Cuando se abordan proyectos de mejoramiento y
desarrollo institucional en las áreas de catastro y registro, es usual que
surjan tensiones entre los valores sociales y económicos. Los primeros se basan
en aspectos tales como la justicia social, el acceso a la tierra, la seguridad jurídica,
los derechos humanos, la responsabilidad institucional y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS). Los segundos en lógicas de mercado asociadas a la
fiscalidad inmobiliaria e impuestos relacionados al patrimonio.
Los valores sociales aportan beneficios intangibles que no pueden medirse o cuantificarse en términos monetarios -con excepción del ahorro de costos-, a diferencia de los valores económicos que pueden predecirse y monetizarse. Para adoptar enfoques consistentes para los objetivos y consecuentes actividades y resultados de los proyectos de desarrollo y mejora institucional, deben combinarse e integrarse adecuadamente las métricas cualitativas y cuantitativas. A tal fin, debemos ver a lo social y lo económico como la filosofía taoísta del ying y yang, la cual se apoya en un opuesto necesario para existir, en la interdependencia entre elementos y en el equilibrio dinámico en el que dentro de un elemento hay partes del otro. Es decir que lo social y lo económico son en realidad valores que se complementan, que dependen el uno del otro y son armónicos.
En cuanto al análisis económico que es utilizado para
la preparación de un proyecto, incluyendo su impacto fiscal, sus efectos en
distintos grupos de la sociedad y la determinación de los factores de riesgo
que plantea su ejecución, existen herramientas o metodologías para abordar
ambos valores con la finalidad de evaluar las intervenciones. Por un lado, tenemos
el análisis costo-efectividad (ACE) que compara los costos con los resultados
esperados determinados en unidades físicas (ej.: títulos de propiedad
entregados o hectáreas de bosques en conservación en áreas protegidas) y, por
otro, el análisis costo-beneficio (ACB) que también compara los costos con los
resultados esperados pero en valores monetarios. El ACE es muy útil para asignar
un “precio” a las mejoras que derivan en una mejor calidad de vida de las
personas, en una mejor gestión de las zonas urbanas y rurales, del medio
ambiente y de los riesgos ocasionados por fenómenos físicos, geológicos o
climáticos.
La elección de la herramienta dependerá naturalmente de los objetivos del proyecto y de la viabilidad de asignar un valor económico a los resultados. El ACE se utiliza cuando el objetivo no es hacer una diferencia económica entre lo que se invierte y los resultados, siendo éstos intangibles aunque formen parte de los objetivos de una determinada política pública, por ejemplo, transformar un problema social en una situación deseable; en tanto que el ACB se emplea cuando es necesario justificar un capital invertido en un retorno financiero tangible. Igualmente debe tenerse en cuenta que el ACE y el ACB es común integrarlos en caso de necesidad como enfoques complementarios en forma de una evaluación integral para establecer si un proyecto es o no es viable.
Como resumen de lo expresado, los valores económicos y
sociales en el ámbito de la administración del territorio, pueden ser
diferenciados por su lógica y racionalidad, por los resultados que produce, por el tipo de análisis económico a aplicar, por
su capacidad de medirlos, por los actores que los respaldan y por los objetivos
a los que se orientan. En el siguiente cuadro se sintetizan estas
consideraciones.
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Valores sociales |
Valores económicos |
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Aspectos |
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Lógica y racionalidad |
Los rige una racionalidad limitada, son subjetivos, dependientes del
contexto y son dinámicos y fluidos. |
Los rige la lógica de mercado, son objetivos, medibles y predecibles. |
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Resultados |
Intangibles / inmateriales |
Tangibles / concretos |
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Análisis económico |
Costo-efectividad |
Costo-beneficio |
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Capacidad de medición |
Compleja y multidimensional, se expresa en unidades. |
Simple, se expresa en términos monetarios. |
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Actores que respaldan |
Incluyen a gobiernos, ONG, comunidades (autogestión), asociaciones de
protección, etc. |
Bancos, desarrolladores, inmobiliarias, etc. |
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Objetivos |
Formalidad, seguridad jurídica, medio ambiente, gestión de riesgos, ODS,
etc. |
Fiscalidad inmobiliaria, impuestos al patrimonio, plusvalías |
Debemos observar que, en muchos casos, los valores económicos son los que justifican la viabilidad de las intervenciones o proyectos, a través de la generación de ingresos suficientes que permitan devolver en todo o en parte el capital invertido. Para tal fin, se emplean distintos instrumentos como el período de recuperación de la inversión, el valor actual neto o la tasa interna de retorno, entre otros. En tanto que los valores sociales surgen como consecuencia de los usos no tributarios de la información catastral en aplicaciones tales como: la regularización del dominio / tenencia, la planificación del uso del suelo, la determinación de áreas de protección ambiental, el desarrollo de infraestructuras (redes de servicios), la gestión de riesgos ante desastres, etc.
En las cuestiones relacionadas con el desarrollo deben estar bien equilibrados los valores sociales con los valores económicos, los primeros se centran en la generación de riqueza y la creación de bienes y servicios, mientras que los segundos contribuyen a que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible. En este marco, los catastros deben actuar como nexo entre las políticas públicas y su ejecución física en el territorio, para lo cual es preciso tener en cuenta los usos multipropósito de la información catastral y su integración dentro del entorno más amplio de la gestión del territorio.
Por último, remarcar que los valores sociales están anclados en la colaboración de los beneficiarios directos, priorizando sus necesidades y las de las comunidades en general. Fomentando su participación se debe apuntar a que los proyectos además de ser económicamente viables, sean ambientalmente sostenibles y socialmente legítimos. En cualquier caso, maximizar los beneficios en diferentes áreas, niveles de gobierno y actores sociales aporta una comprensión mayor de la complementariedad entre valores que es fundamental para mejorar la consistencia de los proyectos de administración del territorio.
Bibliografía consultada:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (s/f). Evaluación de proyectos para alcanzar efectividad en el desarrollo. Costo Beneficio y Costo Efectividad – Descripción general, https://www.iadb.org/es/quienes-somos/resultados-y-efectividad/efectividad-en-el-desarrollo/evaluacion-de-proyectos/analisis-costo-beneficio-efectividad
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2015). Herramienta para formular, monitorear y evaluar los Programas de Administración de Tierras en América Latina. Módulo 5: Análisis Económico, Financiero y Fiscal (AEFF), https://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/modules/module-5/conceptual-framework/the-importance-of-ffea/es

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