiento al enfatizar la importancia de contar con derechos de propiedad seguros sobre el territorio, como condición previa para el crecimiento económico sostenible en favor de los más necesitados. 

En cuanto a la seguridad alimentaria (ODS 2), para el 2050 el mundo requerirá un aumento del 70 por ciento en la producción agrícola mundial. La buena gobernanza del territorio promueve la seguridad alimentaria a nivel familiar, regional y nacional. Especialmente para los medios de vida rurales, los derechos seguros sobre el territorio son fundamentales para el acceso al crédito y las inversiones en una producción agrícola sostenible a largo plazo. Esto permite a su vez el desarrollo de políticas y control de uso sostenible del territorio a través de las instituciones vinculadas. 

La equidad de género (ODS 5 y 10), está relacionada con la problemática del acceso a la tierra por parte de las mujeres, lo cual colisiona con los derechos humanos e impacta negativamente en los hogares y la economía. Este problema puede abordarse a través de mejoras en los marcos legales y reglamentarios para construir registros inmobiliarios inclusivos. 

Sobre la inversión y desarrollo económico (ODS 9), las instituciones de gobernanza del territorio, como el catastro y el registro inmobiliario, brindan un acceso básico al crédito y las inversiones para el desarrollo social y económico. El desarrollo urbano, las obras de construcción, las infraestructuras de transporte y energía, y una variedad de servicios públicos son dependientes de las correspondientes instituciones de gobernanza del territorio e infraestructuras de datos espaciales con cobertura en todo el país. 

Respecto a la gestión sostenible del uso del suelo y desarrollo urbano (ODS 9),  son fundamentales las regulaciones relacionadas sobre el control del uso actual y futuro del suelo, así como la planificación e implementación de esquemas de desarrollo urbano, y el manejo de la interrelación urbano-rural, todo lo cual es dependiente de una adecuada instrumentación y cooperación de instituciones de gobernanza del territorio. 

La adaptación al cambio climático (ODS 13), es otro de los temas fundamentales que se puede gestionar a través de una buena gobernanza y administración del territorio, al incluir la perspectiva de un posible cambio climático futuro y su modelización ante cualquier desastre natural. Uno de los elementos para lograr un desarrollo urbano resistente a las contingencias del cambio climático y un uso sostenible de la tierra rural, es el grado en que la gestión de riesgos se integre en dos componentes principales de la gobernanza del territorio a saber: asegurar y salvaguardar los derechos sobre el territorio, y planificar y controlar el uso del suelo.

Momento de la disertación en la que el conferencista expone sobre el vínculo entre gobernanza del territorio y los ODS. Fuente: https://youtu.be/504aF_EcXWc

La protección del medio ambiente y gestión de los recursos naturales (ODS 15), requiere de políticas y reglamentos de uso del suelo que se relacionan con una gran cantidad de sectores diferentes, como la agricultura, la silvicultura, el suministro y gestión del agua, el patrimonio cultural, las zonas costeras, etc., y permiten un control sostenible a través de procedimientos de permisos, etc. Los marcos regulatorios deben garantizar la protección ambiental de las zonas urbanas. y zonas rurales, así como la gestión sostenible de los recursos naturales. 

Respecto al tema de justicia e instituciones responsables (ODS 16), su construcción o fortalecimiento es un objetivo y desafío clave dentro del ámbito de la gobernanza del territorio, dado que esto se relaciona directamente con el ODS 16 que pide “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionando acceso a la justicia para todos y construyendo instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. 

Por otro lado, en los últimos años han aparecido algunos desarrollos conceptuales de gran significación. Los avances tecnológicos sumados al impulso de la agenda global se consideran los motores de cambio en términos de proporcionar infraestructuras de datos espaciales más integrales y consistentes. Esto incluye los desarrollos recientes de UN-GGIM, como el Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF) y el Marco para la Administración Efectiva del Territorio (FELA). Estos, junto con los recientes desarrollos basados ​​en el Modelo de Dominio de Administración del Territorio (LADM) y el enfoque de Administración de Territorio adecuada al propósito (FFPLA), proporcionan un conjunto de herramientas y orientaciones para apoyar el desarrollo de capacidades con miras a facilitar a los países en desarrollo hacer adelantos en materia de gobernanza del territorio. 

