Guía sobre datos abiertos para una mejor gobernanza del territorio

Este lanzamiento se produce como parte de la Open Government Week (OGW), un llamado a la acción para transformar la forma en que los gobiernos sirven a sus ciudadanos. La publicación fue preparada por Land Portal y producida con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). 

El término gobernanza del territorio se refiere a la forma de gobierno que fortalece a las instituciones encargadas de administrar y desarrollar políticas públicas en materia de derechos de propiedad pública, individual, informal y comunitaria, tributación inmobiliaria, planeamiento, infraestructura y manejo de recursos naturales, cuyo objetivo es el logro de un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado. 

La Guía es un recurso destinado a los gobiernos de los países en desarrollo para recopilar y divulgar datos catastrales y territoriales a fin de mejorar su calidad, disponibilidad, accesibilidad y uso para mejorar la participación ciudadana, la toma de decisiones y la innovación. El documento estructurado como un documento abierto establece: 

1. los conjuntos de datos claves para transparentar la gestión del territorio, y su compilación, almacenamiento, integración y publicación para mejorar la gobernanza del territorio;
2. las buenas políticas y lineamientos para la gestión de los datos, incluidos metadatos y estándares;
3. las brechas y los desafíos existentes en el marco social y político institucional; y
4. una serie de casos con ejemplos de la vida real para ilustrar el impacto potencial y la transformación que este tipo de datos puede proporcionar en contextos locales.

Entre los datos indicados en el punto 1, la guía establece lo siguiente: parcelas catastrales; parcelas de comunidades indígenas; ocupaciones informales; espacio público e infraestructura; recursos mineros; recursos naturales; valor de mercado del suelo; valor catastral; uso del suelo y zonificación; inventario de tierras públicas; límites políticos y administrativos; censo de población y vivienda e indicadores económicos; censo agrícola; y datos claves para la gestión de emergencias y el cambio climático. 

Respecto a las buenas políticas la guía refiere al uso del Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF), el Marco para una Efectiva Administración del Territorio (FELA) y, de manera complementaria, los datos geoespaciales fundamentales globales que constituyen los pilares para desarrollar y fortalecer la infraestructura de información geoespacial de un país. A través de esa herramienta, se busca dar apoyo a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, junto a sus 17 objetivos y a sus políticas marco como el IGIF. En esta línea es relevante además el diseño de instrumentos, como aquellos relacionados a licencias abiertas para la publicación de datos no personales en formatos estándares, lo cual permite su reutilización por parte de toda la sociedad. En la actualidad varios países recomiendan el uso de licencias internacionales de Creative Commons, o bien aquellas diseñadas especialmente por los gobiernos para abrir los datos producidos por las Administraciones Públicas.

En materia es estándares, es fundamental el Modelo en el Dominio de la Administración del Territorio, plasmado en la norma internacional ISO 19152:2012, cuyo principal propósito es definir un modelo de referencia que cubre los componentes básicos de los sistemas catastrales y registrales; y los estándares desarrollados por el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC, Open Geospatial Consortium), que permiten que los datos sean accesibles, fáciles de reutilizar e interoperables. Como ejemplos, podemos mencionar los servicios e interfaces Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) y el formato Geography Markup Language (GML).  

En cuanto a las brechas y desafíos existentes la guía menciona varios aspectos entre los que cuenta el tema de las reformas necesarias que, sin voluntad política y sin un marco regulatorio convenientemente desarrollado, la apertura de los datos es muy arriesgada. Además si no hay beneficios claros que repercutan en una mejor gobernanza y que los datos de los ciudadanos se encuentren bien protegidos, cualquier iniciativa de cambio puede verse frustrada. 

En ese sentido, incrementar la confianza es una cuestión fundamental, ya que hay que ofrecer garantías a los ciudadanos que su privacidad y seguridad estén protegidas. La falta de transparencia afecta desproporcionadamente a las personas vulnerables y grupos marginales de la sociedad, particularmente las mujeres, los grupos étnicos y otras minorías. 

