viernes, 30 de abril de 2021

Nuevo parcelario rural ajustado en Uruguay

La Dirección Nacional de Catastro del Uruguay ha publicado en el Catálogo de Datos Abiertos el parcelario rural ajustado, que incluye los departamentos de Flores, Montevideo y Maldonado.

La Licencia de Datos Abiertos-Uruguay Versión 0.1, permite usos comerciales y no comerciales, y autoriza la reproducción, distribución, publicación, adaptación, transformación, comunicación y puesta a disposición del público mediante cualquier forma o procedimiento; fusionados con datos propios y de terceros, pudiendo combinarse para formar conjuntos de datos nuevos e independientes; integrados en los procesos de negocio, productos y aplicaciones internas y externas en las redes electrónicas públicas y privadas. 

La capa de parcelas si bien tiene alcance a todo el territorio del país, en dichas jurisdicciones solamente se ha realizado -a la fecha- un ajuste geométrico, tomando como referencia un mosaico de ortoimágenes, que se ha elaborado a partir del proyecto de adquisición de imágenes digitales de cobertura nacional. Dicho proyecto fue supervisado por la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y la Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay (IDEUy).

 

Visualización de una porción del parcelario continuo rural, superpuesto al servicio de mapa base Google Satellite.

Información de prensa institucional señala que esta tarea comenzó en el año 2019 y su objetivo es la determinación territorial de las parcelas, de forma que sirva como fuente de información para la planificación y gestión a nivel nacional, no teniendo efecto jurídico alguno (Ministerio de Economía y Finanzas, DNC, 2021).

El citado mosaico de ortoimágenes, tuvo origen en un levantamiento fotogramétrico que cubrió completamente el territorio del país, para el que fue utilizada la cámara métrica digital UltraCam Eagle Prime. El tamaño del píxel en terreno (GSD) fue de 32 cm y la altura de vuelo aproximada de 7100 metros, totalizando un área cartografiada de 178.290 km². Las exactitudes planimétrica y altimétrica alcanzadas fueron de 1.00 y 1.50 m. respectivamente, con el 95% de confiabilidad (Consorcio TOPOCART, 2019). 

 

Fuentes consultadas:

 

Consorcio TOPOCART – Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S Ltda. AT S.R.L. (2019). Informe Técnico Final - Licitación Pública Internacional LPI N° 01/2015. Adquisición de Imágenes Digitales de Cobertura Nacional, https://visualizador.ide.uy/descargas/Documentos_IDE/Proyecto_de_produccion_y_control_de_informacion_geografica/Informe_Final_Topocart.pdf

 

Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Catastro (2021). Geocatastro. Nuevo Parcelario Rural, https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/nuevo-parcelario-rural

miércoles, 31 de marzo de 2021

Expediente electrónico y firma digital

Bases y fundamentos

Uno de los aprendizajes más importantes que no dejó la pandemia del Covid-19 es la importancia de los trámites electrónicos. De hecho, varios organismos del sector en el país y en la región, han buscado acelerar la transformación digital como una respuesta a las restricciones impuestas por esta situación, en el entendimiento que estos procedimientos facilitan la continuidad administrativa y evitan “baches” en la prestación de servicios.

Las iniciativas de este tipo se enmarcan dentro de las ideas de Gobierno Electrónico o Gobierno Abierto, con la diferencia de que en el primero el énfasis está puesto en las herramientas tecnológicas para realizar procedimientos administrativos, en tanto que el segundo busca sobre la base de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), hacer una reestructuración del sector público produciendo las condiciones para potenciar la generación de valor agregado púbico y social. Afinando un poco más, el Gobierno Abierto está orientado a una Administración Pública (AAPP), en que los servicios de los organismos ofrezcan herramientas para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos. 

Pero para que estos cambios sucedan, es necesario que los gobiernos se apliquen en una política de Estado o estrategia jurisdiccional integral, que posibilite una mejor coordinación, cooperación interinstitucional y el mayor impacto posible en la sociedad. Digamos que estas políticas públicas deben estar establecidas para el largo plazo, aunque deben incluir iniciativas concretas para alcanzar resultados en el corto plazo. 

Los cambios que deben producirse para desarrollar las ideas de Gobierno Abierto son las siguientes:

  • Cambio cultural: Enfoque de la AAPP al servicio del ciudadano.
  • Cambio en los procesos: Todo aquello que no funcione, pueda evitarse o no agregue valor a un proceso debe eliminarse.
  • Cambio en la organización: Enfoque en el desarrollo organizacional en materia articulación interna, política de mejora continua, capacitación de recursos humanos, diseño de puestos de trabajo, etc. 
  • Cambio en las formas de relación: Acceso multi-canal a través de la web, e-mail, whatsapp, aplicaciones para la prestación de servicios, aplicaciones de telefonía móvil, etc.