El IGIF es una guía estratégica para desarrollar y fortalecer la gestión de la información geoespacial nacional. Este marco está anclado en nueve vías estratégicas en tres áreas principales de influencia que son la gobernanza, la tecnología y las personas. El objetivo de estas vías estratégicas es orientar a los gobiernos hacia la implementación de sistemas y plataformas interoperables, de manera que brinden una visión integral del territorio para el desarrollo social, económico y ambiental sostenible. 

El FELA es una guía para desarrollar sistemas efectivos de administración del territorio. El marco está completamente alineado con el IGIF como una guía de política general. Las nueve vías estratégicas del marco IGIF están destinadas a guiar la implementación de FELA, respaldar la implementación de IGIF de manera más amplia y, en última instancia, alcanzar el desarrollo sostenible. 

El LADM es un estándar ISO para desarrollar modelos de datos y proporciona un vocabulario global estandarizado para el modelado. Como estándar internacional, puede estimular el desarrollo de aplicaciones de software y puede acelerar la implementación de sistemas de administración del territorio que respalden los objetivos de sostenibilidad. El Modelo de Dominio de Tenencia Social (STDM) se encuentra integrado en el LADM. 

La Guía FFPLA presenta el concepto, proporciona los principios fundamentales y un conjunto genérico de pautas aplicables en los países en desarrollo para construir los marcos geoespaciales, legales e institucionales básicos de sistemas inclusivos de administración del territorio. Se trata de un enfoque pragmático, realista y participativo para los países en desarrollo, capaz de proporcionar seguridad de tenencia para todos a escala nacional, en plazos de tiempo y costos razonables.

En cuanto a los desafíos clave que se tienen por delante, Enemark expresa que solo un conjunto muy pequeño de países cuentan con instituciones y legislación que protegen los derechos de las personas en el territorio y que son un sostén de las economías modernas, casos en que la seguridad de la tenencia se da por sentada. No obstante, una estimación citada con frecuencia indica que el 70 % de la población mundial está fuera de los registros formales, y que la gran mayoría de estas personas son pobres y pertenecen a grupos vulnerables de la sociedad que viven en la inseguridad y conflictos constantes por la tierra. La mayoría de los países en desarrollo están luchando por encontrar soluciones para los problemas de desarrollo que les impiden alcanzar su verdadero potencial. 

Los proyectos de administración del territorio que vienen intentando transformar esta realidad, no han producido los resultados esperados dilatando las soluciones a los referidos problemas. Por esta razón, es que se pretende abandonar los enfoques convencionales que no son efectivos, por nuevas estrategias que posibiliten brindar seguridad a los derechos sobre el territorio rápidamente, ajustándolas así a las expectativas políticas. 

Si bien estos nuevos enfoques pueden considerarse disruptivos, es necesario pensar más a largo plazo, sobre todo teniendo presente los cambios en la forma en que se produce y distribuye la riqueza dentro de la sociedad. A esto hay que sumar el cambio institucional, que necesariamente debe acompañar a las cuestiones técnicas y económicas, usualmente conocidas bajo la denominación de buenas prácticas, porque la eficacia de las intervenciones de los proyectos puede verse muy limitada por la baja calidad de las instituciones que, por si sola, tiene el peso suficiente para socavar cualquier iniciativa de cambio y los beneficios esperados para las reformas planteadas. 

Otro punto relevante de la presentación estuvo centrado en el desarrollo de capacidades. La capacidad humana, institucional y social sigue siendo fundamental para diseñar e implementar estrategias para lograr los objetivos de desarrollo. El desarrollo de capacidades, por lo tanto, debe verse en un contexto más amplio que el de proporcionar la capacidad en las organizaciones y las personas para realizar funciones de manera efectiva, eficiente y sostenible. Esto incluye el requisito de abordar las necesidades de capacidad a nivel institucional e incluso más ampliamente a nivel social. 

Debe tenerse presente la frase “no comiences lo que no puedas sostener”, la cual es particularmente relevante para implementar sistemas de administración del territorio. Es que una vez puestos en operación, estas infraestructuras deben mantenerse y actualizarse desde el primer día; de lo contrario, los esfuerzos y las inversiones en sistemas y datos se desperdiciarán fácilmente. Por lo tanto, la capacidad necesaria para administrarlos y mantenerlos debe desarrollarse desde el principio del proyecto, para garantizar una implementación eficiente y un mantenimiento y administración continuos y efectivos. 

