A lo
largo y ancho del país se vienen desarrollado distintas actividades por parte
de los gobiernos locales, para fortalecer y desarrollar distintos sectores o
áreas de la Administración Pública, con miras a mejorar los servicios que
ofrecen los gobiernos a los ciudadanos.
El decreto
434/2016 que aprueba el Plan de Modernización del Estado viene a conformar una
política de Estado para articular bajo un marco integral todas esas iniciativas
aisladas, complementarlas, coordinarlas e integrarlas, para aprovechar mejor
los esfuerzos dispersos que se realizan en tal sentido. Lógicamente que el
decreto busca impulsar además en todos los organismos del Estado Nacional
políticas, programas e instrumentos para mejorar la gestión pública. En su
artículo 10 el decreto invita a las Provincias, Municipios y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a implementar en sus jurisdicciones en Plan aprobado por el mismo.
El objetivo
principal de esta iniciativa es alcanzar una Administración Pública al servicio
del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de
servicios, y se sustenta en 5 ejes de trabajo para alcanzar un Estado sólido,
moderno y eficiente, con cuerpos técnicos profesionalizados, orientados a una
gestión por resultados, en un marco de plena transparencia de sus acciones y
sujetos a rendición de cuentas de lo actuado, permitiendo así afianzar la
confianza en la relación con la ciudadanía, la protección de sus derechos,
proveyendo bienes y servicios de calidad y promoviendo eficazmente la
iniciativa de las personas sin generar tramitaciones innecesarias.
2. Gestión Integral de los Recursos Humanos: Es fundamental que la gestión de las personas se acompañe de un proceso de cambio organizacional que permita avanzar en su jerarquización, facilitando el aprendizaje y la incorporación de las nuevas tecnologías y procesos para lograr la profesionalización de los trabajadores de la administración pública.
3. Gestión por Resultados y Compromisos Públicos: La institucionalización de procesos que permitan tanto la definición clara de prioridades para la toma de decisiones, como la evaluación de los procesos mediante los cuales se plasmarán e implementarán dichas decisiones y la correspondiente reasignación de recursos, son aspectos fundamentales en la búsqueda de un Estado socialmente eficiente y abarcativo. Asimismo, es necesario promover la cultura de la eficiencia pública, a través de un modelo de gestión que haga énfasis en los resultados y en la calidad de los servicios, con flexibilidad en la utilización de los medios; pero estricto en la prosecución de sus fines, basados en sistemas de rendición de cuentas que aumenten la transparencia de la gestión.
4. Gobierno Abierto e Innovación Pública: Junto a la eficiencia de los servicios prestados por el Estado debe promoverse la más amplia participación posible de la comunidad en la evaluación y el control de los programas del Estado y de las instituciones públicas, de manera que se renueve la confianza en el vínculo entre los intereses del Estado y los intereses de la ciudadanía.
5. Estrategia País Digital: Se trata de un eje transversal a los cuatro anteriores, orientado a crear alianzas con las administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer los lazos existentes para avanzar dentro de un marco de intercambio y colaboración mutua, poniendo al servicio del desarrollo conjunto de las administraciones, las experiencias y prácticas exitosas existentes en todo el territorio nacional.
De estos postulados se desprende con claridad que no basta con centrarse en las tecnologías de apoyo, sino en el cambio cultural que deviene en poner los resultados delante de los procedimientos, y orientar todas las tareas y acciones de las Administraciones Públicas en servir a los ciudadanos.
Sin
embargo no hay que perder de vista que para que se cumplan las expectativas
puestas en este tipo de reformas, es que es preciso disponer de una visión a
largo y muy largo plazo y que, por ello, trasciende a las circunstanciales
autoridades de los gobiernos. Es decir que debe tratarse de una política de
Estado que, como tal, debe procurar fortalecer el sentido de la dirección en
que se marcha y que, por otra parte, es la única garantía para que este tipo de
transformaciones lleguen a buen puerto.
El Plan
de Modernización se sustenta en los siguientes ejes:
1. Plan
de Tecnología y Gobierno Digital: Se
propone fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y redes con el fin
de facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos
públicos. Asimismo, se busca avanzar hacia una administración sin papeles,
donde los sistemas de diferentes organismos interactúen autónomamente.