Si bien la mejora en el acceso a los datos de gobernanza del territorio contribuye a mejorar la equidad y la lucha contra la corrupción, pueden potencialmente producirse resultados negativos. Cuando el acceso a los datos catastrales y territoriales es desigual, puede ocasionar un acaparamiento de tierras y recursos, ya que los grupos de poder quedan en ventaja al poder acceder y analizar con facilidad esa información, a expensas de los grupos vulnerables como las comunidades indígenas. Por ello, es muy importante que las autoridades gubernamentales dispongan de una infraestructura legal y de políticas operativas para gestionar estos problemas.   

A partir de la creciente disponibilidad y uso de las tecnologías de geo-información, varios organismos públicos, empresas privadas e investigadores académicos han ampliado la cantidad de datos geoespaciales. Los gobiernos nacionales, sub-nacionales y locales y el sector privado capturan datos en el territorio de manera permanente y luego los comparten, lo cual reduce la duplicación de esfuerzos y la infrautilización de esos datos que se crean a un costo y esfuerzo considerables. Por ello, es muy importante que esos conjuntos de datos sean accesibles formalmente a través de sitios y servicios web, para permitir su explotación y reutilización de manera abierta por todos los sectores de la sociedad.  

Pero para que esto sea posible, es preciso instrumentar políticas para incrementar la capacidad analítica de los potenciales usuarios. En la medida que se incremente el volumen de datos abiertos, es indispensable desarrollar paralelamente capacidades para analizar los datos y aplicar los resultados en la toma de decisiones. Por ello, la capacitación y formación de usuarios para adquirir habilidades analíticas y de ciencia de datos, tanto del sector público como del sector privado, debe ocupar un lugar central en la estrategia para abrir los datos y mejorar la gobernanza. 

La Guía también está destinada a ayudar a las comunidades a monitorear si se están respetando las protecciones ambientales y apoyar las reclamaciones de derechos sobre áreas del territorio habitadas durante generaciones; y para que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer uso de los datos de gobernanza del territorio para comprender los patrones de las transacciones inmobiliarias, apoyar la promoción ambiental y social, e investigar y abordar la corrupción. 

El rápido progreso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) conlleva tanto nuevas oportunidades como nuevos desafíos para los diferentes sectores y actores que adoptan las nuevas soluciones. Desde mediados de la década de 2000, la comunidad global de gobernanza del territorio ha puesto a prueba una serie de iniciativas de transparencia y datos abiertos basadas en gran medida en dichas innovaciones digitales, con el objetivo de aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y contrarrestar la corrupción en el sector tierras, tanto a nivel local como global. 

En definitiva, los datos abiertos sobre la gobernanza del territorio publicados de acuerdo a leyes y marcos regulatorios específicos y dentro de un adecuado marco político e institucional, tienen el potencial de brindar servicios gubernamentales eficientes que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. 

El contenido completo de la Guía se encuentra disponible en: https://landportal.org/node/99705

Marco Integrado de Información Geoespacial

Este documento es un aporte de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que fue desarrollado con la finalidad de proporcionar una referencia para los países de ingresos bajos y medios, a efectos de fortalecer los acuerdos nacionales y sub-nacionales en materia de gestión de los recursos de información geoespacial. 

No obstante, dado que el Marco Integrado de Información Geoespacial (en adelante, IGIF por sus siglas en idioma inglés Integrated Geospatial Information Framework) es una obra viva y, por lo tanto, susceptible de adaptarse a los cambios, es evidente que los países desarrollados también recibirán los beneficios de la naturaleza estratégica que tiene el IGIF. 

Dicha naturaleza es la que posibilita la preparación e implementación de planes de acción específicos para cada país. Los beneficios directos de este trabajo tienen repercusión en la administración de las infraestructuras de datos, en la puesta en práctica de soluciones integradas para la toma de decisiones basadas en la evidencia y en el óptimo aprovechamiento de sistemas nacionales y sub-nacionales de información adaptados a las situaciones y circunstancias propias de cada país.

El IGIF ofrece un contexto del porqué debe fortalecerse la gestión de la información geoespacial y porqué es un elemento crítico y clave para el desarrollo social, económico y ambiental de los países. Tiene su centro en el papel de la información en la era digital y en la economía del conocimiento, y en cómo la información es parte integral de las funciones gubernamentales en todos los niveles. 