Enemark fue enfático al afirmar que los ODS no se cumplirán si no se cuenta con una buena gobernanza del territorio y sistemas de información inclusivos. Esto aplica especialmente a los países en desarrollo, donde estos sistemas suelen ser incompletos, muy fragmentados y sirven principalmente a una élite. Se argumenta que el desarrollo de sistemas integrales que cubran todo el territorio e incluyan a todas las personas debería ser una prioridad en los países en desarrollo, en lugar de mejorar simplemente los sistemas existentes con una cobertura limitada. 

Asimismo los ODS brindan un marco en torno al cual los gobiernos pueden articular y desarrollar políticas para aliviar la pobreza y mejorar la vida de las personas. En otras palabras, los ODS constituyen un fundamento poderoso para que los países desarrollen políticas territoriales adecuadas y responsables, junto a marcos regulatorios que posibiliten la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, la equidad social y de género y la gestión sostenible de las zonas urbanas y rurales. 

La grabación de la conferencia y el texto completo del documento se encuentran disponibles en:

https://youtu.be/504aF_EcXWc; y

https://www.fig.net/resources/monthly_articles/2023/February_2023/enemark_february_2023.pdf

 

Referencias: 

Enemark, S. (2022). Land Governance. A key means of supporting the Global Sustainable Development Agenda. GeoConnexion, 21 (3), 24-25. 

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Nota biográfica 

Stig Enemark fue presidente de la FIG entre 2007 y 2010. Actualmente es presidente Honorario de dicha institución. Asimismo es Profesor Emérito en la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Tiene una Maestría en Agrimensura, Planificación y Gestión del Territorio (1966) y trabajó como Agrimensor en la actividad privada durante 12 años. Se incorporó a la Universidad de Aalborg en 1982 y se desempeñó como Director de la Escuela de Agrimensura y Planificación durante 15 años. Fue presidente y miembro honorario de la Danish Association of Chartered Surveyors. Es un reconocido experto y consultor internacional en las áreas de administración y planificación del territorio, y  temas relacionados con la educación y el desarrollo de capacidades. Ha publicado libros, informes y más de 400 artículos y documentos de conferencias, y ha realizado una variedad de consultorías en Europa del Este, Asia y África Subsahariana. 

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Norma ABNT NBR 17047 sobre Levantamiento catastral territorial para registro público

Se trata de un estándar aprobado por la Asociación Brasilera de Normas Técnicas (ABNT) sobre los levantamientos catastrales de parcelas urbanas, en los casos de prescripción adquisitiva del dominio (usucapión), subdivisión, unificación y rectificación de matrícula. Cabe destacar que la norma contiene tanto los aspectos técnicos como los legales para este tipo de tareas profesionales. 

El documento se compone de 9 partes que incluye el alcance; referencias normativas; términos y definiciones; análisis de antecedentes (ej: matrículas o transcripciones del inmueble objeto y sus linderos, planos de levantamientos anteriores, escrituras de compraventa, datos catastrales aportados por el Municipio, etc.); identificación y materialización de límites; levantamiento catastral territorial: generalidades, métodos de levantamiento, puntos de apoyo, tolerancia posicional y control de calidad de los vértices de la parcela; definición de los límites; marco de referencia geodésico y proyección cartográfica; partes técnicas: requisitos generales, contenido del plano, memoria descriptiva e informe técnico.

Cabe agregar que este estándar viene a llenar un vacío en el ámbito catastral brasileño, dado que como la competencia catastral en las áreas urbanas corresponde a los Municipios, era necesario disponer de un documento de referencia que contenga unas reglas y procedimientos normalizados y mínimos, tales como que los levantamientos catastrales deban estar vinculados al sistema geodésico brasileño, como se lo viene haciendo con los inmuebles rurales desde la sanción de la Ley 10267.

Se espera que esta norma sea un aporte para dar mayor seguridad jurídica en cuanto a la definición del objeto de derecho en certificados, documentos y actuaciones notariales en que deban identificarse las parcelas y su ubicación georreferenciada, además de posibilitar la correlación de las mismas entre los Municipios y el Registro de Inmuebles.

