jueves, 29 de diciembre de 2022

Cumbre de Catastro y Registro de la Propiedad #CONFCAT22

El encuentro reunió por primera vez a la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP) y el Comité Permanente del Catastro en Iberoamérica (CPCI), y se realizó en Cancún, México, entre los días 14 y 18 de noviembre. La cumbre fue organizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Mexicano de Catastro S.C. (INMECA); la RICRP, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el CPCI, a través de la Dirección General del Catastro de España.

Participaron del evento en forma presencial alrededor de 350 personas y tuvieron representación los siguientes países e instituciones: Argentina, Consejo Federal del Catastro (CFC); Belize, Land Departament, Ministry or Natural Resources, Petroleum and Minning; Brasil, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCRA); Chile, Servicio de Impuestos Internos (SII) y Ministerio de Bienes Nacionales; Colombia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); Costa Rica, Registro Nacional; Ecuador, Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP); El Salvador, Centro Nacional de Registros (CNR); España, Dirección General del Catastro; Guatemala, Registro de Información Catastral (RIC) y Registro General de la Propiedad (RGP); Honduras, Instituto de la Propiedad (IP); Jamaica, National Land Agency (NLA); México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Panamá, Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y Registro Público de Panamá (RPP); Paraguay, Dirección General del Registro de la Propiedad (DGRP) y Servicio Nacional de Catastro (SNC); República Dominicana, Administración General del Registro Inmobiliario; y Uruguay, Dirección Nacional de Catastro (DNC) y Dirección General de Registros (DGR).

La agenda de la Cumbre tuvo como eje temático el “Catastro y Registro de la Propiedad en la Gobernanza Efectiva de la Tierra”, en la que se trataron temas relacionados con el impacto de la pandemia y la oportunidad que generó para dar mayor impulso a la transformación digital; la importancia del catastro y registro de la propiedad frente al cambio climático, como apoyo a situaciones de emergencia ex ante y ex post, y a la recuperación de las economías y sociedades en la post pandemia. Las presentaciones e intercambios se desarrollaron a lo largo de las siguientes 28 sesiones:

  • Usos y aprovechamiento de los datos catastrales y registrales. Desigualdad, proyección comunitaria y legislación a nivel municipal y estatal.
  • Servicios y trámites digitales de Catastro y Registro de la Propiedad.
  • El catastro y registro de la propiedad en la transformación digital.
  • Mirada regional al Catastro y Registro de la Propiedad.
  • Catastro y Registro: Estado de derecho, gobernabilidad democrática, prevención de la corrupción y desigualdad.
  • Conferencia: El desarrollo de los catastros en América Latina.
  • La regularización territorial y el papel del catastro.
  • Experiencias en la valuación catastral.
  • El Notariado en la administración de tierras.
  • Análisis y diagnósticos territoriales como herramientas para la gobernanza responsable de la tierra.
  • La gobernanza y la administración de tierras: ordenamiento, acceso, seguridad jurídica - Catastro y Registro en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
  • Modelo de catastro centralizado: fortalezas y debilidades.
  • La aplicación del Modelo en el Domino de la Administración del Territorio (LADM) en Colombia.
  • El papel del Poder Judicial en la gobernanza de la tierra en América Latina.
  • Aproximación de modelos catastrales y registrales con demandas comunes.
  • La importancia de la actualización de valores en el desarrollo de ciudades.
  • Guías marco de Naciones Unidas para la administración del territorio y el manejo de la información geoespacial.
  • Avances en las instituciones catastrales a nivel federal.
  • Estado de la Profesionalización en la gestión catastral y registral.
  • Observatorios y laboratorios: información catastral y de registros de la propiedad.
  • La gestión catastral y registral después de la pandemia: abordajes y soluciones.
  • El Usufructo en la Propiedad Social.
  • Mesa redonda: Gobernanza efectiva de la tierra: Incidencia del catastro y registro de la Propiedad en cumplimiento de los ODS.
  • Los diagnósticos territoriales: una herramienta geoespacial para orientar la toma de decisiones para la gobernanza y la titulación de tierras.
  • Estado del arte en género y tenencia de la tierra en las Américas.
  • Datos, Cambio climático y resiliencia.
  • Mantenimiento de infraestructura de datos catastrales.
  • Digitalización de trámites y servicios en catastro y registro de la propiedad: Presentación del estudio.

Asimismo se realizaron los correspondientes actos protocolares de apertura y clausura del evento, una conferencia inaugural realizada por el INEGI, más las correspondientes asambleas de la RICRP y del CPCI

Conferencia inaugural a cargo de la Directora del INEGI. Fuente: https://confcat22.inegi.org.mx/

En cuanto a las presentaciones, a continuación haremos un breve repaso sobre algunos de los temas relevantes de la Cumbre, poniendo énfasis en todas aquellas actividades y tendencias que están dando forma al futuro de los organismos catastrales y registrales en la región.

La transformación digital atravesó o fue objeto principal de varias exposiciones, desarrollos que traen consigo la necesidad de gestionar la resistencia a los cambios, evaluar con espíritu crítico todos los procesos organizacionales internos, eliminar todo lo que no agregue valor al producto o servicio, y diseñar programas de capacitación permanente para el personal. Todo ello con la finalidad de evolucionar a sitios web o plataformas interactivas y transaccionales, convirtiendo los trámites en papel a trámites digitalizados, de modo de ir abandonando el empleo del papel, la presencialidad y brindar servicios más efectivos, ágiles, económicos y acordes a las necesidades de profesionales, ciudadanos y sociedad en general.


En forma complementaria, el cómo hacer la transformación digital también fue motivo de consideraciones, particularmente enfocando en las políticas, los marcos legales y las herramientas tecnológicas necesarias, así como en las estrategias de interoperabilidad entre los organismos de la administración pública, la firma electrónica, la regulación de los datos personales y la protección de la privacidad, la forma de organizar las oficinas virtuales,
 la accesibilidad multicanal y la prestación de asistencia remota a los usuarios, entre otros componentes que forman parte de estas estrategias de desarrollo organizacional. Sobre esta cuestión, se ha presentado un adelanto del estudio llevado adelante por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, cuyo objetivo es desarrollar una guía para establecer unos lineamientos para la digitalización de trámites y servicios de catastro y registro, y presentar conocimiento en forma de recomendaciones con un plan de acción a seguir. La presentación de la guía está prevista para los primeros meses de 2023.

 

Se abordaron las tendencias y los cambios multi-sectoriales que darán forma a la administración del territorio en los próximos 25 años, como la rápida urbanización, el cambio climático, la pobreza, el acceso a la tierra y la vivienda y el acceso a los datos geoespaciales. El crecimiento de la población urbana significará una presión constante para crear nuevas tierras urbanizadas con servicios y unos 65 millones de nuevas viviendas serían necesarias para el 2050. El cambio climático con el incremento del nivel del mar, constituye una amenaza para 176 millones de personas que habitan en las zonas costeras de la región de América Latina y el Caribe (ALC). La demanda de nuevas tierras para la agricultura por una reducción de las áreas cultivadas por procesos de desertificación, generará presión sobre las áreas de conservación ambientalmente sensibles. En cuanto al tema tierra y pobreza, deberá atenderse todo lo relativo a los asentamientos informales e incluirlos en los registros catastrales, dado que es fundamental conocer quienes se encuentran de hecho en el terreno para integrarlos a la ciudad y la economía formal, y además evitar conflictos por la tierra. En este tema deberá prestarse especial atención a que los servicios de catastro y registro sean asequibles tanto física como digitalmente, para que generen un impacto positivo en la economía y así evitar que las personas vuelvan a caer en la informalidad, una vez que hayan pasado por programas de formalización o titulación de la tierra. Por último, para todos estos casos es sumamente relevante contar con información catastral oportuna, actualizada e integrada a otros conjuntos de datos fundamentales, a través de servicios y plataformas interoperables para su utilización en la evaluación y el diseño de políticas y proyectos de alcance territorial.

