jueves, 30 de julio de 2026

Publicación de la FIG sobre administración del territorio adecuada al propósito: estado, éxito y escalabilidad

El grupo de trabajo 2 de la Comisión 7 de la Federación Internacional de Agrimensores (FIG) presenta una valiosa perspectiva sobre la evolución que ha experimentado en los últimos 10 años, desde su lanzamiento inicial, el enfoque adecuado al propósito. La publicación analiza la situación actual de dicho concepto, así como las lecciones obtenidas de una amplia variedad de estudios de caso en distintas regiones del mundo, examina además las estrategias para instrumentar dicho enfoque y formula una serie de recomendaciones para el futuro.

Dentro este marco lo prioritario es la flexibilidad técnica, la simplificación de los procesos, la inclusión, la participación de la población y lo significativo es su adaptabilidad a diversos contextos políticos, sociales y culturales. Dicho con otras palabras: se trata de soluciones que buscan priorizar la cobertura y facilitar el acceso a los catastros y registros de toda la población, permitiendo a la vez, que el desarrollo institucional se pueda proyectar en el tiempo con mejoras sucesivas que vayan acompañando las demandas de la sociedad.

Con el fin de ilustrar como se viene presentando la evolución de esta orientación se presentan casos de países situados en distintos continentes, por ejemplo, África, Asia y América Latina, dónde se han formalizado millones de parcelas. Los autores proponen estrategias para escalar soluciones mediante el sostenimiento del apoyo político, fomentando las alianzas público-privadas, la sostenibilidad operativa, el fortalecimiento del desarrollo de capacidades y el refuerzo de la legitimidad y la confianza en las instituciones.    

El análisis de los casos revela que si bien la tecnología o más ampliamente la transformación digital, considerando ésta como la integración de innovaciones técnicas en una organización y los cambios que produce en su funcionamiento y en cómo entrega valor a la sociedad es un gran facilitador, el éxito a largo plazo depende más de factores políticos, institucionales y humanos.

La formalización de derechos es un primer paso, pero para que las personas se mantengan dentro del sistema en el tiempo es necesaria una comprensión de los beneficios que aporta, lo cual representa un profundo cambio cultural e intergeneracional. Por otro lado, la participación de las comunidades es vital, junto la transparencia y la exposición pública de los resultados en los procesos de definición de derechos en el territorio.

Asimismo la gobernanza del sistema debe estar consolidada una vez concluidos los proyectos con el fin de conseguir que “la rueda gire” o, dicho de otro modo, desplegar las tareas de mantenimiento. En este aspecto, debe prestarse mucha atención a la descentralización funcional, de manera que el sistema catastral atienda al principio de subsidiariedad, aunque manteniendo estándares que posibiliten una integración sistémica de la información catastral y territorial. Las reformas en la legislación es otro punto a considerar en lo relacionado a delimitar con claridad la distribución de competencias, atribuciones, funciones y coordinación interinstitucional de los organismos que intervienen en la administración del territorio que, además del catastro y el registro, pueden incluir a otros niveles y áreas de gobierno como, por ejemplo, los gobiernos locales o sub-nacionales, la administración de tierras del estado, etc.

En cuanto a los testimonios de expertos sobre la adopción del enfoque adecuado al propósito, se han destacado opiniones que van el sentido que el empleo de aplicaciones móviles en campo integradas con sistemas GNSS, en conjunto con la participación directa de la población en la determinación de los límites de las parcelas, incrementa la confianza de la población; en tanto que los procesos y requisitos simplificados han conseguido derribar barreras para que los servicios sean accesibles y de bajo costo para las comunidades y población de bajos ingresos. Además se mencionó al apoyo político como gran parte de la solución con miras de llevar adelante reformas y transformaciones en los sistemas de catastro y registro, y la generación de sostenibilidad técnica y financiera de manera de convertir a una intervención en forma de proyecto en una infraestructura de información territorial con capacidad de mantenimiento y renovación a nivel de datos y sistemas.