Fuente consultada:

Target. Normas (2023). Norma ABNT NBR 17047:2022, https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/13419/abnt-nbr17047-levantamento-cadastral-territorial-para-registro-publico-procedimento

Cumbre de Catastro y Registro de la Propiedad #CONFCAT22

El encuentro reunió por primera vez a la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP) y el Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica (CPCI), y se realizó en Cancún, México, entre los días 14 y 18 de noviembre. La cumbre fue organizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Mexicano de Catastro S.C. (INMECA); la RICRP, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el CPCI, a través de la Dirección General del Catastro de España.

Participaron del evento en forma presencial alrededor de 350 personas y tuvieron representación los siguientes países e instituciones: Argentina, Consejo Federal del Catastro (CFC); Belize, Land Departament, Ministry or Natural Resources, Petroleum and Minning; Brasil, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCRA); Chile, Servicio de Impuestos Internos (SII) y Ministerio de Bienes Nacionales; Colombia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Costa Rica, Registro Nacional; Ecuador, Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP); El Salvador, Centro Nacional de Registros (CNR); España, Dirección General del Catastro; Guatemala, Registro de Información Catastral (RIC) y Registro General de la Propiedad (RGP); Honduras, Instituto de la Propiedad (IP); Jamaica, National Land Agency (NLA); México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Panamá, Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y Registro Público de Panamá (RPP); Paraguay, Dirección General del Registro de la Propiedad (DGRP) y Servicio Nacional de Catastro (SNC); República Dominicana, Administración General del Registro Inmobiliario; y Uruguay, Dirección Nacional de Catastro (DNC) y Dirección General de Registros (DGR).

La agenda de la Cumbre tuvo como eje temático el “Catastro y Registro de la Propiedad en la Gobernanza Efectiva de la Tierra”, en la que se trataron temas relacionados con el impacto de la pandemia y la oportunidad que generó para dar mayor impulso a la transformación digital; la importancia del catastro y registro de la propiedad frente al cambio climático, como apoyo a situaciones de emergencia ex ante y ex post, y a la recuperación de las economías y sociedades en la post pandemia. Las presentaciones e intercambios se desarrollaron a lo largo de las siguientes 28 sesiones:

• Usos y aprovechamiento de los datos catastrales y registrales. Desigualdad, proyección comunitaria y legislación a nivel municipal y estatal.
• Servicios y trámites digitales de Catastro y Registro de la Propiedad.
• El catastro y registro de la propiedad en la transformación digital.
• Mirada regional al Catastro y Registro de la Propiedad.
• Catastro y Registro: Estado de derecho, gobernabilidad democrática, prevención de la corrupción y desigualdad.
• Conferencia: El desarrollo de los catastros en América Latina.
• La regularización territorial y el papel del catastro.
• Experiencias en la valuación catastral.
• El Notariado en la administración de tierras.
• Análisis y diagnósticos territoriales como herramientas para la gobernanza responsable de la tierra.
• La gobernanza y la administración de tierras: ordenamiento, acceso, seguridad jurídica - Catastro y Registro en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
• Modelo de catastro centralizado: fortalezas y debilidades.
• La aplicación del Modelo en el Domino de la Administración del Territorio (LADM) en Colombia.
• El papel del Poder Judicial en la gobernanza de la tierra en América Latina.
• Aproximación de modelos catastrales y registrales con demandas comunes.
• La importancia de la actualización de valores en el desarrollo de ciudades.
• Guías marco de Naciones Unidas para la administración del territorio y el manejo de la información geoespacial.
• Avances en las instituciones catastrales a nivel federal.
• Estado de la Profesionalización en la gestión catastral y registral.
• Observatorios y laboratorios: información catastral y de registros de la propiedad.
• La gestión catastral y registral después de la pandemia: abordajes y soluciones.
• El Usufructo en la Propiedad Social.
• Mesa redonda: Gobernanza efectiva de la tierra: Incidencia del catastro y registro de la Propiedad en cumplimiento de los ODS.
• Los diagnósticos territoriales: una herramienta geoespacial para orientar la toma de decisiones para la gobernanza y la titulación de tierras.
• Estado del arte en género y tenencia de la tierra en las Américas.
• Datos, Cambio climático y resiliencia.
• Mantenimiento de infraestructura de datos catastrales.
• Digitalización de trámites y servicios en catastro y registro de la propiedad: Presentación del estudio.