En cualquier caso, de lo que se trata es de dar respuesta a las demandas de la sociedad por mejores servicios de las Administraciones Públicas (AAPP), y que trae consigo como signos más visibles servicios que hacen innecesaria la presencia física, los desplazamientos y la intermediación, incrementando la transparencia, agilidad, eficiencia y reduciendo el tiempo aplicado a los trámites.

Definiciones 

El Expediente Electrónico es el conjunto de documentos electrónicos que corresponden a un procedimiento administrativo. Dichos documentos son información almacenada en archivos digitales según un formato determinado y susceptible de ser identificados y tratados de forma diferenciada. Los documentos electrónicos se caracterizan por: el contenido, la firma digital y los metadatos, que es un elemento que proporciona contexto al contenido y la firma, aportando valor probatorio. 

La ley nacional N° 25.506 de firma digital, reconoce la utilización de la misma y su eficacia jurídica, de acuerdo a las condiciones establecidas en esa norma legal. En su artículo 2 la define como: el “resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.”



La importancia de la firma digital radica en que puede ser utilizada para realizar trámites ante organismos públicos, entre otras aplicaciones, para autenticar la identidad del firmante en sistemas informáticos.

 

Para disponer de una firma digital son necesarias dos claves vinculadas entre sí, una de las cuales es privada y la otra pública. La primera está protegida por una contraseña que sólo conoce el titular, y la segunda tiene como finalidad que el destinatario verifique la firma realizada por la persona. La clave pública está incluida en un certificado digital, que es un documento emitido por un órgano certificador que asegura que la firma corresponde a una determinada persona. Por esta razón, para registrar una firma digital es necesario la intervención de un certificador (tercera parte) y la presentación física ante éste para constatar la identidad, luego de lo cual el interesado recibirá el certificado digital que le permitirá firmar digitalmente sus documentos electrónicos. Los entes licenciantes son organismos gubernamentales. 


Trámites on line en los organismos catastrales del país

 

En varias provincias se realizan trámites completamente on line, ya sea para la emisión de certificados catastrales como para la tramitación de la verificación del estado parcelario y planos de mensura y, en algunos casos, otros trámites. La lista de ejemplos dada a continuación no es taxativa. 

La Dirección General de Catastro de Córdoba ha desarrollado una aplicación denominada “Presentación Digital de Mensura”, que permite a los profesionales realizar las tareas necesarias para la confección de mensuras y su registro en el organismo. Esta herramienta informática está compuesta por varios módulos que tienen las siguientes funciones: consultar y descargar antecedentes, confeccionar los planos, armado de la presentación, remisión de la documentación digital y seguimiento del trámite a través de la web. Para ampliar, los interesados pueden consultar la guía “¿Cómo realizar la presentación digital de Mensuras?”. Además el organismo dispone de una aplicación dentro de su Sistema de Información Territorial, para la emisión de certificados catastrales con trámite 100% digital. 


La Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de Neuquén por Disposición 56/2019, aprobó un procedimiento para la generación del trámite del certificado catastral vía web. Asimismo por Disposición 127/2019, sustituyó el certificado de verificación de subsistencia del estado parcelario (VEP) en formato papel por un documento electrónico firmado digitalmente. Ambas Disposiciones contienen en sus anexos instructivos detallados para la gestión de los trámites en todas sus etapas.


La Administración Tributaria de Mendoza a través del Catastro, también ha implementado una aplicación en su Oficina Virtual, para la gestión y emisión del certificado catastral digital.


El Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, ha desarrollado procedimientos on line para la actualización de mejoras, verificación del estado parcelario, registración de planos de mensura y emisión de certificados catastrales. Para el caso de los planos no se suprime totalmente el uso del papel, pero se reduce considerablemente. 

Para finalizar, la Dirección General de Catastro de Tucumán instrumentó la presentación de documentación técnica de manera digital para planos de propiedad horizontal, propiedad horizontal especial, división, unificación, prescripción adquisitiva y verificación-modificación del estado parcelario. Al respecto, la Resolución1064/2020 en su artículo 2, establece la eliminación total del trámite en papel para la presentación y registración de planos de mensura a partir del 15/08/2020, utilizándose a partir de esa fecha únicamente la firma digital para la suscripción de la documentación.