El IGIF está estructurado en base a tres partes separadas pero conectadas. La Parte 1 está referida al Marco Estratégico General, que tiene fundamento en las necesidades propias de cada país y establece el contexto asociado para el desarrollo de políticas en la materia, el cual se apoya en siete principios básicos, ocho objetivos y nueve vías estratégicas (ver tabla), que conducen a determinar el enfoque territorial tomando en cuenta las circunstancias, prioridades y perspectivas nacionales. 

La Parte 2 proporciona una guía de implementación, que es un documento detallado con las orientaciones y acciones específicas que se deben tomar para implementar el IGIF. Dicha guía comprende referencias, buenas prácticas y principios específicos, de tal manera que la transformación sea visible y sostenible. 

La Parte 3 trata sobre los planes de acción para poner en práctica el IGIF, los cuales deben incluir elementos tales como el impacto económico, el valor de los sistemas de información geoespacial, la identificación de las necesidades y prioridades de inversión, la implementación en secuencia a través de la identificación de actividades a corto, mediano y largo plazo, y las posibles fuentes de financiamiento.

             Fuente: UNGGIM (2020). Marco Integrado de Información Geoespacial.

En definitiva, el IGIF constituye una ayuda y referencia universal para alinear la agenda de los países con las de Desarrollo Global. Actualmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana y las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, entre otras, son las que trazan los lineamientos mundiales para armonizar las políticas de desarrollo vinculadas al territorio, para las cuales la información geoespacial ofrece una ayuda inestimable para evaluar, medir y monitorear los avances, como así también para dar cumplimiento a las metas de las iniciativas globales. 

Finalmente resulta oportuno remarcar que el rol de la información catastral en este contexto, se encuentra relacionada con el hecho de que las parcelas y las construcciones forman parte de los 14 temas globales fundamentales, por lo que son la base de referencia para delinear políticas generales como las contenidas por el IGIF que apuntan, entre otros fines, a la integración de dichos recursos a través de estándares y diversos aspectos de la interoperabilidad. 

Asimismo dada la importancia que tienen los sistemas catastrales y registrales en el desarrollo de los países, se ha creado un Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Administración y Gestión del Territorio, cuyos objetivos son desempeñar un papel de liderazgo a nivel de políticas para aumentar la conciencia y resaltar la importancia entre los tomadores de decisiones de la necesidad de una administración y gestión del territorio oportuna y adecuada; y fomentar el uso de herramientas y sistemas de información geoespacial para mejorar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos del mundo con respecto al registro de la relación entre las personas y el territorio a través de derechos. 

El documento completo del IGIF se encuentra disponible en español en: https://ggim.un.org/IGIF/documents/PARTE_1_MARCO_%20ESTRATEGICO_GLOBAL.pdf

Plan de Catastro Urbano UTJAWI 2021- Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) del Perú

COFOPRI es un organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que tiene a su cargo el diseño, la ejecución y el control del proceso de formalización de la propiedad inmobiliaria, y que comprende el saneamiento físico-legal, la titulación, la formación del catastro predial urbano y la transferencia de conocimientos y capacidades a los Gobiernos Locales. 

En resumen, el objetivo fundamental de la institución es suministrar apoyo técnico a los municipios provinciales y distritales que no han podido realizar el proceso de levantamiento catastral en su jurisdicción, transfiriendo las capacidades necesarias para que los Gobiernos Locales asuman la responsabilidad por su mantenimiento y actualización.   

Siendo el catastro distrital una función específica y exclusiva de los municipios, de acuerdo al sub-numeral 3.3 del numeral 3 del art. 79 sobre Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, de la Ley N° 27972 Orgánica de las Municipalidades, solo puede ser delegada mediante Convenio según el art. 76 de la misma Ley, instrumento de colaboración interinstitucional que establece tanto la modalidad como el tiempo de delegación, así como las condiciones y causales para su revocación.

Por otro lado, la Ley N° 30711 que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal, en su art. 4 sobre Catastro Urbano de Capitales de Provincia y Distritos, establece que COFOPRI a solitud de las municipalidades diseña, implementa gestiona y ejecuta de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o actualización catastral dentro de la jurisdicción correspondiente, además de todas las acciones necesarias para la generación, modernización, conservación y actualización de un catastro urbano nacional.