 

Fue presentado un estudio que será publicado en breve titulado Estado del arte de los catastros y registros de tierras rurales en ALC, desarrollado en el marco del proyecto Apoyo a la gobernanza de la tenencia responsable de la tierra, que integra las acciones de un Programa de Cooperación Internacional entre Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El objetivo de esta actividad fue elaborar un diagnóstico de alcance regional para actualizar el estado actual y los desafíos y recomendaciones para promover políticas, normativas e inversiones en catastro y registro que contribuyan a la recuperación económica y resiliencia de ALC. Participaron de este estudio 16 países que completaron encuestas que han permitido obtener una radiografía sobre el tema en la región. Como conclusiones generales se ha observado que los catastros se han desarrollado obedeciendo más al cumplimiento de precisiones que a su sostenibilidad y gobernanza, por lo que se considera necesario incorporar el concepto de administración del territorio adecuada al propósito para lograr la cobertura completa del territorio, y luego avanzar de manera progresiva en el mejoramiento de la calidad de los datos.

 

Fue motivo de tratamiento la política marco para la gestión del suelo (a nivel nacional, caso Mexicano), que vincula al catastro y el registro con el planeamiento urbano. Al respecto se observó que las dificultades que plantean el crecimiento de las ciudades, no pueden ser abordadas solamente desde la óptica de la regularización que es ir atrás de los problemas. Para ello hay que analizar cuales son las causas y diseñar los instrumentos acordes para lograr una ocupación del territorio más armónica y sostenible. Las ciudades vienen creciendo en tamaño unas 2,3 veces más que la población, por lo que debe hacerse frente a los procesos de pérdida de densidad en las expansiones urbanas. Esta situación genera una serie de costos adicionales para llevar los servicios básicos a las nuevas urbanizaciones, además de un incremento en los costos de transporte para las familias, costos por inseguridad y costos ambientales por ocupación de suelo que no se debería ocupar, entre otros. Para impulsar políticas de prevención de los asentamientos informales, es necesario generar oferta de suelo para las familias de escasos recursos a través de instrumentos de valorización de suelo, que permitan una redistribución de las cargas y los beneficios que se derivan del desarrollo de una ciudad.


Tuvo lugar una reseña de las actividades del CPCI, que en la última Asamblea decidió crear una Secretaría Técnica, cuyo reglamento ya ha sido aprobado y está formado por los siguientes Grupos de Trabajo (GT): Tenencia, registros de la propiedad y Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la Tierra; Valoración y Tributación; Implantación catastral; Gestión catastral; y Cooperación y desarrollo institucional. Hasta el momento se han realizado dos mesas técnicas, la primera sobre Catastro, Pandemia y estrategias de teletrabajo y la segunda sobre los programas de los 5 GT. En otro orden de cosas, para la institución el catastro representa una herramienta de vertebración territorial y cohesión social, que cada día ofrece nuevas utilidades para la gestión del territorio y la elaboración de indicadores de desarrollo sostenible. Se destacó la importancia que el Catastro debe hacerse para que entre todo, lo que tiene título y lo que no lo tiene. Lo más importante es que la cobertura sea completa, aunque pueda tener distintas calidades, para lo cual en las bases de datos deben figurar los metadatos que refieran al origen y la precisión de los datos.

 

Otro tema que recorrió varias presentaciones aunque con distintos enfoques y alcances, fue la importancia de la valuación y su actualización en el desarrollo de las ciudades. Existe una problemática que es histórica y muy común en los organismos catastrales, que tiene que ver con los incentivos (o desincentivos) de naturaleza administrativa, técnica y política, que afectan la actualización de la base gravable del impuesto sobre bienes inmuebles, lo cual genera un impacto negativo en la recaudación de ese tributo. Una política fiscal que no sigue la dinámica de la evolución de los precios del suelo y las construcciones, presenta una gran desventaja para la política fiscal que, en definitiva, impacta en menores ingresos y por consiguiente más dificultades para mejorar o desarrollar infraestructura y elevar la calidad de vida a los ciudadanos. Además hay que considerar que son varios los impuestos además del inmobiliario o predial e incluso tasas, que tienen como fuente la información catastral, por ejemplo: el impuesto sobre adquisición o transferencia de inmuebles, tasas por servicios públicos, impuestos a la construcción, impuesto a los bienes personales, contribuciones por mejoras, impuesto de plusvalía y contribuciones de desarrollo urbano, cantidad y tipo que es variable dependiendo de cada país. Sobre esos últimos dos impuestos debe observarse que siempre que exista un beneficio particular, éste debería gravarse en beneficio de la ciudad, ejemplos en tal sentido son los cambios de uso del suelo y cambios en la edificabilidad. El principal motivo por la actualidad de los valores, debería enfocar entonces en que las cargas y los beneficios estén al servicio de los principios de equidad, capacidad económica e igualdad ante la Ley y, para tal fin, es necesario mejorar el nivel y la uniformidad de la valuación catastral, que tiene el potencial de cumplir un rol fundamental para usos no solo fiscales sino además extra fiscales.

 

Se trató la vinculación de las agendas de acción climática, gestión de riesgos y administración del territorio, considerando que la información catastral y registral permite anticipar acciones frente una crisis ambiental a través de planes de mitigación o trabajar con posterioridad al suceso en planes de respuesta. Cuando dicha información se encuentra organizada, actualizada y está disponible y permite su relacionamiento con otras capas temáticas de datos geográficos y territoriales, es posible optimizar las decisiones de política pública como, por ejemplo, conocer las personas a las que hay que ofrecer ayuda, evaluar los daños y costos de las viviendas, cultivos, rutas y otras infraestructuras, definir sitios dónde se puede reasentar provisoria o definitivamente la población afectada, etc. Otro aspecto de esta vinculación se relaciona con la seguridad en la tenencia que reduce la exposición a los riesgos climáticos, creando incentivos para un mejor uso del suelo. Al respecto se tienen datos concretos que la protección de los derechos de las comunidades indígenas está evitando la deforestación en la región amazónica, dónde la FAO encontró que cuando las tierras están tituladas la deforestación se reduce en un 66 por ciento. 

 

La organización Open Data Charter expuso sobre los datos abiertos, haciendo referencia al contenido de la carta internacional que reúne los seis principios que deben utilizarse para abrir los datos y publicar la información, con el objetivo que los mismos se pongan al servicio de los derechos de la población, la mejora de las políticas públicas y la transparencia de la democracia. Se parte de la base que los datos le pertenecen a los ciudadanos, con la única restricción de acceso a los datos personales. Antes de abrir los datos se deben evaluar asuntos tales como: la licencia, la documentación o metadatos, los formatos, el propósito, los costos y beneficios y las políticas de reutilización que deben estimular el uso de los datos abiertos para proponer soluciones a problemas concretos. Los datos deben estar publicados de manera que puedan relacionarse con otros datos de su misma naturaleza, de manera que generen valor agregado para las políticas públicas y la sociedad. Asimismo es muy importante realizar el ejercicio de dimensionar la información que un gobierno tiene, lo que permite descubrir los fallos en la interoperabilidad y contar con un mapa general de datos y de información pública. 