Fuentes consultadas:

 

Administración Tributaria de Mendoza – Catastro (2021), https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneTop/catastro/catastro.jsp

 

Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba (2021), https://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-finanzas/secretaria-de-ingresos-publicos/direccion-general-de-catastro/

 

Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de Neuquén (2021), http://www.dpcneuquen.gov.ar/HomePage.asp

 

Dirección General de Catastro de Tucumán (2021), http://www.catastrotucuman.gov.ar/

 

Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe (2021), https://www.santafe.gob.ar/index.php/content/view/full/104569

 

República Argentina, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2001, 2018). Ley nacional N° 25.506 de firma digital, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/texact.htm

 

República Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros (2021). Firma digital, https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/firmadigital


viernes, 26 de febrero de 2021

Asociación público-privada en la Administración del Territorio

Un documento preparado por el Banco Mundial (BM) aborda este contenido, con la finalidad de aportar una base de conocimientos y herramientas para construir capacidades, facilitando con ello a los gobiernos implementar asociaciones público-privadas (APPs) en los catastros y registros de la propiedad.

Es para destacar que el informe titulado: "Public-Private Partnerships in Land Administration: Analytical and Operational Frameworksha recibido el aporte de tres rondas globales de consultas, durante las cuales se recibieron comentarios, opiniones y retroalimentaciones de cerca de 100 participantes provenientes de la administración pública, el sector privado y la academia (World Bank, 2020).


Como muestra de un interés creciente por este asunto, aunque enmarcado en los países europeos, en el último encuentro anual 2020 de la Comisión 7 de la FIG se desarrolló una sesión especial sobre APPs y el rol del sector privado durante la recuperación. Esta actividad tuvo como objetivo revisar los principios generales para el uso de las APPs y discutir los resultados de una encuesta para determinar nuevos principios, como mecanismo para mejorar los servicios e infraestructura de los sistemas de administración del territorio (FIG, 2020).

El BM define a estos esquemas colaborativos como “un contrato a largo plazo entre una empresa privada y un organismo del gobierno para proveer un bien o un servicio público, en el cual la parte privada corre con los riesgos y responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al rendimiento“ (PPP Knowlege Lab, 2021).

Las APPs son más conocidas en el ámbito de la ejecución, financiamiento y gestión de obras de infraestructura (ver:https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua/asociacion-publico-privada). No obstante, los organismos del sector tienen características únicas y particulares, que permiten distinguirlos de aquellos encargados de desarrollar y mantener los tradicionales servicios públicos (agua, electricidad, caminos, etc.) como veremos seguidamente.

Las alianzas entre el sector público y privado dentro del marco de la administración del territorio, pueden tener alcances a datos, sistemas o servicios, o una combinación entre estos aspectos, como por ejemplo: actualización y mantenimiento de valuaciones catastrales; mejoramiento de la calidad de los datos; actualización de la infraestructura tecnológica; desarrollo e implementación de sistemas de gestión de expedientes y de servicios y aplicaciones web, entre otros.

Las APPs se desarrollan dentro de un marco en el que los gobiernos retienen la responsabilidad de las funciones públicas que tienen asignadas por mandato legal, por lo cual deben especificar los requerimientos y condiciones particulares para desarrollarlas, además establecer los mecanismos para el seguimiento, control y auditoría de los contratos, concesiones o licencias con las empresas privadas. Las regulaciones deben incluir explícitamente cuestiones tales como perfiles profesionales y competencias, indicadores para medir el desempeño, transferencia de conocimientos, responsabilidades de las partes y penalidades.

En cuanto a las ventajas de utilizar las APPs en la administración del territorio podemos decir que:

  • aportan recursos económicos para introducir mejoras en la infraestructura tecnológica, servicios y actualización de datos;
  • aportan conocimientos técnicos de gestión por procesos y evaluación y gestión de riesgos respecto a las inversiones;
  • generan capacidad para incrementar la eficiencia operativa ahorrando costos, a través de prácticas de gestión propias de la empresa privada;
  • promueven una mayor flexibilidad y diversidad en aplicaciones y servicios; y
  • facilitan a las organizaciones mejorar la performance en cuanto a las necesidades de los usuarios internos y externos.

Es decir que los objetivos primordiales de las APPs son, por una parte, trabajar de manera más eficiente, eficaz y económica y, por otra parte, ofrecer servicios orientados al usuario/cliente, para lo cual es clave que las instituciones tengan bien identificadas sus necesidades y expectativas, lo cual se logra a través de una buena comunicación y receptividad con todos los actores, sean profesionales, empresas, ciudadanos y otras instituciones gubernamentales vinculadas al territorio.