En un breve resumen, las conclusiones presentadas muestran que en enfoque adecuado al propósito ha dejado de ser un conjunto de ideas alternativas para convertirse en el “enfoque por defecto” y la base de la práctica moderna en los proyectos de administración del territorio. Los ejemplos de las implementaciones a escala global han demostrado resultados transformadores a nivel de escalamiento, bajo costo y equidad de género (más derechos inscritos a nombre de mujeres). La consecución de la sostenibilidad pasa por lograr un profundo arraigo entre las instituciones del Estado, por desarrollar alianzas público privadas y por obtener recursos de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

La tecnología actúa como facilitador no siendo una solución por sí misma. Aunque las herramientas para la captura de datos y las aplicaciones móviles hayan mejorado significativamente la viabilidad técnica, como ya se ha señalado, el éxito a largo plazo depende más de lo que esté preparada la política, las instituciones y el recurso humano. En este aspecto, la tecnología debe aplicarse siguiendo la máxima de la cobertura por sobre la precisión, esto es priorizando asegurar derechos para la mayoría en lugar de buscar una elevada exactitud técnica para unos pocos. En cuanto a los profesionales se observa una evolución del rol de los agrimensores y profesiones afines, hacia la gestión del sistema e infraestructura de datos fundamentales conexos, la supervisión técnica y el control de calidad de los levantamientos catastrales y como guía técnica en los procesos participativos, actuando como asesores que proporcionan una orientación y colaboración directa con ocupantes y/o propietarios en la demarcación.

En definitiva, la implementación del enfoque adecuado al propósito enfrenta desafíos multidimensionales que requieren estrategias integrales que incluyen reformas en la legislación, fortalecimiento institucional, inversión en tecnología y capacitación y que este orientado a un enfoque participativo que sea garantía de su legitimidad. Los ejemplos internacionales demuestran que, aunque los desafíos son significativos, existen soluciones prácticas disponibles y adaptables a cada situación.

Como ha señalado en el prólogo el presidente la Comisión 7 de la FIG, Profesor Rohan Bennet: “Por encima de todo, la publicación refuerza un principio central: los proyectos de administración del territorio no son un fin en sí mismos. Deben ejecutarse en plazos y a costos razonables, generar beneficios sociales, ambientales y económicos tangibles, y mantener la capacidad de ser actualizados, mejorados y mantenidos a lo largo del tiempo”.

En cuanto al contenido del documento, el mismo dispone de cuatro prólogos, una introducción en la que se hace referencia a la evolución del concepto de administración del territorio adecuada al propósito, a los objetivos y a la metodología y estructura; un segundo capítulo relacionado con el estado de la adopción del enfoque adecuado al propósito; una tercera parte en la que se abordan las lecciones aprendidas de los casos presentados; un cuarto capítulo dedicado a las estrategias utilizadas en la implementación; y una quinta parte que trata sobre el camino hacia la seguridad universal en la tenencia de la tierra y recomendaciones. Para finalizar se incluye la bibliografía, la biografía de los autores y un apéndice que contiene un listado de expertos entrevistados.

El enlace para acceder a la publicación es el siguiente: https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub87/figpub87.asp

martes, 30 de junio de 2026

Equilibrio entre valores sociales y económicos en la administración del territorio

Cuando se abordan proyectos de mejoramiento y desarrollo institucional en las áreas de catastro y registro, es usual que surjan tensiones entre los valores sociales y económicos. Los primeros se basan en aspectos tales como la justicia social, el acceso a la tierra, la seguridad jurídica, los derechos humanos, la responsabilidad institucional y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Los segundos en lógicas de mercado asociadas a la fiscalidad inmobiliaria e impuestos relacionados al patrimonio.

Los valores sociales aportan beneficios intangibles que no pueden medirse o cuantificarse en términos monetarios -con excepción del ahorro de costos-, a diferencia de los valores económicos que pueden predecirse y monetizarse. Para adoptar enfoques consistentes para los objetivos y consecuentes actividades y resultados de los proyectos de desarrollo y mejora institucional, deben combinarse e integrarse adecuadamente las métricas cualitativas y cuantitativas. A tal fin, debemos ver a lo social y lo económico como la filosofía taoísta del ying y yang, la cual se apoya en un opuesto necesario para existir, en la interdependencia entre elementos y en el equilibrio dinámico en el que dentro de un elemento hay partes del otro. Es decir que lo social y lo económico son en realidad valores que se complementan, que dependen el uno del otro y son armónicos.