Un asunto recurrente en todos los eventos del sector tierras que no ha quedado fuera de los temas de este evento es el mantenimiento de los datos o, dicho con otras palabras, el día a día de la administración del territorio. Dada la naturaleza altamente cambiante de los datos catastrales, hay que abandonar definitivamente la idea de la foto fija o actualización esporádica, por otra que ponga en práctica mecanismos de colaboración entre el sector público y el sector privado, y además entre distintos organismos de la misma administración y/o entre distintos niveles de gobierno (nacional, sub-nacional, local), según sea la asignación de competencias en materia catastral en cada país. Por otra parte, la posibilidad de disponer de productos de imagen como ortofotos, ortofotomosaicos o imágenes satelitales de alta resolución, cuya adquisición pueda ser compartida por aquellos organismos que tienen funciones en el territorio, es una opción que puede convertirse en una fuente muy valiosa para actualizar los datos. En definitiva, por tratarse de un tema crucial debe ser abordado como un aspecto estratégico de la gestión catastral, y ser considerado detalladamente en las leyes o disposiciones reglamentarias e instrumentos de colaboración.

Las presentaciones, fotos y videos del evento se encuentran disponibles en: https://confcat22.inegi.org.mx/

lunes, 12 de diciembre de 2022

Datos geoespaciales en la década de 2020 - Poder transformador y caminos hacia la sostenibilidad

Para poner en contexto la importancia de esta publicación de la FIG, debemos recordar la tarea que fue encomendada al Comité de Expertos sobre Gestión Global de la Información Geoespacial de Naciones Unidas (UN-GGIM), cuando desarrolló los conjuntos de datos geoespaciales fundamentales para ser aplicados en la evaluación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los cuales fueron incluidos los datos catastrales, las construcciones y asentamientos.

Esta obra está enfocada a destacar la importancia e integración de los datos geoespaciales citados precedentemente, en los desafíos que tienen por delante las sociedades humanas en cuanto al cambio climático, la degradación del medio ambiente, la gestión y mitigación de riesgos, la seguridad alimentaria, el crecimiento acelerado de las áreas urbanas y las migraciones, para lo cual los gobiernos deben establecer medidas, diseñar los instrumentos e infraestructuras y plataformas, a fin de desarrollar y facilitar el acceso a datos completos, estructurados, estandarizados y actualizados del territorio. Asimismo este estudio aporta conocimiento en varias áreas dónde los datos geoespaciales y su marco de gestión, pueden hacer una diferencia importante para ofrecer un respaldo a la sostenibilidad en la década de 2020.

Los avances tecnológicos de los sistemas de observación desde el espacio, han dado un salto sin precedentes en los últimos 20 años, proporcionando informaciones sobre la superficie terrestre en varias resoluciones espaciales, espectrales y radiométricas en prácticamente tiempo real, que permiten complementar los datos de tipo vectorial, para analizar y visualizar fenómenos o eventos susceptibles de afectar los bienes y los recursos de las personas y de la sociedad como las infraestructuras.

El catastro y el mercado inmobiliario pueden verse como una condición previa y esencial y parte integral del desarrollo sostenible. No obstante, el contenido de la información, como su disponibilidad, estructura, formato, cobertura, actualidad y calidad es muy variable y heterogénea entre los distintos países y aún dentro de los mismos países cuando se trata de estados federales. Los autores del capítulo sobre el rol de los datos de administración del territorio en el sector inmobiliario, exploran esas diferencias y la brecha de efectividad entre los sistemas catastrales, llamando la atención sobre el tema de registro de los asentamientos informales y, por otro lado, abordan la eficacia de los sistemas de información catastral a través de dos casos prácticos.


En las conclusiones se hace una reflexión sobre el pensamiento creativo que hay detrás de los casos de uso, y se reúnen para ilustrar la contribución de los datos geoespaciales a la sostenibilidad, junto a los desafíos que deben superarse para realizar ese potencial. Las reflexiones se apoyan en una comprensión amplia de la naturaleza de los datos, en el que no se hace distinción entre datos e información. En la obra, los autores analizan datos con referencia espacial y no se distingue entre dato e información geoespacial, y entre éstos y otros datos como, por ejemplo, los estadísticos. Sobre este punto indican que es válido diferenciar porque los datos no tienen significado en sí mismos, mientras que la información agrega contexto e interpretación para la comprensión de los fenómenos bajo estudio y análisis.

En nuestro campo de interés, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se vienen utilizando desde hace muchos años para convertir datos en información a través de herramientas de análisis espacial. Dependiendo del modelo de datos que incluye la geometría, los atributos y relaciones con otros objetos, es posible realizar operaciones de distancia, detección de cambios, intersecciones, superposiciones, interpolaciones, simulaciones espacio-temporales, etc.. Pero para explotar los datos en todo su potencial en el abordaje de los complejos problemas de desarrollo, es necesario construir redes apostando a la cooperación y colaboración intersectorial e interdisciplinaria entre los organismos de la administración pública, la sociedad civil y las empresas.

Los resultados esperados de esa articulación de esfuerzos, deben proporcionar un marco adecuado para desarrollar estudio de casos que puedan ser utilizados como insumos para el diseño de políticas públicas. Los casos además pueden aportar evidencia sobre los conjuntos de datos que son necesarios para llevar adelante una determinada evaluación o monitoreo, y así determinar cuales son realmente necesarios y que período temporal deben cubrir y que atributos deben contener, además de proporcionar una orientación respecto a la calidad que deben tener los datos, en razón que los mismos deben ser evaluados en el contexto del propósito de la aplicación respectiva. Con esa mirada, este libro presenta ejemplos de mejores prácticas sobre como emplear adecuadamente los datos e información geoespacial en casos relevantes para una transición sostenible. Sus autores esperan que sea una ayuda para promover el uso, la generación y la circulación de datos geoespaciales que nos permita trazar un camino que nos conduzca a un futuro más sostenible.

Los contenidos de la publicación se encuentran divididos en los siguientes capítulos:

  1. Datos geoespaciales y sostenibilidad. Estableciendo el marco.
  2. El nexo entre la planificación del territorio y la información geoespacial.
  3. La dimensión espacial de la salud.
  4. Datos geoespaciales y cambios en la sociedad.
  5. Participación y empoderamiento espacial.
  6. El rol de los datos de administración del territorio en el sector inmobiliario.
  7. Discusión y conclusiones.

La publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub78/figpub78.asp

lunes, 28 de noviembre de 2022

Origen de las instituciones catastrales en Argentina – Segunda parte

La producción cartográfica a través de los registros gráficos 

El papel de las instrucciones para Agrimensores y su perfeccionamiento en el tiempo, contribuyó a homogeneizar las técnicas de levantamiento y el contenido de los planos de mensura y con ello a facilitar la generación de la cartografía catastral a partir de los documentos registrados en el archivo del DT. Para la época fue una idea excepcional, porque la base cartográfica se fue construyendo como un gran rompecabezas que dio lugar al gran mosaico de la propiedad territorial. 