Dentro de ese marco legal, COFOPRI ha desarrollado el Plan de Catastro Urbano 2021 UTJAWI, que en idioma Aymara significa hogar o residencia, y cuyo objetivo principal es incrementar la cobertura del catastro urbano a nivel nacional, considerando varios distritos ubicados en los departamentos de Cajamarca, Junín, Ica, La Libertad, Lima, San Martín y Madre de Dios y que comprende un alcance aproximado de 130.882 unidades catastrales para el presente período fiscal (COFOPRI, 2021). 

En cuanto a los objetivos específicos se mencionan la ejecución del catastro en los ámbitos priorizados para generar una base de datos que brinde información territorial actualizada y se utilice como herramienta de gestión; la implementación de los procedimientos de levantamiento catastral adecuándolos a la emergencia sanitaria; y efectuar el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos beneficiarios para dar continuidad a las actividades catastrales, de acuerdo a la normatividad vigente (COFOPRI, 2021).

Cabe agregar que el propósito del Plan se encuentra alineado con el Plan Estratégico Multianual 2016-2021 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene dentro de sus objetivos disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana, el cual está orientado a reducir la informalidad existente en la tenencia de predios urbanos, a través de la titulación y así generar derechos de propiedad inmueble con seguridad jurídica. Sobre esta base se vincula y desarrolla el Objetivo Estratégico Institucional N° 02 “Incrementar la información catastral urbana para la eficiente gestión de los inmuebles en beneficio de los ciudadanos” con el objeto de aumentar el valor del indicador “Porcentaje de unidades catastrales urbanas que se encuentran registradas en la base de datos catastrales”, establecidos en el Plan Estratégico de COFOPRI 2019-2023.   

El documento del citado Plan de Catastro Urbano, indica en el diagnóstico situacional que según información del Registro Nacional de Municipalidades de 2018, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de las 1872 municipalidades el 44.4% no ha realizado levantamiento catastral, en tanto que el restante 55.6 % si lo ha hecho, aunque de ese porcentaje solo un 29.3% ha realizado actualizaciones y el 70.7% remanente no han sostenido los resultados de la implantación del catastro. Esto arroja un número aproximado de un 85 % de Gobiernos Locales que no disponen de catastro o, que aun teniéndolo, no es completo ni se utiliza.   

Dentro de ese universo, COFOPRI ha identificado problemas en aspectos técnicos, normativos, políticos y de difusión y comunicación, entre los que cabe mencionar la falta de mantenimiento; de personal calificado; de normas técnicas sobre procesos catastrales adecuadas a lo regulado por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios (SNCP); carencia de normatividad referida a incentivos para dotar de sostenibilidad económica al catastro; desconocimiento de los usos, aplicaciones y beneficios del catastro en los diferentes niveles de gobierno; escaso conocimiento de la ciudadanía e insuficiente apoyo a los municipios con programas de sensibilización social para incrementar la cultura tributaria (COFOPRI, 2021).  

Respecto a la estrategia de la intervención, los compromisos de COFOPRI son ejecutar el levantamiento catastral en el ámbito urbano de los distritos priorizados, entregar a los Municipios la base de datos gráfica y alfanumérica, proporcionar acceso a la Plataforma Única de Catastro Multipropósito Geo Llaqta, y capacitar al personal municipal para las actividades de mantenimiento catastral, entre otros. 

Por otro lado, los compromisos de los Municipios son implementar un espacio físico para desarrollar las actividades del proyecto de levantamiento catastral y la atención de consultas, implementar las medidas de seguridad necesarias, ejecutar el plan de comunicaciones para garantizar la participación de la población involucrada, implementar los procesos de mantenimiento catastral, mantener el recurso humano capacitado, y remitir al COFOPRI la información gráfica y alfanumérica de los predios intervenidos resultantes del proceso de mantenimiento y/o actualización para la migración a la Plataforma Única de Catastro Multipropósito.

Fuente: http://catastro.cofopri.gob.pe/geollaqta/

Las actividades del Plan de Catastro Urbano muy resumidamente se encuentran divididas en las siguientes componentes:

• generación de información catastral para la gestión municipal que incluye el planeamiento, seguimiento y supervisión; la generación de información cartográfica; el levantamiento de información de campo; y el procesamiento, control de calidad y migración de la información catastral urbana; y

• fortalecimiento de capacidades, que incluye el dictado de talleres especializados en modalidad virtual y taller de cierre del proyecto; la supervisión de las actividades catastrales para monitoreo de las actividades de campo y gabinete, y el establecimiento de un sistema de control de calidad para los procesos de captura de datos y conversión a formato digital de la información. 