En cuanto al análisis económico que es utilizado para la preparación de un proyecto, incluyendo su impacto fiscal, sus efectos en distintos grupos de la sociedad y la determinación de los factores de riesgo que plantea su ejecución, existen herramientas o metodologías para abordar ambos valores con la finalidad de evaluar las intervenciones. Por un lado, tenemos el análisis costo-efectividad (ACE) que compara los costos con los resultados esperados determinados en unidades físicas (ej.: títulos de propiedad entregados o hectáreas de bosques en conservación en áreas protegidas) y, por otro, el análisis costo-beneficio (ACB) que también compara los costos con los resultados esperados pero en valores monetarios. El ACE es muy útil para asignar un “precio” a las mejoras que derivan en una mejor calidad de vida de las personas, en una mejor gestión de las zonas urbanas y rurales, del medio ambiente y de los riesgos ocasionados por fenómenos físicos, geológicos o climáticos.

La elección de la herramienta dependerá naturalmente de los objetivos del proyecto y de la viabilidad de asignar un valor económico a los resultados. El ACE se utiliza cuando el objetivo no es hacer una diferencia económica entre lo que se invierte y los resultados, siendo éstos intangibles aunque formen parte de los objetivos de una determinada política pública, por ejemplo, transformar un problema social en una situación deseable; en tanto que el ACB se emplea cuando es necesario justificar un capital invertido en un retorno financiero tangible. Igualmente debe tenerse en cuenta que el ACE y el ACB es común integrarlos en caso de necesidad como enfoques complementarios en forma de una evaluación integral para establecer si un proyecto es o no es viable.  

Como resumen de lo expresado, los valores económicos y sociales en el ámbito de la administración del territorio, pueden ser diferenciados por su lógica y racionalidad, por los resultados que produce, por el tipo de análisis económico a aplicar, por su capacidad de medirlos, por los actores que los respaldan y por los objetivos a los que se orientan. En el siguiente cuadro se sintetizan estas consideraciones.

 

Valores sociales

Valores económicos

Aspectos

Lógica y racionalidad

Los rige una racionalidad limitada, son subjetivos, dependientes del contexto y son dinámicos y fluidos. 

Los rige la lógica de mercado, son objetivos, medibles y predecibles.

Resultados

Intangibles / inmateriales

Tangibles / concretos

Análisis económico

Costo-efectividad

Costo-beneficio

Capacidad de medición

Compleja y multidimensional, se expresa en unidades.   

Simple, se expresa en términos monetarios.

Actores que respaldan

Gobiernos, ONG, comunidades, asociaciones civiles, etc.

Gobiernos, bancos, desarrolladores, inmobiliarias, etc.

Objetivos

Formalidad, seguridad jurídica, planeamiento, medio ambiente, gestión de riesgos, ODS, etc.

Fiscalidad inmobiliaria, impuestos al patrimonio, plusvalías.

Debemos observar que, en muchos casos, los valores económicos son los que justifican la viabilidad de las intervenciones o proyectos, a través de la generación de ingresos suficientes que permitan devolver en todo o en parte el capital invertido. Para tal fin, se emplean distintos instrumentos como el período de recuperación de la inversión, el valor actual neto o la tasa interna de retorno, entre otros. En tanto que los valores sociales surgen como consecuencia de los usos no tributarios de la información catastral en aplicaciones tales como: la regularización del dominio / tenencia, la planificación del uso del suelo, la determinación de áreas de protección ambiental, el desarrollo de infraestructuras (redes de servicios), la gestión de riesgos ante desastres, etc. 

En las cuestiones relacionadas con el desarrollo deben estar bien equilibrados los valores sociales con los valores económicos, los primeros se centran en la generación de riqueza y la creación de bienes y servicios, mientras que los segundos contribuyen a que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible. En este marco, los catastros deben actuar como nexo entre las políticas públicas y su ejecución física en el territorio, para lo cual es preciso tener en cuenta los usos multipropósito de la información catastral y su integración dentro del entorno más amplio de la gestión del territorio. 

Por último, remarcar que los valores sociales están anclados en la colaboración de los beneficiarios directos, priorizando sus necesidades y las de las comunidades en general. Fomentando su participación se debe apuntar a que los proyectos además de ser económicamente viables, sean ambientalmente sostenibles y socialmente legítimos. En cualquier caso, maximizar los beneficios en diferentes áreas, niveles de gobierno y actores sociales aporta una comprensión mayor de la complementariedad entre valores que es fundamental para mejorar la consistencia de los proyectos de administración del territorio. 