Esta tarea consistió en ubicar cada parcela con los datos contextuales provistos en cada plano, de manera que cada una conservara las relaciones topológicas con sus vecinas, sin generar superposición con ninguna propiedad lindera. Para ello fueron claves las instrucciones, que permitieron desarrollar información parcelaria homogénea a escala grande cubriendo pequeñas porciones de territorio, y luego transferirlas a escalas más pequeñas para ir cubriendo gradualmente toda el área de territorio provincial. Claro que mucha información generada entre los años 1780 y 1815, sea en forma de plano de mensura o título de propiedad, no fue posible ubicar y por tanto incluir en el registro gráfico, dada la carencia de suficientes elementos técnicos de ubicación, descriptivos y gráficos.   

Tal como habíamos señalado, el catastro se formó por la puesta en común de esos planos individuales sumado a la encomiable labor profesional del DT, que compiló y articuló toda esa información territorial a través de prácticas administrativas y métodos de trabajo, que fueron perfeccionando a medida que se fueron sucediendo nuevas ediciones del registro gráfico. De esa manera, el DT pudo obtener y presentar en sociedad un producto emblemático y de síntesis de sus labores diarias como lo fue el registro gráfico, constituyéndose por tal logro en la primera institución de referencia en materia cartográfica del país. 

En este sentido, se debe tener presente que las mensuras no solo mostraron a escala de detalle la geometría de las parcelas, sino que además sacaron a la luz los accidentes topográficos más relevantes y la agregación de la toponimia, que comenzó a ser exigida en las instrucciones de 1839. Estas indicaban que todos los objetos topográficos del terreno medido, especialmente los ríos, arroyos, cañadas, y lagunas permanentes, deben ser nombradas en el plano, y que cuando alguno de estos objetos no tenga nombre propio en el lugar, el Agrimensor lo nombrará en sus diligencias. 

Los registros gráficos están disponibles para los años 1830, 1833, 1853, 1855, 1857, 1864 y 1890. De estos solo se encuentran completamente legibles los de 1830, 1833 y 1864, por estar en parte degradado físicamente el papel (Gautreau, P.; Boulier, J. & Cuénot, J. F., 2011). Para apreciar en detalle la magnitud de esta obra, el profesionalismo con el que fue realizado y su inmenso valor histórico, el sitio web David Rumsey Map Collection, pone a disposición el primer mapa catastral del interior Bonaerense, que fuera re-creado y re-editado por el cartógrafo londinense John Arrowsmith, tomando como referencia los registros gráficos de 1830 y 1833 elaborados por el DT.

Mapa de la Provincia de Buenos Aires (catastral y topográfico), año 1836. Fuente: David Rumsey Historical Map Collection

Este mapa es uno de los más importantes en la historia del país y, como puede verse, en él se representan las estancias creadas en la primera ola de desarrollo agrario de la región pampeana, que generó el nacimiento del comercio agroexportador y el inicio de un dilatado período de crecimiento de la economía Argentina. En forma complementaria, el registro gráfico catastral contiene los cursos y cuerpos de agua, algunos accidentes orográficos (como la sierra de Tandil) y la traza de los caminos y rastrilladas indígenas existentes. 

Según las notas publicadas sobre el mapa en el sitio de David Rumsey por Alexander Johnson, este producto cartográfico fue durante casi 30 años la fuente autorizada para consulta de uno de los mercados inmobiliarios más calientes del mundo, consultado por inversores y altos diplomáticos y políticos a ambos lados del Atlántico. Paralelamente, esta fuente de información territorial conformó la base para dar apoyo a la estructura parcelaria sobre la cual era necesario intervenir, a efectos de crear y mejorar la infraestructura -principalmente caminos y ferrocarriles- para facilitar el transporte de los productos agropecuarios al mercado. 

En la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano puede accederse al registro gráfico de las propiedades rurales del año 1864 construido a escala 1:367.650, esta vez en una versión original elaborada por el DT, y en la que puede visualizarse el notorio avance del proceso de ocupación del territorio comparado con su similar de 1830. Nótese que el sur está dispuesto hacia arriba, dado que como los cartógrafos eran generalmente de origen español, y el norte era dibujado hacia arriba en el hemisferio boreal, al llegar al país continuaron con la tradición de realizar los mapas orientando su parte superior al polo más próximo.


Extracto del registro gráfico de 1864. Fuente: Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano

Comparando los registros gráficos de 1830 con el de 1864, se puede observar una mayor densidad de información, originada en parte por un notorio incremento de la subdivisión de parcelas, y por la inclusión de informaciones adicionales como las nuevas líneas férreas, nuevos caminos, ejidos de los pueblos y la incorporación por primera vez de las divisiones político-administrativas de la provincia de Buenos Aires. 

La última edición del registro de inmuebles rurales de 1890, que puede consultarse en el catálogo de archivos digitales de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (solo el mapa general), supuso la obra cartográfica culminante del DT, por ese entonces convertida en el Departamento de Ingenieros (DI) dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Este mapa contenía la cobertura catastral completa dentro de los límites provinciales, recientemente determinados luego de un largo período de inestabilidad política.   

Además de incluir una abundante cantidad de topónimos, trajo como novedades la inclusión de una hoja por cada partido, a efectos de poder visualizar con más detalle la división parcelaria dentro de los mismos, y la anotación dentro de cada parcela del número de expediente o archivo de mensura que le dio origen, lo cual facilitaba enormemente el manejo de un mapa con una voluminosa cantidad de información, posibilitando de esta manera ir de una ubicación general en la provincia, a una más particular dentro del partido correspondiente, y de allí con la referencia del plano consultar las medidas y superficie de cada parcela. 

Sucintamente hemos repasado los principios del desarrollo y la evolución de la cartografía catastral en la provincia de Buenos Aires, y visto como a través de las distintas versiones del registro gráfico se generó un recurso que fue indispensable para el ordenamiento y administración del territorio y gestión del mercado inmobiliario. 


Vaivenes institucionales 

Sobre este asunto merece una mención la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder en 1829, que produjo un paulatino deterioro y declinación en las actividades del DT, por motivos políticos relacionados con el manejo arbitrario y discrecional de la tierra pública, que duró desde 1834 hasta 1852. 

En realidad, Rosas utilizó el conocimiento reunido por el DT en los primeros años de su gobierno -basta recordar los registros gráficos de 1830, 1833 y el mapa de John Arrowsmith de 1836-, para conocer la tierra pública que disponía la provincia, y establecer nuevas poblaciones y fortines para la consolidar el avance de la frontera sobre tierras indígenas, aunque no tuvo el menor interés que esa institución tuviera intervención independiente en el control de un recurso tan importante para su política, como era el reparto de tierras (Gautreau, P.; Garavaglia, J.C., 2011). 

Luego de la caída de Rosas en la batalla de Caseros en 1852, el DT reanudó su crecimiento bajo el efecto de una creciente reorganización del Estado y sus instituciones, por lo cual sus actividades se incrementaron notablemente recién a partir de 1857, dentro de una situación en que mucha tierra fue entregada sin documentación, por lo que fue preciso examinar las situaciones encontradas para regularizar la tenencia de los ocupantes. 

Además en ese momento se produjo un cambio significativo en materia de derechos patrimoniales, ya que el contrato enfitéutico dejó prácticamente de aplicarse en 1840, en virtud que Rosas pretendía ponerle fin y entregar la tierra en propiedad. Aunque la aplicación de la enfiteusis sobrevivió por algunos años más, fue prohibida definitivamente con la puesta en vigencia del Código Civil de 1869 que entró en vigor en 1871. 

