En octubre de 1999 se celebraba en la ciudad
de Bathurst, Australia, el “Taller sobre Tenencia de la Tierra e Infraestructuras
Catastrales para el Desarrollo Sostenible” que abriría el camino para varias
iniciativas que tomó la Federación Internacional de Agrimensores (FIG) junto a
las Naciones Unidas y otros organismos globales, en el entendimiento de la
importancia que reviste que los países avancen a nivel de Catastro y Registro,
como una manera de dar apoyo a políticas y estrategias relacionadas con la
gestión del territorio para un desarrollo sostenible.
Dicho taller congregó a 40 expertos internacionales pertenecientes a 23 países que representaron a todos los continentes para trabajar en sesiones plenarias con el objetivo de emitir la Declaración de Bathurst. Al taller le siguió una conferencia internacional abierta celebrada en Melbourne en la que se presentó la citada declaración y que contó con la participación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Desarrollo Sostenible, Nueva York; Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), Nairobi; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma; Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA), Addis Abeba; y Banco Mundial, Washington DC, entre otros organismos internacionales.
En el taller se tomó nota de los principales desafíos económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que se plantean en el nuevo milenio: la aceleración de la urbanización, la degradación del medio ambiente, el cambio del rol de los gobiernos en la sociedad, la desigualdad económica, el aumento de la pobreza y la escasez de alimentos.
Por ello es que la disponibilidad de
información confiable y actualizada sobre el territorio y sus recursos surge
como una cuestión vital para gestionar estos retos. Para que las autoridades
públicas, los particulares que utilizan recursos naturales o los organismos
comunitarios tomen decisiones pertinentes y acertadas, deben basarse en
información sobre el territorio y el ambiente para contribuir al desarrollo
sostenible. Esto, a su vez, requiere la articulación de los principios para el
desarrollo y el funcionamiento de sistemas de información catastral y registral
que hagan efectivo los principios.
Una administración efectiva del territorio es básica para hacer frente a estos desafíos, porque la falta de derechos de propiedad seguros impide las inversiones en vivienda, la producción sostenible de alimentos y el acceso al crédito, obstaculiza la buena gobernanza, refuerza la exclusión social y la pobreza, socava la planificación a largo plazo y distorsiona los precios del suelo y los servicios. Sin un acceso efectivo a la propiedad inmueble, las economías de mercado no pueden evolucionar y los objetivos del desarrollo sostenible no pueden realizarse (UN-FIG, 1999).
Reconociendo el papel fundamental que los derechos de expresión territorial tienen para afrontar estos desafíos, los delegados del taller abordaron la urgente necesidad de reforzar las políticas, instituciones e infraestructuras necesarias para el acceso efectivo a la tierra y la propiedad. Además, se hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye un programa de acción ambicioso y a largo plazo para reducir significativamente el número de personas en todo el mundo que carecen de un acceso seguro a la tierra y a los derechos de propiedad (UN-FIG, 1999).
Como corolario del taller se elaboraron unas recomendaciones, entre las cuales cabe señalar por su actualidad las siguientes:
- Fomentar la necesidad de una cooperación y coordinación funcional entre el catastro, el registro de la propiedad y, en general, entre todos los organismos con competencias en el manejo de diversos aspectos y recursos relacionados con el territorio.
- Fomentar la circulación de la información territorial entre los diferentes organismos gubernamentales y entre éstos y los ciudadanos.
- Mejorar la seguridad jurídica, el acceso a la propiedad y los sistemas de administración del territorio a través de políticas, reformas institucionales y herramientas apropiadas con especial atención al género, las poblaciones indígenas, los pobres y otros grupos vulnerables.
- Reconocer que se puede lograr una buena administración del territorio de manera progresiva, comenzando con sistemas relativamente simples y económicos al servicio de las necesidades sociales y para el desarrollo sostenible.
- Reconocer la más amplia gama de derechos de expresión territorial, dentro de los cuales el derecho de propiedad inmueble o derecho real de dominio es solo uno de ellos.
- En vista de la crucial importancia que reviste la formación de recursos humanos, asegurar que haya una educación y capacitación sostenidas en administración del territorio.
- Realizar análisis y desarrollar indicadores de desempeño para monitorear la eficacia de los sistemas de administración del territorio en relación con el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.
Lo que ha seguido a la Declaración de Bathurst es historia conocida, pero lo cierto fue que se trató de una respuesta concreta a las preocupaciones que se centraban en la carencia de información catastral y registral de los países, que se fueron convirtiendo en la preocupación de las organizaciones internacionales de derechos humanos y del medio ambiente. De esta manera el enfoque tradicional del catastro quedó subsumido por las preocupaciones globales sobre el desarrollo sostenible, incluyendo la seguridad de la tenencia y la protección del medio ambiente para las personas y los hábitats vulnerables, lo que ha dado lugar a una serie de nuevos objetivos y líneas de acción internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Por todo ello bueno es recordar y tener presente el rumbo que esta iniciativa ha marcado, citando algunas publicaciones y libros que se han desprendido de la misma y que han jalonado los desarrollos de los sistemas de administración del territorio en los últimos 20 años, por ejemplo:
- la Declaración de Nairobi sobre información espacial para el desarrollo
sostenible;
- el Modelo en el dominio de tenencia social;
- la Evaluación de capacidades en Administración del Territorio;
- el Desarrollo institucional y organizacional: una guía para directivos;
- la Administración del Territorio adecuada al propósito;
- las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra (VGGT),
- el Marco para una efectiva Administración del Territorio, y
- el libro Administración del Territorio para el Desarrollo Sostenible.
Sus autores señalan que la Declaración de Bathurst surgió a partir de la necesidad de incorporar objetivos sociales y ambientales a la teoría catastral, tomando como punto de partida el informe Brundtland de 1987, la Agenda 21 y la reunión de Naciones Unidas de UN-HABITAT II. A partir de estos hitos, las Naciones Unidas y la FIG comenzaron juntos un camino para elaborar una Declaración conjunta, que propició un nuevo enfoque para la administración del territorio y que se convirtió en un documento formativo estableciendo un fuerte vínculo con el desarrollo sostenible. La Declaración identificó conceptos y principios en evolución, que se sumaron al cuerpo de conocimientos existentes, particularmente de los sistemas catastrales desarrollados desde la Segunda Guerra Mundial. Estas tendencias culminaron en la clara articulación teórica de que las actividades catastrales en particular y la administración del territorio en general, debían centrarse en el desarrollo sostenible.
Fuente consultada:
UN-FIG. 1999. The Bathurst Declaration on Land Administratrion for Sustainable Development, UN-FIG International Workshop on Land Tenure and Cadastral Infrastructures in Support of Sustainable Development, Bathurst, Australia. Fig Publication N° 21, https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub21/figpub21.asp
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