Asimismo se realizaron los correspondientes actos protocolares de apertura y clausura del evento, una conferencia inaugural realizada por el INEGI, más las correspondientes asambleas de la RICRP y del CPCI. 

Conferencia inaugural a cargo de la Directora del INEGI. Fuente: https://confcat22.inegi.org.mx/

En cuanto a las presentaciones, a continuación haremos un breve repaso sobre algunos de los temas relevantes de la Cumbre, poniendo énfasis en todas aquellas actividades y tendencias que están dando forma al futuro de los organismos catastrales y registrales en la región.

La transformación digital atravesó o fue objeto principal de varias exposiciones, desarrollos que traen consigo la necesidad de gestionar la resistencia a los cambios, evaluar con espíritu crítico todos los procesos organizacionales internos, eliminar todo lo que no agregue valor al producto o servicio, y diseñar programas de capacitación permanente para el personal. Todo ello con la finalidad de evolucionar a sitios web o plataformas interactivas y transaccionales, convirtiendo los trámites en papel a trámites digitalizados, de modo de ir abandonando el empleo del papel, la presencialidad y brindar servicios más efectivos, ágiles, económicos y acordes a las necesidades de profesionales, ciudadanos y sociedad en general.

En forma complementaria, el cómo hacer la transformación digital también fue motivo de consideraciones, particularmente enfocando en las políticas, los marcos legales y las herramientas tecnológicas necesarias, así como en las estrategias de interoperabilidad entre los organismos de la administración pública, la firma electrónica, la regulación de los datos personales y la protección de la privacidad, la forma de organizar las oficinas virtuales, la accesibilidad multicanal y la prestación de asistencia remota a los usuarios, entre otros componentes que forman parte de estas estrategias de desarrollo organizacional. Sobre esta cuestión, se ha presentado un adelanto del estudio llevado adelante por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, cuyo objetivo es desarrollar una guía para establecer unos lineamientos para la digitalización de trámites y servicios de catastro y registro, y presentar conocimiento en forma de recomendaciones con un plan de acción a seguir. La presentación de la guía está prevista para los primeros meses de 2023.

 

Se abordaron las tendencias y los cambios multi-sectoriales que darán forma a la administración del territorio en los próximos 25 años, como la rápida urbanización, el cambio climático, la pobreza, el acceso a la tierra y la vivienda y el acceso a los datos geoespaciales. El crecimiento de la población urbana significará una presión constante para crear nuevas tierras urbanizadas con servicios y unos 65 millones de nuevas viviendas serían necesarias para el 2050. El cambio climático con el incremento del nivel del mar, constituye una amenaza para 176 millones de personas que habitan en las zonas costeras de la región de América Latina y el Caribe (ALC). La demanda de nuevas tierras para la agricultura por una reducción de las áreas cultivadas por procesos de desertificación, generará presión sobre las áreas de conservación ambientalmente sensibles. En cuanto al tema tierra y pobreza, deberá atenderse todo lo relativo a los asentamientos informales e incluirlos en los registros catastrales, dado que es fundamental conocer quienes se encuentran de hecho en el terreno para integrarlos a la ciudad y la economía formal, y además evitar conflictos por la tierra. En este tema deberá prestarse especial atención a que los servicios de catastro y registro sean asequibles tanto física como digitalmente, para que generen un impacto positivo en la economía y así evitar que las personas vuelvan a caer en la informalidad, una vez que hayan pasado por programas de formalización o titulación de la tierra. Por último, para todos estos casos es sumamente relevante contar con información catastral oportuna, actualizada e integrada a otros conjuntos de datos fundamentales, a través de servicios y plataformas interoperables para su utilización en la evaluación y el diseño de políticas y proyectos de alcance territorial.

 

Fue presentado un estudio que será publicado en breve titulado Estado del arte de los catastros y registros de tierras rurales en ALC, desarrollado en el marco del proyecto Apoyo a la gobernanza de la tenencia responsable de la tierra, que integra las acciones de un Programa de Cooperación Internacional entre Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El objetivo de esta actividad fue elaborar un diagnóstico de alcance regional para actualizar el estado actual y los desafíos y recomendaciones para promover políticas, normativas e inversiones en catastro y registro que contribuyan a la recuperación económica y resiliencia de ALC. Participaron de este estudio 16 países que completaron encuestas que han permitido obtener una radiografía sobre el tema en la región. Como conclusiones generales se ha observado que los catastros se han desarrollado obedeciendo más al cumplimiento de precisiones que a su sostenibilidad y gobernanza, por lo que se considera necesario incorporar el concepto de administración del territorio adecuada al propósito para lograr la cobertura completa del territorio, y luego avanzar de manera progresiva en el mejoramiento de la calidad de los datos.