 

Bibliografía consultada:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (s/f). Evaluación de proyectos para alcanzar efectividad en el desarrollo. Costo Beneficio y Costo Efectividad – Descripción general, https://www.iadb.org/es/quienes-somos/resultados-y-efectividad/efectividad-en-el-desarrollo/evaluacion-de-proyectos/analisis-costo-beneficio-efectividad 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2015). Herramienta para formular, monitorear y evaluar los Programas de Administración de Tierras en América Latina. Módulo 5: Análisis Económico, Financiero y Fiscal (AEFF)https://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/modules/module-5/conceptual-framework/the-importance-of-ffea/es

miércoles, 27 de mayo de 2026

La IA en la valuación catastral. Comentarios básicos sobre los requisitos operativos - Primera Parte

Colaboración entre humanos y máquinas

La integración de la IA o, más específicamente, el aprendizaje automático (AA) en el proceso de obtención de valores inmobiliarios con fines fiscales o valuación catastral, debe atender a una serie problemas y de cuestiones que tengan en consideración una serie de principios que orienten la gestión administrativa del aspecto económico del catastro. Cuando se trata de innovaciones tecnológicas que incorporan un alto nivel de automatización, debe ponerse el foco en el juicio humano, en el conocimiento de las condiciones locales de los mercados y en una evaluación estadística ex post que demuestre resultados confiables dentro de los márgenes de precisión manejados para una valuación de carácter masivo.

Más concretamente, la máquina se encarga de procesar toda la complejidad estadística mientras que los profesionales aportan la mirada crítica necesaria sobre los flujos de trabajo y los resultados. Después de todo la credibilidad de todo el proceso de generación de valores catastrales por la vía del AA depende de la calidad, la distribución espacial y el detalle de los datos de referencia, así como de la habilidad del modelador y no exclusivamente del software, de las herramientas de programación o algoritmo utilizado. Los profesionales deben verificar las suposiciones del modelo y aplicar un razonamiento crítico que la matemática pura no puede replicar. De esta manera, se optimiza la toma de decisiones al delegar el procesamiento y cálculo de datos masivos en la tecnología, mientas que se libera tiempo para que los especialistas aporten su análisis, opinión y ética contextualizada al entorno de trabajo y a los resultados que se persiguen. En el mismo sentido se expresa el Grupo de Trabajo 9.3 de Comisión 9 de la FIG en su plan de trabajo 2023-2026, cuando menciona que hay que aceptar este cambio como un realineamiento filosófico: la IA no como una calculadora, sino como un cocreador (FIG, 2023).

Cambio organizacional y creación de capacidades 

La incorporación a la práctica de la valuación catastral de estas herramientas, implica tomar en cuenta el proceso de cambio organizacional para crear las capacidades necesarias que le permitan a los organismos catastrales administrar los procesos que se derivan de la aplicación de tecnologías vinculadas a la IA. Esto supone enfrentar una serie de cuestiones relacionadas con: 

  • la actualización de los datos catastrales y su disponibilidad en formatos que permitan su geoprocesamiento;
  • la disposición de un marco normativo general para el uso de la IA dentro del ámbito de las administraciones públicas;
  • la brecha en el recurso humano;
  • la adecuación del corpus normativo reglamentario en línea con estándares nacionales e internacionales;
  • la ausencia de valores de referencia sistematizados para alimentar los modelos de valuación automatizados (MVA);
  • la inestabilidad y cierta opacidad de los mercados inmobiliarios; y
  • la necesidad de incorporar herramientas que expliquen los resultados de los algoritmos utilizados.

De una observación detenida de estos puntos, podrá observarse que existe una combinación de factores relacionados con la técnica, el marco institucional, la organización propiamente dicha y lo normativo, ya que la adopción de innovaciones de esta naturaleza genera impactos que alteran completamente la operación, el desarrollo y la lógica misma de los procesos administrativos. 

Para llevar a cabo cualquier proceso masivo de actualización de valores catastrales, lo primero que se debe tener en cuenta es que la base de datos de la jurisdicción se encuentre al día, bajo un proceso de mantenimiento continuo, con cobertura sobre toda la jurisdicción, y en formato que soporte el geoprocesamiento y análisis espacial. Por ello, en caso de situaciones desfavorables en cuanto a la actualidad de la información, las actividades que primariamente hay que afrontar son aquellas relacionadas con la actualización de la información que tiene incidencia sobre la base de tributación como, por ejemplo, la incorporación de construcciones no declaradas, el completamiento de la cobertura del catastro en determinadas zonas, el relevamiento y carga de servicios públicos a nivel de frente de manzana o eje de calle, etc. 