 

Cambios institucionales 

Desde su creación y con diferentes nombres, el DT pasó de ser un organismo central y fundante de la construcción del Estado, con un perfil notablemente autónomo y con múltiples funciones, a ser una repartición ubicada dentro del contexto de una estructura institucional de mayor tamaño como el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (MOPBA), con un carácter mucho más dependiente de la estructura jerárquica tradicional de la administración pública, y funciones más circunscriptas al ámbito de su especialidad. 

Dentro de los principales cambios institucionales se pueden distinguir los siguientes tres períodos: la CT que funcionó entre 1824 y 1826, el DT entre 1826 y 1875 y el Departamento de Ingenieros (DI) entre 1875 y 1913.  En la primera parte, ya nos referimos  a la CT y el DT, ampliando sobre éste último que tuvo más funciones que la Comisión, por ejemplo, en tareas tales como las vinculadas a la producción de información estadística y algunas obras públicas, como la delineación de calles y caminos. 

La creación del DI respondió a la necesidad de reagrupar y reordenar las funciones de varios organismos, entre ellos el DT que se encontraba sobrecargado de trabajo por la diversidad de funciones que tenía asignadas. El nuevo diseño institucional respondió a la necesidad de asignar mandatos a cada división por su estricta competencia, así un primer organigrama incluyó las siguientes cuatro divisiones: Catastro, Geodesia, Obras Públicas y Puentes y Caminos. 

Posteriormente, ya dentro de la esfera del MOPBA, en la Sección de Obras Públicas se agruparon las áreas Vías Ferroviarias, Puentes y Caminos, Hidráulica y Arquitectura, en tanto que la Sección de Geodesia incluyó la Dirección General de Tierras y Geodesia. Si la política gubernamental produjo estos cambios, lo fue siguiendo la lógica de separar las funciones de gestión de la información catastral y territorial, respecto a la administración del equipamiento e infraestructura.


 Los Departamentos Topográficos en las Provincias 

Sin la pretensión de ser exhaustivo, cada jurisdicción siguiendo el modelo instaurado en la provincia de Buenos Aires fue creando su propio DT. Hablamos de modelo en el sentido que fue la fuente inspiradora que orientó tanto los marcos legales y su reglamentación, como su estructura funcional. 

La provincia de Entre Ríos lo crea inicialmente en 1824, a efectos de “hacer la mensura y arreglo de los campos de la provincia …(y)…asegurar a todos sus derechos y propiedades” (citado en Recalde J.M., 1999). No obstante, el DT entrerriano recién aparece en la agenda política del gobierno provincial en 1849 y en 1871 se sanciona un segundo reglamento que modificó su forma de actuación, ya en una época de estabilidad política e institucional (Mazzitelli Mastricchio, M., 2018). 

Por decreto del 13 de julio de 1828 en la provincia de Corrientes se ordena …”concretar los límites de los terrenos…describir las características del fundo…y promover la citación de poseedores y linderos a los fines pertinentes”  (citado en Recalde, J.M., 1999). 

En la provincia de Mendoza en 1853 un decreto creó la Comisión Topográfica y de Estadística (Molina, E., 2019) que reguló desde los aspectos relativos a la presentación de planos de mensura en tierras públicas y deslindes judiciales, hasta el ejercicio de Agrimensores y la dirección de obras públicas. 

En la provincia de Córdoba, bajo el impulso del proyecto del ramal ferroviario que la conectaría con la ciudad de Rosario y el río Paraná, surge la necesidad de crear un cuerpo de funcionarios con atribuciones en mensuras y levantamientos catastrales. De manera que en 1862 a partir de una Ley sobre Tierras, se formó una Comisión de Agrimensores que, más tarde fue origen del DT de esa provincia (Maizón, A. S., 2013). 

En Santa Fe en 1862 se crea la Oficina de Topografía y Estadística que, en 1863 se convierte en DT, teniendo entre sus objetivos confeccionar el plano de la provincia. Al respecto el Gobernador Nicasio Oroño en 1865 en su mensaje a la Legislatura sostenía: 

 

Con respecto a la enajenación de las tierras públicas, aunque se basan en lo sucesivo sobre las diligencias de mensura y amojonamiento, y con los planos topográficos de las suertes que han de venderse, sería mucho más conveniente que estos antecedentes tuviesen referencia a un plano general de la Provincia. Es incalculable el buen servicio que este plano prestaría así para las cuestiones de límites entre predios rurales, que son fatigantes por su número y complicaciones, como para la administración de las tierras baldías, y para el cálculo de las contribuciones fiscales.”  Citado en Dácola S., et. al., 2008.

 

 

La Oficina de Tierras y Colonias en los Territorios Nacionales 

Por otro lado, el proceso histórico de ordenamiento y definición de los límites jurisdiccionales sub-nacionales tuvo su origen en la Constitución Nacional (CN) de 1853 y su reforma de 1860, y la ley n° 28 de 1862 que estableció que todos los territorios existentes ubicados fuera de los límites o posesiones de las provincias son nacionales, en consonancia con lo establecido en el art. 67 inciso 14 de la citada CN. 

Posteriormente en 1884 se sanciona la ley n° 1532 de Territorios Nacionales, que dividió al mismo en las siguientes nueve gobernaciones: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y Chaco. En 1900 fue creada una nueva unidad política llamada territorio de Los Andes, que en el año 1943 fue disuelta, siendo distribuido su territorio entre las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta (Wikipedia, 2022). 

Como parte de ese proceso, se creó una Oficina de Tierras y Colonias (OTC) dependiente del Ministerio del Interior a través de la ley n° 817 de 1876, que tuvo como atribución general el manejo de la tierra pública en los territorios nacionales, dentro del contexto de una política más amplia de inmigración y colonización. Al respecto el autor de dicha ley, Nicolás Avellaneda, en el siguiente fragmento de su libro “Estudio sobre las Leyes de Tierras Públicas”, resume una de las principales preocupaciones del que por entonces fue su gobierno: 

 

La tierra es un agente de producción. Empero, para que la producción se verifique, es necesario que concurran igualmente á la obra el trabajo y el capital. Sóbranos tierras – fáltanos trabajo y capital. ¿Qué debemos entonces hacer, para que el capital y el trabajo, elementos que hemos de importar de afuera, vengan á explotar estas tierras que hoy sólo constituyen vastos é inexplorados desiertos? Hé ahí la cuestión, tal como se presenta para todos los pueblos como el nuestro….”  Avellaneda, N., 1865.

 

La ley N° 817 también dispuso la forma de división del territorio y la mensura y subdivisión de las tierras que resultaren más adecuadas para la colonización. Uno de los problemas claves que contribuyó a resolver fue la de acelerar el tiempo para logar un efectivo control del territorio apoyado en un barrido cuadriculado en zonas dominadas por tribus indígenas. Su punto más débil fue que el sistema de división fue muy rígido geométricamente, lo cual dificultó un acceso equilibrado a los recursos naturales del suelo. 

Al decir de Pedro Ezcurra (1911) en una legua (cuadrada = 2500 hectáreas) de campo no era posible hacer nada que representara un progreso, dado que el suelo en grandes extensiones del Chaco, La Pampa o la Patagonia, era de muy baja calidad para la ganadería como para la agricultura, explotaciones que en muchos casos no disponían de acceso a una buena calidad de agua ni infraestructura de ningún tipo, lo cual hizo imposible la radicación de colonos y contribuyó al fracaso de muchos proyectos de colonización.

Mapa catastral del Territorio de La Pampa, dividido conforme a la ley n° 817. Escala original 1:500.000. Fuente: Ezcurra P., 1911.