Finalmente, el Plan prevé un sistema de seguimiento y evaluación, que tiene por finalidad monitorear el avance de las actividades y el seguimiento de los indicadores, así como evaluar los problemas que vayan surgiendo y adoptar las estrategias o formas más apropiadas para resolverlos.

 

Fuentes y legislación consultada: 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CENPLAN) (2016). Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM – Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016-2021), https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-estrategico-sectorial-multianual-pesem-vivienda-construccion-y-saneamiento-2016-2021/ 

Diario Oficial El Peruano (2017).  Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal, https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-establece-medidas-complementarias-para-la-promocion-ley-n-30711-1602018-2 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2007). Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4E208859347F437C05257B830064FAA9/$FILE/DS_025-2007_VIVIENDA.pdf 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) (2021). Resolución Directoral N° 000044-2021-COFOPRI-DE, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1691884/RD%20N%C2%BA%20D000044-2021-DE.pdf.pdf 

Sistema Peruano de Información Jurídica (2019). Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley N° 27972, https://www.gob.pe/pl/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/229447-27972

Nuevo parcelario rural ajustado en Uruguay

La Dirección Nacional de Catastro del Uruguay ha publicado en el Catálogo de Datos Abiertos el parcelario rural ajustado, que incluye los departamentos de Flores, Montevideo y Maldonado.

La Licencia de Datos Abiertos-Uruguay Versión 0.1, permite usos comerciales y no comerciales, y autoriza la reproducción, distribución, publicación, adaptación, transformación, comunicación y puesta a disposición del público mediante cualquier forma o procedimiento; fusionados con datos propios y de terceros, pudiendo combinarse para formar conjuntos de datos nuevos e independientes; integrados en los procesos de negocio, productos y aplicaciones internas y externas en las redes electrónicas públicas y privadas. 

La capa de parcelas si bien tiene alcance a todo el territorio del país, en dichas jurisdicciones solamente se ha realizado -a la fecha- un ajuste geométrico, tomando como referencia un mosaico de ortoimágenes, que se ha elaborado a partir del proyecto de adquisición de imágenes digitales de cobertura nacional. Dicho proyecto fue supervisado por la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y la Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay (IDEUy).

 

Visualización de una porción del parcelario continuo rural, superpuesto al servicio de mapa base Google Satellite.

Información de prensa institucional señala que esta tarea comenzó en el año 2019 y su objetivo es la determinación territorial de las parcelas, de forma que sirva como fuente de información para la planificación y gestión a nivel nacional, no teniendo efecto jurídico alguno (Ministerio de Economía y Finanzas, DNC, 2021).

El citado mosaico de ortoimágenes, tuvo origen en un levantamiento fotogramétrico que cubrió completamente el territorio del país, para el que fue utilizada la cámara métrica digital UltraCam Eagle Prime. El tamaño del píxel en terreno (GSD) fue de 32 cm y la altura de vuelo aproximada de 7100 metros, totalizando un área cartografiada de 178.290 km². Las exactitudes planimétrica y altimétrica alcanzadas fueron de 1.00 y 1.50 m. respectivamente, con el 95% de confiabilidad (Consorcio TOPOCART, 2019). 

 

Fuentes consultadas:

 

Consorcio TOPOCART – Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S Ltda. AT S.R.L. (2019). Informe Técnico Final - Licitación Pública Internacional LPI N° 01/2015. Adquisición de Imágenes Digitales de Cobertura Nacional, https://visualizador.ide.uy/descargas/Documentos_IDE/Proyecto_de_produccion_y_control_de_informacion_geografica/Informe_Final_Topocart.pdf

 

Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Catastro (2021). Geocatastro. Nuevo Parcelario Rural, https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/nuevo-parcelario-rural

Expediente electrónico y firma digital

Bases y fundamentos

Uno de los aprendizajes más importantes que no dejó la pandemia del Covid-19 es la importancia de los trámites electrónicos. De hecho, varios organismos del sector en el país y en la región, han buscado acelerar la transformación digital como una respuesta a las restricciones impuestas por esta situación, en el entendimiento que estos procedimientos facilitan la continuidad administrativa y evitan “baches” en la prestación de servicios.