En segundo lugar, algunas provincias – por ejemplo: Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Tucumán, entre otras- han avanzado y están desarrollando marcos para la gobernanza para la IA, en tanto que organismos como el CIPPEC han incluido el tema dentro de las recomendaciones para la adopción de la IA en el sector público (Solano, M., et. al, 2025). En cualquier caso y cómo ya señalamos en otra entrada, es importante señalar que estas políticas atiendan aspectos como la trazabilidad, la explicabilidad -que abordaremos más adelante-, la supervisión, la responsabilidad y la normatividad, que transversalmente abordan cuestiones relacionadas con la ética, la transparencia y la preponderancia del juicio humano sobre las decisiones algorítmicas. 

En cuanto a la brecha en el recurso humano, hay que capacitar yendo de lo general a lo particular en: ciencia de datos, tratamiento estadístico, geoestadística, fuentes de datos de referencia y su gestión, análisis exploratorio de datos, interpolación geoespacial lineal y no lineal, generación de modelos predictivos basados en aprendizaje automático y evaluación de la calidad de los resultados. Estos temas son meramente ilustrativos y no taxativos. El foco debe ponerse en lo que se quiere lograr atendiendo al contexto situacional de cada organismo catastral, para determinar metas realistas y luego en lo que se necesita para alcanzar el objetivo. Las estrategias para capacitar al personal pueden partir desde la búsqueda de soluciones ad hoc individuales, sea con profesionales especialistas o con universidades o ambos, hasta estrategias comunes que pueden surgir de planes de formación y capacitación más amplios que involucren a varios catastros jurisdiccionales.

La adecuación de las normas al nuevo enfoque para las valuaciones inmobiliarias con fines fiscales, pasa por incorporar a las disposiciones reglamentarias los métodos, las herramientas y los procesos y todos aquellos elementos, especificaciones y variables que contribuyan a agregar valor a los procedimientos administrativos, aportando confianza y transparencia a la generación de resultados y evitando, al mismo tiempo, la discrecionalidad y la subjetividad. Es importante remarcar la necesidad que el marco legal que de sustento a la valuación catastral, se oriente o alinee sobre la base de las normas nacionales e internacionales en todo lo que sean aplicables a la valuación masiva, por ejemplo:

De este último estándar son particularmente relevantes los aspectos vinculados a la calibración de los modelos y el aseguramiento de la calidad. 

Para alimentar los modelos automatizados, se requiere de un conjunto de valores de referencia estructurados y sistematizados en bases de datos geoespaciales y puestos a disposición a través de Observatorios del Mercado Inmobiliario (OMI). Debe hacerse un enorme esfuerzo inicial para recopilar datos representativos de ventas de inmuebles en el mercado inmobiliario a través de Internet, empresas del sector, profesionales especializados, bancos e incluso tasaciones individuales, caso éste que procura obtener cobertura en zonas dónde se han podido obtener valores de mercado por otros medios. Dicho esfuerzo de recopilación de datos puede estar distribuido cuando aportan al observatorio directamente otros actores, sean colegios profesionales, organismos estatales, cámaras inmobiliarias, etc., para lo cual se recurre a la estrategia ganar-ganar, es decir dónde todas las partes involucradas obtienen beneficios. Un notorio ejemplo de este tipo de estructuración y estrategia es el OMI de la Provincia de Córdoba, el cual dispone datos de aproximadamente 6.000 inmuebles rurales, 14.000 parcelas sometidas al régimen de propiedad horizontal, 30.000 inmuebles edificados y 46.000 inmuebles baldíos a mayo del 2026 (IDECOR, 2026). 

Los mercados suelen ser inestables y muy fluctuantes en respuesta a eventos económicos de diversa naturaleza, además de poco transparentes. Esta situación genera una asimetría de información que tiene un impacto directo en la transacción de bienes, además de causar especulación, disparidad entre precios y valores, demoras en el tiempo de venta y dificultad en el acceso a la vivienda, entre otros problemas. Si consideramos que la opacidad del mercado tiene su origen principalmente en una falta de visibilidad, una solución evidente a esta problemática es centralizar toda la información y tratarla como dato abierto de libre disponibilidad y acceso a través de un OMI, el cual además vendría a cumplir funciones que van más allá de lo tributario, para todas las personas y organizaciones que necesiten conocer valores de referencia aproximados al valor del mercado, sean inmobiliarias, empresas, bancos u organismos del estado. 