Un serio problema que atravesó la OTC desde el punto de vista del gobierno de la institución, fue su errática ubicación administrativa, ya que fue pasando del Ministerio del Interior a Hacienda, luego a Relaciones Exteriores y luego a Justicia, Culto e Instrucción Pública, hasta terminar en el Ministerio de Agricultura en 1898. Este recorrido trajo aparejado un vaciamiento de recursos humanos y económicos y cierto descontrol en los procesos administrativos de adjudicación e inspección de la tierra pública. 

Dentro de ese nuevo Ministerio, se concretó un reordenamiento de la OTC que pasó a denominarse División de Tierras y Colonias, y en 1907 fue convertida a Dirección General de Tierras (DGT). Sus funciones originales se redujeron a la adjudicación de tierras fiscales, la gestión documental y el registro de planos, la recaudación de contribuciones inmobiliarias y la tramitación de títulos de propiedad. Además su estructura se desconcentró a través de oficinas ubicadas en siete Territorios Nacionales, a fin de lograr mayor presencia en el terreno y una fiscalización más eficiente. 

Algunos momentos importantes de la DGT fueron cuando en 1903 siendo una oficina de menor rango, se sancionó la ley n°4167, conocida como ley de tierras, que derogó parcialmente la ley N° 817 en la parte correspondiente a la colonización; posteriormente durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 – primer mandato), se realizó un rescate de la tierra que fuera entregada en forma irregular y/o que no hubiere cumplido con los requisitos establecidos en la legislación, se incrementó la exploración, la inspección y el control de las tierras vacantes y se evaluó la situación legal de los pobladores. Por último, cuando la ley n° 12636 crea el Consejo Agrario Nacional en 1940, sus autoridades pretendieron absorber a la DGT, hecho que no pudo concretarse por una reconfiguración de la estructura del Estado que la mantuvo en la misma situación administrativa y funcional. Ya durante el gobierno de Juan Perón (1946-1955) y entre los años 1951 y 1955, se convirtieron en provincias todos los Territorios Nacionales, menos el de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que recién lo hizo en 1990. A partir de este momento, la administración del territorio pasó a corresponder a cada jurisdicción sub-nacional. 

 

A modo de cierre 

Para finalizar, podemos decir que los DT Provinciales fueron los pilares que aportando saberes, prácticas y conocimiento contribuyeron al nacimiento y desarrollo de los Catastros jurisdiccionales. El modelo utilizado por el DT de Buenos Aires se proyectó a casi todas las provincias existentes por aquel entonces. Un camino distinto fue el que recorrió el Estado Nacional que, no obstante haber tenido en la DGT una repartición que estuvo en varias ocasiones en el centro de disputas y conflictos políticos ligados al problema de la distribución de la tierra pública, logró consolidar un acervo documental de referencia en sus más de 70 años de labor, que sirvió como punto de partida para la organización de cada uno de los Catastros provinciales en los ex Territorios Nacionales. Sin embargo, todos ellos han sido herederos de experiencias que han contribuido a un ejercicio regular y pacífico de los derechos sobre el territorio, y al ordenamiento geoespacial y social consecuente que se fue construyendo desde la época del primer gobierno patrio.


Bibliografía consultada y referencias: 

Avellaneda, Nicolás (1865). Estudio sobre Leyes de Tierras Públicas. Librería La Facultad, Buenos Aires, 1915. 

Dácola, Silvia; Geremía, Carlos; Payró, Pablo & Puig, Mónica (2008). Una bota en el desierto Santa Fe, 1887. En Revista Registros, año 5, nro. 5, pp. 75-86, ISSN 1668-1576. 

D´Agostino, V. (2014). Expansión estatal, política de tierras y desarrollo de la repartición topográfica en Buenos Aires, siglo XIX. Población & Sociedad, ISSN-L 0328 3445, Vol. 21, N° 2, pp. 15-48, https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/2854/2757 

Ezcurra, Pedro (1911). Al País….Exposición documentada relativa a la investigación de Tierras y Colonias. Imprenta Henrich, Barcelona. 

Gaignard, R. (1989). La Pampa Argentina. Ocupación, poblamiento, explotación. De la conquista a la crisis mundial (1550-1930). Ediciones Solar. 

Gautreau, P.; Garavaglia, J.C. (2011). Inventando un nuevo saber estatal sobre el territorio: la definición de prácticas, comportamientos y agentes en las instituciones topográficas de Buenos Aires, 1824-1964. En Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina, siglos XVIII-XIX, págs.63 a 96, Prohistoria Ediciones. 

Información Legislativa y Documental (InfoLeg) (2022). Constitución de la Nación Argentina de 1853, http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=3873 

Maizón, Ana Sofía (2013). Construyendo el territorio: contexto institucional, prácticas y dinámicas de la Agrimensura en la Provincia de Córdoba, Argentina. Fines del siglo XIX. En Revista Brasileira de História da Ciencia, Vol. 6 - No. 1, https://rbhciencia.emnuvens.com.br/revista/article/view/239 

Mazzitelli Mastricchio, Malena (2018). Los “Jueces de la Medida”, el rol de los agrimensores entrerrianos en el Departamento Topográfico de Entre Ríos (1849-1871). En Revista Brasileira de História da Ciencia, Vol.11 - No. 1, https://rbhciencia.emnuvens.com.br/revista/article/view/72 

Molina, Eugenia (2019). Agrimensores, gobierno y derechos en prácticas institucionales de ordenamiento territorial. Jurisdicción de Mendoza, 1850-1860. En Revista Historia y Justicia 13 / 2019, https://journals.openedition.org/rhj/2628 

Recalde, José M. (1999). Evolución de la función social de la Agrimensura en el Río de la Plata. Aportes para una historia de la Agrimensura. Biblioteca del Agrimensor. Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires. 

Wikipedia (2022). Territorio nacional (Argentina), https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_nacional_(Argentina)

jueves, 20 de octubre de 2022

Origen de las instituciones catastrales en Argentina - Primera parte

Introducción 

El conocimiento del territorio fue una necesidad imperiosa para administrar y controlar el espacio y los recursos de los Estados. Dichas acciones que han contribuido decisivamente en la construcción misma de las Naciones modernas, necesitaron instituciones y personas capaces de cumplir cabalmente con la tarea de administrar el suelo patrio. 

A continuación haremos un breve recorrido por la huella histórica que ha dejado la administración topográfica -antecedente directo de los catastros provinciales-, que ha sido un instrumento que contribuyó a consolidar la nación independiente. Así su poder se desplegó en ordenar el territorio y la propiedad, atendiendo por una parte a cuestiones que marcaron la disponibilidad de recursos económicos del país y, por otra parte, al proceso de colonización que se apoyó en la disponibilidad de tierras como el atractivo más importante para atraer inmigrantes. 

 

Ley de Enfiteusis (*) 

Después de formado el Primer Gobierno Patrio en Mayo de 1810, proceso que culminó en la Declaración de la Independencia el 9 de Julio de 1816 y hasta culminar el siglo XIX, la tierra fue prácticamente el único recurso que dispuso el Estado para su desarrollo, organización y funcionamiento. En ese mismo sentido, en un estudio sobre la ocupación y poblamiento de la Pampa Argentina, su autor señaló que la única moneda de cambio de la clase dirigente, su única riqueza, es el espacio (Gaignard, R., 1989). 