Las iniciativas de este tipo se enmarcan dentro de las ideas de Gobierno Electrónico o Gobierno Abierto, con la diferencia de que en el primero el énfasis está puesto en las herramientas tecnológicas para realizar procedimientos administrativos, en tanto que el segundo busca sobre la base de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), hacer una reestructuración del sector público produciendo las condiciones para potenciar la generación de valor agregado púbico y social. Afinando un poco más, el Gobierno Abierto está orientado a una Administración Pública (AAPP), en que los servicios de los organismos ofrezcan herramientas para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos. 

Pero para que estos cambios sucedan, es necesario que los gobiernos se apliquen en una política de Estado o estrategia jurisdiccional integral, que posibilite una mejor coordinación, cooperación interinstitucional y el mayor impacto posible en la sociedad. Digamos que estas políticas públicas deben estar establecidas para el largo plazo, aunque deben incluir iniciativas concretas para alcanzar resultados en el corto plazo. 

Los cambios que deben producirse para desarrollar las ideas de Gobierno Abierto son las siguientes:

• Cambio cultural: Enfoque de la AAPP al servicio del ciudadano.
• Cambio en los procesos: Todo aquello que no funcione, pueda evitarse o no agregue valor a un proceso debe eliminarse.
• Cambio en la organización: Enfoque en el desarrollo organizacional en materia articulación interna, política de mejora continua, capacitación de recursos humanos, diseño de puestos de trabajo, etc. 
• Cambio en las formas de relación: Acceso multi-canal a través de la web, e-mail, whatsapp, aplicaciones para la prestación de servicios, aplicaciones de telefonía móvil, etc.

En cualquier caso, de lo que se trata es de dar respuesta a las demandas de la sociedad por mejores servicios de las Administraciones Públicas (AAPP), y que trae consigo como signos más visibles servicios que hacen innecesaria la presencia física, los desplazamientos y la intermediación, incrementando la transparencia, agilidad, eficiencia y reduciendo el tiempo aplicado a los trámites.

Definiciones 

El Expediente Electrónico es el conjunto de documentos electrónicos que corresponden a un procedimiento administrativo. Dichos documentos son información almacenada en archivos digitales según un formato determinado y susceptible de ser identificados y tratados de forma diferenciada. Los documentos electrónicos se caracterizan por: el contenido, la firma digital y los metadatos, que es un elemento que proporciona contexto al contenido y la firma, aportando valor probatorio. 

La ley nacional N° 25.506 de firma digital, reconoce la utilización de la misma y su eficacia jurídica, de acuerdo a las condiciones establecidas en esa norma legal. En su artículo 2 la define como: el “resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.”

La importancia de la firma digital radica en que puede ser utilizada para realizar trámites ante organismos públicos, entre otras aplicaciones, para autenticar la identidad del firmante en sistemas informáticos.

 

Para disponer de una firma digital son necesarias dos claves vinculadas entre sí, una de las cuales es privada y la otra pública. La primera está protegida por una contraseña que sólo conoce el titular, y la segunda tiene como finalidad que el destinatario verifique la firma realizada por la persona. La clave pública está incluida en un certificado digital, que es un documento emitido por un órgano certificador que asegura que la firma corresponde a una determinada persona. Por esta razón, para registrar una firma digital es necesario la intervención de un certificador (tercera parte) y la presentación física ante éste para constatar la identidad, luego de lo cual el interesado recibirá el certificado digital que le permitirá firmar digitalmente sus documentos electrónicos. Los entes licenciantes son organismos gubernamentales. 

Trámites on line en los organismos catastrales del país

 

En varias provincias se realizan trámites completamente on line, ya sea para la emisión de certificados catastrales como para la tramitación de la verificación del estado parcelario y planos de mensura y, en algunos casos, otros trámites. La lista de ejemplos dada a continuación no es taxativa. 