En todo el flujo para generar la actualización de valores catastrales, desde la captura de los datos de mercado pasando por el entrenamiento y la generación de MVA y la evaluación de la calidad hasta la obtención de resultados finales, debe priorizarse la transparencia y la interpretabilidad sobre el concepto tradicional de “caja negra”. La IA Explicable (XAI) y técnicas como el análisis de importancia de características y los algoritmos interpretables contribuyen a revelar cómo las entradas afectan las salidas, identificando sesgos y errores (Renigier-Bilozor, M., et. al.,2025). Cabe aclarar que la interpretabilidad es el grado en que una persona puede entender la causa de una decisión, mientras que la explicabilidad va un paso más allá y analiza cómo la IA ha llegado a dichos resultados (IBM, 2026). 

La XAI funciona a través de dos caminos principales: 1) para los algoritmos relativamente simples y, por ello, inherentemente interpretables como árboles de decisión y regresión lineal se utiliza la técnica LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations), que determina aquellas variables que tuvieron mayor peso en la predicción; y 2) para algoritmos complejos que no son intrínsecamente interpretables, como random forest o redes neuronales se emplea la técnica SHAP (Shapley Additive exPlanations), que se basa en la teoría de juegos para asignar a cada variable explicativa del valor su contribución a la predicción y, más precisamente, TreeSHAP cuando se utilizan modelos de bosques (Komisarczyk, K. & Maksymiuk, S., 2001). En síntesis, estas técnicas permiten dar el paso de “confíe en la máquina” a uno de “éstas son las razones de su valor”, lo cual contribuye a auditar y transparentar el flujo de trabajo y a la defensa ante los reclamos de los ciudadanos. 


Bibliografía consultada y referencias: 

Coronado García, Beatriz (2025). Big data e inteligencia artificial. Fundamentos, tecnologías y aplicaciones reales. Ed. Alfaomega – RA-MA.  

IBM (2026). ¿Qué es la IA explicable?https://www.ibm.com/es-es/think/topics/explainable-ai 

Infraestructura de datos espaciales de la Provincia de Córdoba (IDECOR) (2026). Geoservicioshttps://www.mapascordoba.gob.ar/#/geoservicios 

International Federation of Surveyors (FIG) (2023). FIG Commission 9, Valuation and the Management of Real State, Work Plan 2023-2026https://www.fig.net/organisation/comm/9/workplan_23-26.asp#9.3

Komisarczyk, K. & Maksymiuk, S. (2001). treeshap – explain tree-based models with SHAP values, en R-Bloggers, https://www.r-bloggers.com/2021/01/treeshap%E2%80%8A-%E2%80%8Aexplain-tree-based-models-with-shap-values/ 

Renigier-Bilozor, Malgorzata; Ache, Peter; Dimopolous, Thomas & Janowski, Artur (2025). FIGuring the Future:  AI and AVMs Transforming Property Valuation, FIG Working Week 2025, Brisbane, Australia, https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2025/papers/ts03i/TS03I_renigier-bilozor_ache_et_al_13429.pdf 

Solano, M.; Estévez E. & Peralta, A. (2025). Guía para el uso de la IA en el sector público en Argentina. Documento del CIPPEC, Programa Estado y Gobierno,  https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2025/05/Guia-para-el-uso-de-IA-en-el-sector-publico-en-Argentina_2025.pdf

lunes, 23 de marzo de 2026

Publicación de la FIG sobre resiliencia climática

Muchos países se ven afectados por desastres como inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra, pérdida de tierras cultivables por degradación, aumento del nivel del mar y otros fenómenos extremos con graves repercusiones sobre la sociedad, la economía, la infraestructura y el ambiente en el que impactan. La publicación destaca el papel de los profesionales de la agrimensura y los sistemas de administración del territorio en el diseño de acciones, métodos y herramientas prácticas que surgen de la integración y análisis entre los datos catastrales y otros datos geoespaciales relevantes, destinados a fortalecer la evaluación de riesgos, la planificación y la capacidad de respuesta.