Por otro lado, observando con detenimiento las ventajas de estos esquemas colaborativos, tenemos que la tecnología no es el único factor en la operación de cambios, sino además la falta de recursos financieros para, por ejemplo, invertir en gastos de capital para reemplazar los sistemas preexistentes. Otro elemento importante es la falta de recursos humanos, ya sea porque el personal es insuficiente para llevar adelante determinadas tareas o proyectos o bien, si se disponen, no cuentan con los necesarios niveles de especialización que, normalmente, no están disponibles en el sector público.

Asimismo debe comprenderse que no existe una solución de talle único, por lo que en cada caso y en cada país o jurisdicción sub-nacional, deben analizarse en profundidad el contexto social, económico, legal y gubernamental que permita determinar conceptos y procedimientos adecuados para las APPs. A tales efectos, deben considerarse estudios de pre-factibilidad y factibilidad, que proporcionan información fundamental para el desarrollo de los contratos, la definición de las estructuras colaborativas y de incentivos, y la definición de las medidas de mitigación de riesgos.

En definitiva, la participación del sector privado puede hacer una contribución efectiva al mejoramiento de los servicios a los usuarios y sociedad en general, aliviando problemas de financiamiento y restricciones presupuestarias, hechos que están cobrando actualmente mucha trascendencia por la crisis originada por el COVID-19, situación que ha debilitado las economías a nivel global con consecuencias directas en los ingresos de los gobiernos.

Al informe del BM puede accederse aquí. Contiene un Resumen Ejecutivo, y está dividido en las siguientes partes: (I) Marco Analítico, (II) Marco Operativo, (III) Matriz de Riesgos y (IV) Matriz de Orientación de Gobernanza. 

 

Fuentes consultadas y referencias:

PPP Knowlege Lab (2021), https://pppknowledgelab.org/

República Argentina. Ministerio del Interior (2020). Asociación público-privada, https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua/asociacion-publico-privada

World Bank. 2020. Public-Private Partnerships in Land Administration: Analytical and Operational Frameworks. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34072  License: CC BY 3.0 IGO.

sábado, 30 de enero de 2021

Mejoramiento de la exactitud posicional de datos catastrales

Los datos de posición constituyen el basamento de las tecnologías de geo-información. Los puntos, líneas y polígonos forman la geometría de los objetos, dónde las coordenadas que los permiten ubicar espacialmente son el punto de partida que los vincula con el mundo real. 

En la siguiente figura, podemos visualizar esquemáticamente la dependencia de la posición en la creación y mantenimiento del dato geoespacial, a partir del cual se articula la forma, las relaciones espaciales, la descripción y la validez temporal de los objetos contenidos en una determinada base de datos geoespacial.

Más concretamente, la parte gráfica de una base de datos catastral se compila en muchos países sobre la base de planos individuales, que se caracterizan por sus diferencias en términos de antigüedad, métodos de medición y formas de ubicación relativa o local de las parcelas, lo cual produce un impacto en la calidad posicional que termina siendo muy heterogénea. 

Desde el punto de vista conceptual, el mejoramiento de la exactitud posicional es un procedimiento destinado a ajustar las posiciones que definen la geometría de objetos en una base de datos geoespaciales, para aproximarlos a su posición considerada como “verdadera”. Dicha posición usualmente está referida al marco de referencia geodésico de uso oficial o mosaicos de ortofotos u otros productos de datos de imagen. 

A partir del desarrollo del posicionamiento satelital GNSS, la exactitud absoluta viene ganando terreno frente a la exactitud relativa. Por ejemplo, el estándar del ASPRS (2014), define a la exactitud posicional como la exactitud en la posición de objetos, incluyendo las posiciones horizontales y verticales, con respecto a datums horizontales y verticales. 

Por otro lado, la exactitud posicional evalúa la proximidad o la diferencia entre las coordenadas de objetos en un conjunto de datos y sus respectivas ubicaciones consideradas como "verdaderas", determinadas a partir de una fuente independiente de mayor exactitud que el conjunto de datos bajo evaluación y ajuste. 

Concepto de mejoramiento de la exactitud posicional

Es conveniente aclarar que este procedimiento es un trabajo esencialmente técnico, por lo que no tiene ningún impacto sobre el status jurídico de los objetos territoriales legales (OTLs) registrados en los catastros. No obstante, mejorar la calidad del dato posicional ofrece ventajas significativas en cuanto al mantenimiento de los datos gráficos, sobre todo y particularmente, cuando los objetos a registrar incluyen la georreferenciación. 