La Dirección General de Catastro de Córdoba ha desarrollado una aplicación denominada “Presentación Digital de Mensura”, que permite a los profesionales realizar las tareas necesarias para la confección de mensuras y su registro en el organismo. Esta herramienta informática está compuesta por varios módulos que tienen las siguientes funciones: consultar y descargar antecedentes, confeccionar los planos, armado de la presentación, remisión de la documentación digital y seguimiento del trámite a través de la web. Para ampliar, los interesados pueden consultar la guía “¿Cómo realizar la presentación digital de Mensuras?”. Además el organismo dispone de una aplicación dentro de su Sistema de Información Territorial, para la emisión de certificados catastrales con trámite 100% digital. 

La Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de Neuquén por Disposición 56/2019, aprobó un procedimiento para la generación del trámite del certificado catastral vía web. Asimismo por Disposición 127/2019, sustituyó el certificado de verificación de subsistencia del estado parcelario (VEP) en formato papel por un documento electrónico firmado digitalmente. Ambas Disposiciones contienen en sus anexos instructivos detallados para la gestión de los trámites en todas sus etapas.

La Administración Tributaria de Mendoza a través del Catastro, también ha implementado una aplicación en su Oficina Virtual, para la gestión y emisión del certificado catastral digital.

El Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, ha desarrollado procedimientos on line para la actualización de mejoras, verificación del estado parcelario, registración de planos de mensura y emisión de certificados catastrales. Para el caso de los planos no se suprime totalmente el uso del papel, pero se reduce considerablemente. 

Para finalizar, la Dirección General de Catastro de Tucumán instrumentó la presentación de documentación técnica de manera digital para planos de propiedad horizontal, propiedad horizontal especial, división, unificación, prescripción adquisitiva y verificación-modificación del estado parcelario. Al respecto, la Resolución1064/2020 en su artículo 2, establece la eliminación total del trámite en papel para la presentación y registración de planos de mensura a partir del 15/08/2020, utilizándose a partir de esa fecha únicamente la firma digital para la suscripción de la documentación.

Fuentes consultadas:

 

Administración Tributaria de Mendoza – Catastro (2021), https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneTop/catastro/catastro.jsp

 

Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba (2021), https://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-finanzas/secretaria-de-ingresos-publicos/direccion-general-de-catastro/

 

Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de Neuquén (2021), http://www.dpcneuquen.gov.ar/HomePage.asp

 

Dirección General de Catastro de Tucumán (2021), http://www.catastrotucuman.gov.ar/

 

Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe (2021), https://www.santafe.gob.ar/index.php/content/view/full/104569

 

República Argentina, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2001, 2018). Ley nacional N° 25.506 de firma digital, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/texact.htm

 

República Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros (2021). Firma digital, https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/firmadigital

Asociación público-privada en la Administración del Territorio

Un documento preparado por el Banco Mundial (BM) aborda este contenido, con la finalidad de aportar una base de conocimientos y herramientas para construir capacidades, facilitando con ello a los gobiernos implementar asociaciones público-privadas (APPs) en los catastros y registros de la propiedad.

Es para destacar que el informe titulado: "Public-Private Partnerships in Land Administration: Analytical and Operational Frameworks" ha recibido el aporte de tres rondas globales de consultas, durante las cuales se recibieron comentarios, opiniones y retroalimentaciones de cerca de 100 participantes provenientes de la administración pública, el sector privado y la academia (World Bank, 2020).

Como muestra de un interés creciente por este asunto, aunque enmarcado en los países europeos, en el último encuentro anual 2020 de la Comisión 7 de la FIG se desarrolló una sesión especial sobre APPs y el rol del sector privado durante la recuperación. Esta actividad tuvo como objetivo revisar los principios generales para el uso de las APPs y discutir los resultados de una encuesta para determinar nuevos principios, como mecanismo para mejorar los servicios e infraestructura de los sistemas de administración del territorio (FIG, 2020).

El BM define a estos esquemas colaborativos como “un contrato a largo plazo entre una empresa privada y un organismo del gobierno para proveer un bien o un servicio público, en el cual la parte privada corre con los riesgos y responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al rendimiento“ (PPP Knowlege Lab, 2021).

Las APPs son más conocidas en el ámbito de la ejecución, financiamiento y gestión de obras de infraestructura (ver:https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua/asociacion-publico-privada). No obstante, los organismos del sector tienen características únicas y particulares, que permiten distinguirlos de aquellos encargados de desarrollar y mantener los tradicionales servicios públicos (agua, electricidad, caminos, etc.) como veremos seguidamente.