 

Fue motivo de tratamiento la política marco para la gestión del suelo (a nivel nacional, caso Mexicano), que vincula al catastro y el registro con el planeamiento urbano. Al respecto se observó que las dificultades que plantean el crecimiento de las ciudades, no pueden ser abordadas solamente desde la óptica de la regularización que es ir atrás de los problemas. Para ello hay que analizar cuales son las causas y diseñar los instrumentos acordes para lograr una ocupación del territorio más armónica y sostenible. Las ciudades vienen creciendo en tamaño unas 2,3 veces más que la población, por lo que debe hacerse frente a los procesos de pérdida de densidad en las expansiones urbanas. Esta situación genera una serie de costos adicionales para llevar los servicios básicos a las nuevas urbanizaciones, además de un incremento en los costos de transporte para las familias, costos por inseguridad y costos ambientales por ocupación de suelo que no se debería ocupar, entre otros. Para impulsar políticas de prevención de los asentamientos informales, es necesario generar oferta de suelo para las familias de escasos recursos a través de instrumentos de valorización de suelo, que permitan una redistribución de las cargas y los beneficios que se derivan del desarrollo de una ciudad.




Tuvo lugar una reseña de las actividades del CPCI, que en la última Asamblea decidió crear una Secretaría Técnica, cuyo reglamento ya ha sido aprobado y está formado por los siguientes Grupos de Trabajo (GT): Tenencia, registros de la propiedad y Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la Tierra; Valoración y Tributación; Implantación catastral; Gestión catastral; y Cooperación y desarrollo institucional. Hasta el momento se han realizado dos mesas técnicas, la primera sobre Catastro, Pandemia y estrategias de teletrabajo y la segunda sobre los programas de los 5 GT. En otro orden de cosas, para la institución el catastro representa una herramienta de vertebración territorial y cohesión social, que cada día ofrece nuevas utilidades para la gestión del territorio y la elaboración de indicadores de desarrollo sostenible. Se destacó la importancia que el Catastro debe hacerse para que entre todo, lo que tiene título y lo que no lo tiene. Lo más importante es que la cobertura sea completa, aunque pueda tener distintas calidades, para lo cual en las bases de datos deben figurar los metadatos que refieran al origen y la precisión de los datos.

 

Otro tema que recorrió varias presentaciones aunque con distintos enfoques y alcances, fue la importancia de la valuación y su actualización en el desarrollo de las ciudades. Existe una problemática que es histórica y muy común en los organismos catastrales, que tiene que ver con los incentivos (o desincentivos) de naturaleza administrativa, técnica y política, que afectan la actualización de la base gravable del impuesto sobre bienes inmuebles, lo cual genera un impacto negativo en la recaudación de ese tributo. Una política fiscal que no sigue la dinámica de la evolución de los precios del suelo y las construcciones, presenta una gran desventaja para la política fiscal que, en definitiva, impacta en menores ingresos y por consiguiente más dificultades para mejorar o desarrollar infraestructura y elevar la calidad de vida a los ciudadanos. Además hay que considerar que son varios los impuestos además del inmobiliario o predial e incluso tasas, que tienen como fuente la información catastral, por ejemplo: el impuesto sobre adquisición o transferencia de inmuebles, tasas por servicios públicos, impuestos a la construcción, impuesto a los bienes personales, contribuciones por mejoras, impuesto de plusvalía y contribuciones de desarrollo urbano, cantidad y tipo que es variable dependiendo de cada país. Sobre esos últimos dos impuestos debe observarse que siempre que exista un beneficio particular, éste debería gravarse en beneficio de la ciudad, ejemplos en tal sentido son los cambios de uso del suelo y cambios en la edificabilidad. El principal motivo por la actualidad de los valores, debería enfocar entonces en que las cargas y los beneficios estén al servicio de los principios de equidad, capacidad económica e igualdad ante la Ley y, para tal fin, es necesario mejorar el nivel y la uniformidad de la valuación catastral, que tiene el potencial de cumplir un rol fundamental para usos no solo fiscales sino además extra fiscales.

