Un documento preparado por el Banco Mundial (BM) aborda este contenido, con la finalidad de aportar una base de conocimientos y herramientas para construir capacidades, facilitando con ello a los gobiernos implementar asociaciones público-privadas (APPs) en los catastros y registros de la propiedad.
Es para destacar que el informe titulado: "Public-Private Partnerships in Land Administration: Analytical and Operational Frameworks" ha recibido el aporte de tres rondas globales de consultas, durante las cuales se recibieron comentarios, opiniones y retroalimentaciones de cerca de 100 participantes provenientes de la administración pública, el sector privado y la academia (World Bank, 2020).
Como muestra de un interés creciente por este asunto, aunque enmarcado en los países europeos, en el último encuentro anual 2020 de la Comisión 7 de la FIG se desarrolló una sesión especial sobre APPs y el rol del sector privado durante la recuperación. Esta actividad tuvo como objetivo revisar los principios generales para el uso de las APPs y discutir los resultados de una encuesta para determinar nuevos principios, como mecanismo para mejorar los servicios e infraestructura de los sistemas de administración del territorio (FIG, 2020).
El BM define a estos esquemas colaborativos como “un contrato a largo plazo entre una empresa privada y un organismo del gobierno para proveer un bien o un servicio público, en el cual la parte privada corre con los riesgos y responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al rendimiento“ (PPP Knowlege Lab, 2021).
Las APPs son más conocidas en el ámbito de la ejecución, financiamiento y gestión de obras de infraestructura (ver:https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua/asociacion-publico-privada). No obstante, los organismos del sector tienen características únicas y particulares, que permiten distinguirlos de aquellos encargados de desarrollar y mantener los tradicionales servicios públicos (agua, electricidad, caminos, etc.) como veremos seguidamente.
Las alianzas entre el sector público y privado dentro del marco de la administración del territorio, pueden tener alcances a datos, sistemas o servicios, o una combinación entre estos aspectos, como por ejemplo: actualización y mantenimiento de valuaciones catastrales; mejoramiento de la calidad de los datos; actualización de la infraestructura tecnológica; desarrollo e implementación de sistemas de gestión de expedientes y de servicios y aplicaciones web, entre otros.
Las APPs se desarrollan dentro de un marco en el que los gobiernos retienen la responsabilidad de las funciones públicas que tienen asignadas por mandato legal, por lo cual deben especificar los requerimientos y condiciones particulares para desarrollarlas, además establecer los mecanismos para el seguimiento, control y auditoría de los contratos, concesiones o licencias con las empresas privadas. Las regulaciones deben incluir explícitamente cuestiones tales como perfiles profesionales y competencias, indicadores para medir el desempeño, transferencia de conocimientos, responsabilidades de las partes y penalidades.
En cuanto a las ventajas de utilizar las APPs en la administración del territorio podemos decir que:
- aportan recursos económicos para introducir mejoras en la infraestructura tecnológica, servicios y actualización de datos;
- aportan conocimientos técnicos de gestión por procesos y evaluación y gestión de riesgos respecto a las inversiones;
- generan capacidad para incrementar la eficiencia operativa ahorrando costos, a través de prácticas de gestión propias de la empresa privada;
- promueven una mayor flexibilidad y diversidad en aplicaciones y servicios; y
- facilitan a las organizaciones mejorar la performance en cuanto a las necesidades de los usuarios internos y externos.
Es decir que los objetivos primordiales de las APPs son, por una parte, trabajar de manera más eficiente, eficaz y económica y, por otra parte, ofrecer servicios orientados al usuario/cliente, para lo cual es clave que las instituciones tengan bien identificadas sus necesidades y expectativas, lo cual se logra a través de una buena comunicación y receptividad con todos los actores, sean profesionales, empresas, ciudadanos y otras instituciones gubernamentales vinculadas al territorio.
Por otro lado, observando con detenimiento las ventajas de estos esquemas colaborativos, tenemos que la tecnología no es el único factor en la operación de cambios, sino además la falta de recursos financieros para, por ejemplo, invertir en gastos de capital para reemplazar los sistemas preexistentes. Otro elemento importante es la falta de recursos humanos, ya sea porque el personal es insuficiente para llevar adelante determinadas tareas o proyectos o bien, si se disponen, no cuentan con los necesarios niveles de especialización que, normalmente, no están disponibles en el sector público.
Asimismo debe comprenderse que no existe una solución de talle único, por lo que en cada caso y en cada país o jurisdicción sub-nacional, deben analizarse en profundidad el contexto social, económico, legal y gubernamental que permita determinar conceptos y procedimientos adecuados para las APPs. A tales efectos, deben considerarse estudios de pre-factibilidad y factibilidad, que proporcionan información fundamental para el desarrollo de los contratos, la definición de las estructuras colaborativas y de incentivos, y la definición de las medidas de mitigación de riesgos.
En definitiva, la participación del sector privado puede hacer una contribución efectiva al mejoramiento de los servicios a los usuarios y sociedad en general, aliviando problemas de financiamiento y restricciones presupuestarias, hechos que están cobrando actualmente mucha trascendencia por la crisis originada por el COVID-19, situación que ha debilitado las economías a nivel global con consecuencias directas en los ingresos de los gobiernos.
Al informe del BM puede accederse aquí. Contiene un Resumen Ejecutivo, y está dividido en las siguientes partes: (I) Marco Analítico, (II) Marco Operativo, (III) Matriz de Riesgos y (IV) Matriz de Orientación de Gobernanza.
Fuentes
consultadas y referencias:
PPP Knowlege Lab (2021), https://pppknowledgelab.org/
República Argentina. Ministerio del Interior (2020). Asociación público-privada, https://www.argentina.gob.ar/interior/plandelagua/asociacion-publico-privada
World Bank. 2020. Public-Private Partnerships in Land Administration: Analytical and Operational Frameworks. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34072 License: CC BY 3.0 IGO.
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