Las alianzas entre el sector público y privado dentro del marco de la administración del territorio, pueden tener alcances a datos, sistemas o servicios, o una combinación entre estos aspectos, como por ejemplo: actualización y mantenimiento de valuaciones catastrales; mejoramiento de la calidad de los datos; actualización de la infraestructura tecnológica; desarrollo e implementación de sistemas de gestión de expedientes y de servicios y aplicaciones web, entre otros.

Las APPs se desarrollan dentro de un marco en el que los gobiernos retienen la responsabilidad de las funciones públicas que tienen asignadas por mandato legal, por lo cual deben especificar los requerimientos y condiciones particulares para desarrollarlas, además establecer los mecanismos para el seguimiento, control y auditoría de los contratos, concesiones o licencias con las empresas privadas. Las regulaciones deben incluir explícitamente cuestiones tales como perfiles profesionales y competencias, indicadores para medir el desempeño, transferencia de conocimientos, responsabilidades de las partes y penalidades.

En cuanto a las ventajas de utilizar las APPs en la administración del territorio podemos decir que:

• aportan recursos económicos para introducir mejoras en la infraestructura tecnológica, servicios y actualización de datos;
• aportan conocimientos técnicos de gestión por procesos y evaluación y gestión de riesgos respecto a las inversiones;
• generan capacidad para incrementar la eficiencia operativa ahorrando costos, a través de prácticas de gestión propias de la empresa privada;
• promueven una mayor flexibilidad y diversidad en aplicaciones y servicios; y
• facilitan a las organizaciones mejorar la performance en cuanto a las necesidades de los usuarios internos y externos.

Es decir que los objetivos primordiales de las APPs son, por una parte, trabajar de manera más eficiente, eficaz y económica y, por otra parte, ofrecer servicios orientados al usuario/cliente, para lo cual es clave que las instituciones tengan bien identificadas sus necesidades y expectativas, lo cual se logra a través de una buena comunicación y receptividad con todos los actores, sean profesionales, empresas, ciudadanos y otras instituciones gubernamentales vinculadas al territorio.

Por otro lado, observando con detenimiento las ventajas de estos esquemas colaborativos, tenemos que la tecnología no es el único factor en la operación de cambios, sino además la falta de recursos financieros para, por ejemplo, invertir en gastos de capital para reemplazar los sistemas preexistentes. Otro elemento importante es la falta de recursos humanos, ya sea porque el personal es insuficiente para llevar adelante determinadas tareas o proyectos o bien, si se disponen, no cuentan con los necesarios niveles de especialización que, normalmente, no están disponibles en el sector público.

Asimismo debe comprenderse que no existe una solución de talle único, por lo que en cada caso y en cada país o jurisdicción sub-nacional, deben analizarse en profundidad el contexto social, económico, legal y gubernamental que permita determinar conceptos y procedimientos adecuados para las APPs. A tales efectos, deben considerarse estudios de pre-factibilidad y factibilidad, que proporcionan información fundamental para el desarrollo de los contratos, la definición de las estructuras colaborativas y de incentivos, y la definición de las medidas de mitigación de riesgos.

En definitiva, la participación del sector privado puede hacer una contribución efectiva al mejoramiento de los servicios a los usuarios y sociedad en general, aliviando problemas de financiamiento y restricciones presupuestarias, hechos que están cobrando actualmente mucha trascendencia por la crisis originada por el COVID-19, situación que ha debilitado las economías a nivel global con consecuencias directas en los ingresos de los gobiernos.

Al informe del BM puede accederse aquí. Contiene un Resumen Ejecutivo, y está dividido en las siguientes partes: (I) Marco Analítico, (II) Marco Operativo, (III) Matriz de Riesgos y (IV) Matriz de Orientación de Gobernanza. 

 

Fuentes consultadas y referencias:

PPP Knowlege Lab (2021), https://pppknowledgelab.org/

República Argentina. Ministerio del Interior (2020). Asociación público-privada, https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua/asociacion-publico-privada

World Bank. 2020. Public-Private Partnerships in Land Administration: Analytical and Operational Frameworks. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34072  License: CC BY 3.0 IGO.