 

Se trató la vinculación de las agendas de acción climática, gestión de riesgos y administración del territorio, considerando que la información catastral y registral permite anticipar acciones frente una crisis ambiental a través de planes de mitigación o trabajar con posterioridad al suceso en planes de respuesta. Cuando dicha información se encuentra organizada, actualizada y está disponible y permite su relacionamiento con otras capas temáticas de datos geográficos y territoriales, es posible optimizar las decisiones de política pública como, por ejemplo, conocer las personas a las que hay que ofrecer ayuda, evaluar los daños y costos de las viviendas, cultivos, rutas y otras infraestructuras, definir sitios dónde se puede reasentar provisoria o definitivamente la población afectada, etc. Otro aspecto de esta vinculación se relaciona con la seguridad en la tenencia que reduce la exposición a los riesgos climáticos, creando incentivos para un mejor uso del suelo. Al respecto se tienen datos concretos que la protección de los derechos de las comunidades indígenas está evitando la deforestación en la región amazónica, dónde la FAO encontró que cuando las tierras están tituladas la deforestación se reduce en un 66 por ciento. 

 

La organización Open Data Charter expuso sobre los datos abiertos, haciendo referencia al contenido de la carta internacional que reúne los seis principios que deben utilizarse para abrir los datos y publicar la información, con el objetivo que los mismos se pongan al servicio de los derechos de la población, la mejora de las políticas públicas y la transparencia de la democracia. Se parte de la base que los datos le pertenecen a los ciudadanos, con la única restricción de acceso a los datos personales. Antes de abrir los datos se deben evaluar asuntos tales como: la licencia, la documentación o metadatos, los formatos, el propósito, los costos y beneficios y las políticas de reutilización que deben estimular el uso de los datos abiertos para proponer soluciones a problemas concretos. Los datos deben estar publicados de manera que puedan relacionarse con otros datos de su misma naturaleza, de manera que generen valor agregado para las políticas públicas y la sociedad. Asimismo es muy importante realizar el ejercicio de dimensionar la información que un gobierno tiene, lo que permite descubrir los fallos en la interoperabilidad y contar con un mapa general de datos y de información pública. 

Un asunto recurrente en todos los eventos del sector tierras que no ha quedado fuera de los temas de este evento es el mantenimiento de los datos o, dicho con otras palabras, el día a día de la administración del territorio. Dada la naturaleza altamente cambiante de los datos catastrales, hay que abandonar definitivamente la idea de la foto fija o actualización esporádica, por otra que ponga en práctica mecanismos de colaboración entre el sector público y el sector privado, y además entre distintos organismos de la misma administración y/o entre distintos niveles de gobierno (nacional, sub-nacional, local), según sea la asignación de competencias en materia catastral en cada país. Por otra parte, la posibilidad de disponer de productos de imagen como ortofotos, ortofotomosaicos o imágenes satelitales de alta resolución, cuya adquisición pueda ser compartida por aquellos organismos que tienen funciones en el territorio, es una opción que puede convertirse en una fuente muy valiosa para actualizar los datos. En definitiva, por tratarse de un tema crucial debe ser abordado como un aspecto estratégico de la gestión catastral, y ser considerado detalladamente en las leyes o disposiciones reglamentarias e instrumentos de colaboración.

Las presentaciones, fotos y videos del evento se encuentran disponibles en: https://confcat22.inegi.org.mx/

Datos geoespaciales en la década de 2020 - Poder transformador y caminos hacia la sostenibilidad

Para poner en contexto la importancia de esta publicación de la FIG, debemos recordar la tarea que fue encomendada al Comité de Expertos sobre Gestión Global de la Información Geoespacial de Naciones Unidas (UN-GGIM), cuando desarrolló los conjuntos de datos geoespaciales fundamentales para ser aplicados en la evaluación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los cuales fueron incluidos los datos catastrales, las construcciones y asentamientos.