Es así que durante la época de Bernardino Rivadavia, a través de la Ley del 3 de noviembre de 1821, estableció la creación de un sistema de crédito público cuya deuda quedaba garantizada -entre otros recursos- por todas las propiedades inmuebles de la Provincia de Buenos Aires. Un decreto posterior del 17 de abril de 1822 prohibió expresamente la venta de tierra y la entrega de títulos de propiedad, hasta tanto se sancionara una ley respecto a este tema. 

Finalmente, con la Ley del 18 de mayo de 1826 se establece que las tierras de propiedad pública, se darán en enfiteusis durante el término, cuando menos, de 20 años; y que en los primeros diez años, los enfiteutas pagarán al tesoro un canon de arrendamiento en función del valor de las tierras, cuyo porcentaje fue diferenciado según se trate de tierras de pastoreo o “de pan llevar”. Este instrumento legal tuvo como finalidad garantizar un empréstito tomado con la banca británica, siendo la enfiteusis una solución que posibilitó al Estado extraer rentas del suelo sin desprenderse de la propiedad. 

Vemos como en los primeros veinte años de vida independiente, se comenzaron a tomar decisiones fundamentales que dieron forma a las primeras las primeras leyes de tierras públicas que posibilitaron la toma de posesión del suelo pampeano. Esta situación creó la necesidad en los gobernantes de comenzar a delinear las primeras instituciones para administrar la información del territorio, y en 1823 se crea un registro de tierras a cargo del Ministerio de Gobierno que, al año siguiente, por decreto del 9 de abril de 1924, designa a una Comisión Técnica para establecer un método para mensurar las tierras y las reglas para el establecimiento y la conservación de mojones. 

Entre los considerandos utilizados por el decreto que instaura dicha Comisión se mencionaba que: 

 

Entre los ramos de mayor influencia á la prosperidad de este país, que demandan un arreglo especial prevalece, ciertamente el deslinde de la propiedad territorial la destribucion de las tierras, y el conservar la demarcación de ellas con una notoriedad y exactitud, que poniendo fin a los litijios que arruinan tantas familias, y tantos obstáculos oponen al progreso de la agricultura y población, den á una y á otra las seguridades porque claman para un aumento y mejora sin término. Mas este arreglo ha exijido adquirir conocimientos practicos, y ilustrar la opinion, cortar gradualmente muchos abusos, debilitar otros, establecer oportunamente reglas é instituciones conducentes proveer á la observancia de estas, y hacerse en suma, de los recursos y de la oportunidad de dar una existencia real, y permanente al buen órden de la propiedad territorial, base de todas las demás.” Citado en D’Agostino, V., 2014.

 

Estos argumentos dejaron en claro cuál fue la intención de los gobernantes de la época respecto a la función a cumplir por el registro de mensuras e incipiente catastro, que fue la de asegurar los procedimientos para establecer correctamente los límites de los inmuebles urbanos y rurales, como una forma de garantizar la propiedad, la paz social y con ello contribuir al progreso del país.


La Comisión Topográfica 

Este proceso concluye con el Decreto fechado el 25 de setiembre de 1824, que crea la Comisión Topográfica (CT) durante el mandato del gobernador Juan Gregorio de Las Heras. Esta organización tuvo entre sus funciones más importantes la reunir los datos para la formación del plano topográfico de la provincia, aprobar todo plano de mensura que se practique en lo sucesivo en terrenos de particulares o del Estado, controlar la idoneidad para ejercer las funciones de agrimensor público, expedir instrucciones para el mejor desempeño de los agrimensores, y llevar un registro escrito y otro registro geométrico de las mensuras, siendo de su especial cuidado el comparar por medio de la reunión de planos la correspondencia de unos con otros. Esta última previsión, como veremos en la segunda parte de este artículo, fue de mucha importancia en la ejecución de los registros gráficos o mapas catastrales. 

En cuanto a los profesionales designados para llevar adelante los destinos de la CT fueron: Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino e iniciador de la publicación del Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires; Felipe Senillosa, quien al crearse la  Universidad de Buenos Aires en 1821 fue designado prefecto del Departamento de Matemáticas (Recalde, J. M., 1999); y Avelino Diaz que en ese mismo año obtuvo por concurso la cátedra de ciencias fisco-matemáticas en el Departamento de Estudios Preparatorios de la misma Universidad (Revisionistas, 2022). 

Un dato relevante de Felipe Senillosa respecto a su función como directivo, fue que en 1835 publicó una Memoria sobre los Pesos y Medidas, en la que determinó la conversión de las antigüas medidas españolas y las correspondientes del sistema métrico decimal, adoptado en principio durante la época Rosista, aunque legalizado formalmente en 1863, mediante la ley 52 promulgada durante la presidencia de Bartolomé Mitre (Wikipedia, 2022).  


Retomando las acciones de la CT, a través del Decreto del 31 de diciembre de 1824, se establece un programa mucho más amplio para la institución que incluye, entre otros trabajos futuros a: formar un reglamento interno; levantar el plano de las ciudades y los pueblos de la provincia, y procurar en ellos la buena distribución de las calles, plazas y edificios públicos; y proyectar una buena distribución de caminos principales y de travesía, proponiendo el proyecto de ley que sea necesario. 

En abril de 1825 son aprobadas las primeras instrucciones para Agrimensores, cuyo contenido representa un enorme avance para la época, ya que se trata de una norma que consolidó los conocimientos prácticos, técnicos y legales del momento respecto a la práctica de la agrimensura y la delimitación de derechos en el territorio. Dichas regulaciones representaron asimismo un significativo adelanto a nivel de estandarización y normalización de la práctica profesional que, en el contexto histórico, estuvo asociada a una creciente especialización de los distintos órganos del Estado. 

Las instrucciones de 1825 incluían temas diversos tales como: 

  • la indagación, citación y formalidades de la notificación a los linderos;
  • en los terrenos del Estado dónde hubiese libertad de obrar, indicaba que el Agrimensor hará trazar los rumbos N.E., S.O.y N.O., S.E. (estas delineaciones conocidas como orientaciones a medio rumbo, son características del trazado urbano y rural de la provincia de Buenos Aires;
  • el proceder en caso que hubiese dudas acerca de los términos (límites) de la propiedad;
  • el mejoramiento de los instrumentos y métodos, particularmente en las suertes de chacras o quintas, y aún con mayor razón en los solares (parcelas urbanas); y
  • la redacción de las diligencias (informes adjuntos al plano) que deben extenderse con precisión y claridad.

A estas primeras instrucciones, se incorporaron modificaciones  en los años 1827, 1835 y 1839. Con posterioridad, en el año 1861 se dictaron nuevas instrucciones a la que se le practicaron agregados en 1863, y luego éstas se mantuvieron sin cambios hasta 1940. 

Comparando las instrucciones de 1825 y1861, se puede ver un notorio avance de la función reguladora del DT, incrementándose de 15 artículos en 1825 a 68 artículos en 1861. A pesar de ello, Felipe Senillosa a quien cupo un rol muy destacado en el desarrollo de las instrucciones, fue defensor de la idea que el DT sólo podría controlar a los Agrimensores en los aspectos formales o de procedimiento, pero que de ninguna manera podía influir en su juicio o criterio. 

Los textos completos de todos estos documentos se encuentran reunidos en la publicación titulada Instrucciones generales para agrimensores – Año 1940 (MOPBA, 1945).