Ahora bien, ¿cuándo es necesario mejorar la exactitud posicional de los datos catastrales?. En principio, debemos considerar las limitaciones que se presentan en el uso práctico, especialmente en aplicaciones relacionadas con la planificación del territorio, el manejo y desarrollo de infraestructuras, la gestión de recursos naturales y del medio ambiente. Otros aspectos no menos relevantes, son la falta de alineación o desplazamiento respecto a mapas base o datos de imagen georreferenciados y ortorectificados. Lógicamente que una baja exactitud posicional implica una pérdida sustantiva del valor agregado público de los datos catastrales. 

En línea con este argumento, debemos detenernos en el hecho que los datos catastrales son considerados como fundamentales y que por tal motivo, son integrados en Infraestructuras de Datos Espaciales. Siendo esta la principal tendencia en cuanto a accesibilidad y disponibilidad de los datos geoespaciales en Internet, queda de manifiesto la necesidad de abordar esta problemática, que tiene su fundamento en el concepto de interoperabilidad entre conjuntos de datos. 

La evaluación de la exactitud requiere la selección de muestras para estimar el nivel de incerteza posicional en el conjunto de datos original. Dichas estimaciones se realizan a partir de parámetros estadísticos que determinan la población de errores, como la desviación estándar, el error estándar y el error medio cuadrático (EMC). Éste último mide la diferencia entre un valor presente en los datos y un valor considerado como “verdadero”, por ello es utilizado en los estándares del FGDC (1998) y la ASPRS (2014). Hay que tener en cuenta que todas éstas son medidas de precisión y que, por lo tanto, solo tienen en cuenta los errores aleatorios. Por tal razón, su utilización asume que se han eliminado los sesgos o errores sistemáticos. 

En cuanto a los pasos a seguir para realizar las tareas de mejoramiento de la exactitud posicional básicamente son: 

  1.  evaluar la exactitud posicional;
  2. determinar las correcciones o vectores de desplazamiento a aplicar; y
  3.  verificar el conjunto de datos mejorado posicionalmente.

Para realizar el primer paso, se debe recolectar una muestra de datos de referencia o puntos de control, usualmente a través del método diferencial GNSS. La ubicación y distribución de los mismos dependerá de las necesidades y características del conjunto de datos original. Luego calcular las diferencias entre los datos de referencia y sus homólogos del conjunto de datos de entrada. En este punto, es conveniente detenerse en que el cambio de posición puede ser tratado independientemente o aisladamente a nivel de manzana individual o de manzanas en bloque en parcelas urbanas, o bien a nivel de unidades geográficas o regionales en parcelas rurales, entre otros criterios.  

En cuanto al segundo paso, para el cálculo de las transformaciones espaciales bidimensionales, pueden aplicarse desde simples giros y traslaciones que tienen la ventaja de no cambiar la escala, a transformaciones más complejas como la de Helmert, en las además de giros y traslaciones introduce un cambio de escala, o la transformación afín que agrega a lo anterior, diferentes factores de escala para los ejes X e Y y la falta de ortogonalidad entre sus ejes.

Procedimiento esquemático básico para el mejoramiento de la exactitud posicional

El tercer paso es cotejar los resultados obtenidos de las transformaciones espaciales para comprobar su fiabilidad, para lo cual es necesaria una nueva muestra de puntos de control que no hayan participado en los ajustes geométricos precedentes. Para esta parte del trabajo, es posible utilizar el método de evaluación de la norma internacional ISO 19157:2013 sobre calidad de los datos. A tal fin, se debe especificar las unidades de calidad a evaluar (ej: bloques de corrección); indicar la medida de calidad a aplicar, por ejemplo: nivel de confianza del 95% (2 x desviación estándar); especificar el procedimiento, para el caso comparar las diferencias entre puntos del control medidos en el terreno con los puntos homólogos del conjunto de datos ajustado; determinar los resultados obtenidos y verificar la conformidad respecto a la medida de calidad especificada.


Fuentes consultadas y referencias:

 

American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) (2014). ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data, Version 1.0,  https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2015/01/ASPRS_Positional_Accuracy_Standards_Edition1_Version100_November2014.pdf 


Federal Geographic Data Commitee (FGDC) (1998). Geospatial Positioning Accuracy Standards, Part 3: National Standard for Spatial Data Accuracy, https://www.fgdc.gov/standards/projects/accuracy/part3/chapter3

 

International Standard Organization (ISO) (2013). ISO 19157:2013 Geographic Information – Data Quality, https://www.iso.org/standard/32575.html