Esta obra está enfocada a destacar la importancia e integración de los datos geoespaciales citados precedentemente, en los desafíos que tienen por delante las sociedades humanas en cuanto al cambio climático, la degradación del medio ambiente, la gestión y mitigación de riesgos, la seguridad alimentaria, el crecimiento acelerado de las áreas urbanas y las migraciones, para lo cual los gobiernos deben establecer medidas, diseñar los instrumentos e infraestructuras y plataformas, a fin de desarrollar y facilitar el acceso a datos completos, estructurados, estandarizados y actualizados del territorio. Asimismo este estudio aporta conocimiento en varias áreas dónde los datos geoespaciales y su marco de gestión, pueden hacer una diferencia importante para ofrecer un respaldo a la sostenibilidad en la década de 2020.

Los avances tecnológicos de los sistemas de observación desde el espacio, han dado un salto sin precedentes en los últimos 20 años, proporcionando informaciones sobre la superficie terrestre en varias resoluciones espaciales, espectrales y radiométricas en prácticamente tiempo real, que permiten complementar los datos de tipo vectorial, para analizar y visualizar fenómenos o eventos susceptibles de afectar los bienes y los recursos de las personas y de la sociedad como las infraestructuras.

El catastro y el mercado inmobiliario pueden verse como una condición previa y esencial y parte integral del desarrollo sostenible. No obstante, el contenido de la información, como su disponibilidad, estructura, formato, cobertura, actualidad y calidad es muy variable y heterogénea entre los distintos países y aún dentro de los mismos países cuando se trata de estados federales. Los autores del capítulo sobre el rol de los datos de administración del territorio en el sector inmobiliario, exploran esas diferencias y la brecha de efectividad entre los sistemas catastrales, llamando la atención sobre el tema de registro de los asentamientos informales y, por otro lado, abordan la eficacia de los sistemas de información catastral a través de dos casos prácticos.

En las conclusiones se hace una reflexión sobre el pensamiento creativo que hay detrás de los casos de uso, y se reúnen para ilustrar la contribución de los datos geoespaciales a la sostenibilidad, junto a los desafíos que deben superarse para realizar ese potencial. Las reflexiones se apoyan en una comprensión amplia de la naturaleza de los datos, en el que no se hace distinción entre datos e información. En la obra, los autores analizan datos con referencia espacial y no se distingue entre dato e información geoespacial, y entre éstos y otros datos como, por ejemplo, los estadísticos. Sobre este punto indican que es válido diferenciar porque los datos no tienen significado en sí mismos, mientras que la información agrega contexto e interpretación para la comprensión de los fenómenos bajo estudio y análisis.

En nuestro campo de interés, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se vienen utilizando desde hace muchos años para convertir datos en información a través de herramientas de análisis espacial. Dependiendo del modelo de datos que incluye la geometría, los atributos y relaciones con otros objetos, es posible realizar operaciones de distancia, detección de cambios, intersecciones, superposiciones, interpolaciones, simulaciones espacio-temporales, etc.. Pero para explotar los datos en todo su potencial en el abordaje de los complejos problemas de desarrollo, es necesario construir redes apostando a la cooperación y colaboración intersectorial e interdisciplinaria entre los organismos de la administración pública, la sociedad civil y las empresas.

Los resultados esperados de esa articulación de esfuerzos, deben proporcionar un marco adecuado para desarrollar estudio de casos que puedan ser utilizados como insumos para el diseño de políticas públicas. Los casos además pueden aportar evidencia sobre los conjuntos de datos que son necesarios para llevar adelante una determinada evaluación o monitoreo, y así determinar cuales son realmente necesarios y que período temporal deben cubrir y que atributos deben contener, además de proporcionar una orientación respecto a la calidad que deben tener los datos, en razón que los mismos deben ser evaluados en el contexto del propósito de la aplicación respectiva. Con esa mirada, este libro presenta ejemplos de mejores prácticas sobre como emplear adecuadamente los datos e información geoespacial en casos relevantes para una transición sostenible. Sus autores esperan que sea una ayuda para promover el uso, la generación y la circulación de datos geoespaciales que nos permita trazar un camino que nos conduzca a un futuro más sostenible.

Los contenidos de la publicación se encuentran divididos en los siguientes capítulos:

1. Datos geoespaciales y sostenibilidad. Estableciendo el marco.
2. El nexo entre la planificación del territorio y la información geoespacial.
3. La dimensión espacial de la salud.
4. Datos geoespaciales y cambios en la sociedad.
5. Participación y empoderamiento espacial.
6. El rol de los datos de administración del territorio en el sector inmobiliario.
7. Discusión y conclusiones.

La publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub78/figpub78.asp