El Departamento de Topografía y Estadística 

Las funciones de la CT se proyectaron en el Departamento de Topografía y Estadística (DT), creado dos años más tarde por Decreto del 26 de junio de 1826, cambio que implica una posición de mayor jerarquía en el seno de las instituciones estatales, una mayor autonomía y la dependencia directa de la Presidencia Nacional y Ministerio de Gobierno, a fin de favorecer una resolución más ágil de los asuntos bajo su esfera de actuación. 

Tanto la CT como el DT, surgieron como respuesta a la necesidad del sistema financiero provincial que utilizó la tierra pública como garantía de la deuda contraída con la banca británica. A partir de 1822 las tierras del estado fueron traspasadas a manos privadas bajo contrato enfitéutico, hecho que marco la necesidad de crear un catastro que pudiera proveer información acerca del acervo estatal de tierras públicas (Gautreau, P. y Garavaglia, J.C., 2011). 

El DT tuvo como funciones la de Tribunal Topográfico en los casos contenciosos y juicios sobre la propiedad; la distribución de tierras públicas; la delineación de plazas, calles y caminos; el trazado de los pueblos; la realización de un registro gráfico y otro escrito de todas las mensuras que se realicen; la de informar a los Tribunales de Justicia sobre las mensuras y cuestiones de hechos; y examinar, patentar y dirigir a los agrimensores. 

Vemos entonces que además de las funciones que pueden considerarse características de un registro del territorio por esos años, el DT formaba y habilitaba Agrimensores para el ejercer la profesión (**), actuando en la práctica como institución educativa. Los Agrimensores si bien no eran ni empleados ni funcionarios públicos, cumplían funciones públicas al estar sus tareas reguladas por las instrucciones que impartía el DT, motivo por el cual se los conocía como Agrimensores Públicos. El pago de sus servicios profesionales no provenía del presupuesto del Estado, sino que los realizaban los adjudicatarios, poseedores o propietarios, con excepción de las mensuras colectivas de grandes áreas con fines de colonización que eran realizadas por contrato con la administración topográfica. 

El Agrimensor de Jean León Pallière. En Escenas americanas, Buenos Aires, 1864.

Otra de las tareas importantes del DT fue la de examinar los planos de mensura presentados por los Agrimensores, de los que se producían informes sobre cada uno. Relativo a esta cuestión, ha de tenerse en cuenta que el catastro se fue formando a partir de una yuxtaposición de las parcelas individuales y no de un relevamiento masivo o sistemático del territorio. Por este motivo, uno de los elementos más importantes para realizar los controles administrativos a los planos, fue la ubicación contextual de las parcelas para conectar la ubicación espacial de unas con relación a las linderas. Para procurar legitimidad y consenso social a este proceso, los Agrimensores debían recurrir a la citación de todos los linderos, que debían estar presentes en el terreno en el momento de determinar los límites de las parcelas, y controlar y verificar por sus medios que no existieran superposiciones entre límites. Para los casos controvertidos debía seguirse la instancia del Tribunal Topográfico. 

Otro criterio relevante en el examen de la documentación de los límites de parcelas, era dar prioridad a los hechos existentes frente a diferencias que pudieran surgir respecto a las mensuras y los títulos de propiedad expedidos en la época colonial, los cuales en muchos casos adolecían de defectos respecto a la definición del objeto material al cual se referían, no solo en la superficie o área sino además en su forma geométrica. Este trabajo consistía en contrastar y correlacionar los límites de la posesión existente, pacífica y continua, con los límites que surgían del objeto contenido en los documentos jurídicos. Para este procedimiento también se aplicó la citación de linderos, a fin de garantizar que no fuera vulnerado ningún derecho propio o ajeno. En dicho sentido, ya la primera circular de la CT mostraba cual era el espíritu de su tarea, para lo cual fue indispensable generar confianza en la población y que ésta fuera devuelta en forma de cooperación cuando indicaba: 

 

La Comisión Topográfica a los Señores Propietarios. Cuando la comision topográfica que suscribe va á hacer de la campaña el teatro principal de sus operaciones, y cuando necesita para proceder á ellas de una ligera cooperacion de parte de los propietarios, que poseen las diferentes suertes de chacras y estancias en que está dividida; nada ha creido mas justo que manifestarles todo el interes que ellos tienen en esas operaciones, y la completa seguridad en que deben estar de que no va á resultarles la menor alteracion en sus posesiones, ni costo ó perjuicio alguno en ningun sentido […]. ¿Cual ha sido hasta aquí el estado de las propiedades territoriales de la campaña? El de una constante incertidumbre […]. Estos males son gravísimos […], debian al cabo llamar la atencion del gobierno, que siendo el único capaz de disponer de todos los medios conducentes á remediarlos, se halla contraido al gran deber de proteger las propiedades, y de favorecer la industria. […] ¡Cuan diferente será el estado de las propiedades territoriales de la campaña! Su antigua incertidumbre se verá convertida en seguridad: las desazones y pleitos en paz y armonía…”. (AHPBA, 1824)

 

 

Referencias: 

(*) La enfiteusis tiene su origen en el derecho romano. Es un derecho real que desdobla al derecho de propiedad en un dominio directo, que lo ejerce el propietario, y un dominio útil que lo ejerce la persona que utiliza o explota económicamente el inmueble. El dominio útil puede extenderse por períodos de tiempo determinados contractualmente y tiene como contrapartida el pago de una retribución económica al propietario en forma de renta o canon. 

(**) Si bien del DT formó Agrimensores hasta 1881, en 1869 se gradúan los primeros de origen universitario en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente la carrera se denomina Ingeniería en Agrimensura y se dicta en 14 Universidades Nacionales y 2  Universidades privadas. 


Bibliografía consultada y referencias: 

Archivo Histórico Provincia de Buenos Aires (AHPBA) (1824). Primera circular de la Comisión Topográfica, Departamento Topográfico, legajo 1, 49-2-1-20. Citado en Gautreau, P.; Garavaglia, J.C. (2011). 

Decreto nombrando una Comisión para la fije la forma en que se ha de mensurar las tierras del Estado 09/04/1824, en Muzlera, 1895, t.1. Citado en D´Agostino, V. (2014). 

D´Agostino, V. (2014). Expansión estatal, política de tierras y desarrollo de la repartición topográfica en Buenos Aires, siglo XIX. Población & Sociedad, ISSN-L 0328 3445, Vol. 21, N° 2, pp. 15-48, https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/2854/2757 

Gaignard, R. (1989). La Pampa Argentina. Ocupación, poblamiento, explotación. De la conquista a la crisis mundial (1550-1930). Ediciones Solar. 

Gautreau, P.; Garavaglia, J.C. (2011). Inventando un nuevo saber estatal sobre el territorio: la definición de prácticas, comportamientos y agentes en las instituciones topográficas de Buenos Aires, 1824-1964. En Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina, siglos XVIII-XIX, págs.63 a 96, Prohistoria Ediciones. 

Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (MOPBA) (1945) Instrucciones generales para agrimensores – Año 1940. Segunda Edición. 

Recalde, José M. (1999). Evolución de la función social de la Agrimensura en el Río de la Plata. Aportes para una historia de la Agrimensura. Biblioteca del Agrimensor. Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires. 

Revisionistas (2022). Avelino Díaz, http://www.revisionistas.com.ar/?p=22434 

Revisionistas (2022). Ley de Enfiteusis, http://www.revisionistas.com.ar/?p=14492 

Wikipedia (2022). Sistema Métrico Legal Argentino, https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_M%C3%A9trico_Legal_Argentino