Para tal fin se han identificado unas 16 acciones que permiten abordar la resiliencia climática y que abarcan distintos aspectos profesionales, técnicos, sociales y gubernamentales como, por ejemplo, los estándares y la ética profesional; las herramientas e innovaciones disponibles (incluyendo datos de observación de la tierra, inteligencia artificial geoespacial, modelos digitales, etc.); la evaluación de la calidad de los datos; la utilización en contexto de los sistemas y datos catastrales y territoriales; el fortalecimiento de la gobernanza del territorio, los acuerdos interinstitucionales y sus efectos en la capacidad de respuesta de los gobiernos; y la educación, capacitación y desarrollo profesional continuo, entre otros.  

Con todo ello se busca ampliar las capacidades de los profesionales y del sector del territorio en general, junto a un fortalecimiento de los marcos institucionales, que permitan ofrecer respuestas efectivas ante el cambio climático a nivel global, nacional y local, desarrollando acciones, metodologías y prácticas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otra parte, todo esto demanda una sólida educación y formación especializada que es imperativa para desarrollar soluciones efectivas aplicables a diferentes contextos territoriales y sociales.


Asimismo la publicación enfatiza que se deben abordar los desafíos y las brechas en la resiliencia climática, asociadas a una falta de capacidades que tienen que ver principalmente a que los sistemas de administración del territorio no están adaptados para la gestión de riesgos y la atención de emergencias; que la coordinación interinstitucional entre los organismos catastrales, de gestión de recursos naturales y ambientales es muy débil (cuando no inexistente); que la capacidad financiera y el acceso a fondos verdes son limitados; que es insuficiente la documentación y el intercambio de soluciones contextuales; y que una buena parte de los desafíos están relacionados con la escala y con la integración de herramientas y acciones. 

Sobre este último aspecto, es fundamental observar la posibilidad de disponer conjuntos de datos interoperables en el marco de una infraestructura de datos espaciales (IDE), lo cual facilita los análisis preliminares y hasta detallados, sea para la gestión de riesgos como para la adaptación o mitigación de los mismos. La idea que a la base de información catastral se integren conjuntos de datos de áreas vulnerables, aplicaciones de sensores de observación de la tierra, datos sobre la valuación de inmuebles y zonificación / planificación del territorio. Por otro lado, y en esta línea, se abre un amplio abanico de posibilidades de investigación para desarrollar y calibrar modelos de IA aplicables a la resiliencia climática. 

El contenido de la publicación consta de un prólogo, un resumen, cinco capítulos, el primero dedicado a una introducción titulada agrimensura para la resiliencia climática: acciones prácticas; el segundo sobre fundamentos de agrimensura para la resiliencia climática; el tercero relacionado a las áreas focales para la resiliencia climática; el cuarto dedicado a los roles de los organismos internacionales vinculados con la profesión; y el quinto contiene las conclusiones. Para concluir al documento se agregan un conjunto de referencias útiles y notas sobre los autores. 

Para completar esta reseña, es oportuno abordar las conclusiones que condensan una serie de consideraciones y reflexiones de mucha relevancia para el futuro. Al respecto, se menciona que si bien los gobiernos desempeñan un papel de liderazgo, el sector privado, el mundo académico, los organismos nacionales e internacionales y la industria que crea nuevas herramientas y métodos analíticos, son claves para realizar estudios y proponer soluciones en torno a la resiliencia climática. La acción climática comprende a la tecnología, la gobernanza y las personas, lo que en contexto significa salvaguardar los derechos de propiedad, los medios de vida y el medio ambiente de las personas. 

Por otro lado, la publicación habla de rediseño de sistemas de administración del territorio, aunque sin mencionar específicamente cual es el alance de ese término, no obstante es posible interpretar que las acciones climáticas demandan atender y evaluar el estado de los sistemas y datos catastrales y territoriales disponibles, para considerar su evolución de manera que permitan una rápida adaptación a contextos de uso que demandan no solo las tareas de planificación sino además la forma de asistir a las emergencias y la evaluación de daños. 

Finalmente señalar que para apoyar la resiliencia climática, la profesión debe fortalecer sus estándares profesionales, a lo cual agregaría el trabajo interdisciplinario. En la medida que surgen nuevas tecnologías y procesos, son fundamentales la evaluación de la calidad y el desarrollo de nuevas herramientas para la captura de datos. Esto significa además adoptar la IA y el aprendizaje automático dirigidos por el conocimiento profesional, para reforzar el rol estratégico del agrimensor como actor en la producción de evidencia científica, técnica y territorial que respalde decisiones informadas, éticas y defendibles para la adaptación y mitigación del cambio climático. 

La publicación se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://fig.net/news/news_2026/02_pub85_climate-action.asp