2. Gestión Integral de los Recursos Humanos: Es fundamental que la gestión de las personas se acompañe de un proceso de cambio organizacional que permita avanzar en su jerarquización, facilitando el aprendizaje y la incorporación de las nuevas tecnologías y procesos para lograr la profesionalización de los trabajadores de la administración pública.
3. Gestión por Resultados y Compromisos Públicos: La institucionalización de procesos que permitan tanto la definición clara de prioridades para la toma de decisiones, como la evaluación de los procesos mediante los cuales se plasmarán e implementarán dichas decisiones y la correspondiente reasignación de recursos, son aspectos fundamentales en la búsqueda de un Estado socialmente eficiente y abarcativo. Asimismo, es necesario promover la cultura de la eficiencia pública, a través de un modelo de gestión que haga énfasis en los resultados y en la calidad de los servicios, con flexibilidad en la utilización de los medios; pero estricto en la prosecución de sus fines, basados en sistemas de rendición de cuentas que aumenten la transparencia de la gestión.
4. Gobierno Abierto e Innovación Pública: Junto a la eficiencia de los servicios prestados por el Estado debe promoverse la más amplia participación posible de la comunidad en la evaluación y el control de los programas del Estado y de las instituciones públicas, de manera que se renueve la confianza en el vínculo entre los intereses del Estado y los intereses de la ciudadanía.
5. Estrategia País Digital: Se trata de un eje transversal a los cuatro anteriores, orientado a crear alianzas con las administraciones públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer los lazos existentes para avanzar dentro de un marco de intercambio y colaboración mutua, poniendo al servicio del desarrollo conjunto de las administraciones, las experiencias y prácticas exitosas existentes en todo el territorio nacional.
De estos postulados se desprende con claridad que no basta con centrarse en las tecnologías de apoyo, sino en el cambio cultural que deviene en poner los resultados delante de los procedimientos, y orientar todas las tareas y acciones de las Administraciones Públicas en servir a los ciudadanos.
Pero el
cambio cultural trae aparejado cambios profundos en las estructuras y organizaciones
estatales, y cambios en los procesos y en las formas de comunicación y relación
con los ciudadanos. A su vez, todas estas transformaciones deben estar apoyadas
en planes estratégicos, en el diseño de los puestos de trabajo, la reingeniería
de procesos y la formación continua, entre otros aspectos.
Asimismo
existen otras variables a manejar que complementan y refuerzan las políticas de
cambio dentro de las Administraciones Públicas, aunque el enfoque es hacia la
sociedad, por ejemplo, es fundamental considerar la reducción de la brecha
digital democratizando el acceso a las tecnologías de la información y
desarrollando políticas que fomenten la universalización de los servicios de
banda ancha.
Por otra
parte, también hay novedades por el lado de las políticas de difusión de los
recursos de información en poder del Estado que, de una manera u otra, tienen
relación con el Plan de Modernización del Estado. Veamos que el pasado mes de
abril el PEN envío al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de Ley de
Acceso a la Información Pública, que en su primer artículo señala que el
derecho de acceso comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar,
recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la
información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el art. 7 de
la presente Ley, con algunas limitaciones y excepciones que son listadas
taxativamente en el art. 8.
El art. 7
incluye, entre otros, a la Administración Pública Nacional y poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial y el art. 38 invita a las Provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la Ley.
El art. 6
se refiere a la gratuidad del acceso a la información pública en tanto no se
requiera su reproducción, cuyo costo corren a cargo del solicitante, por lo que
puede interpretarse que si la información se encuentra digitalizada y
disponible en Internet tendría costo cero.
Al
respecto el art. 32 sobre transparencia activa menciona que los organismos y
poderes del Estado (con algunas excepciones) deberán facilitar la búsqueda y el
acceso a la información pública directamente de su sitio web.
De manera
complementaria, para abordar esta tarea los criterios a utilizar son hacerlo de
forma simple, estructurada y fácilmente comprensible para los interesados y,
tanto más importante, procurando remover los obstáculos que dificulten su
reutilización por parte de terceros.
Cabe aclarar
que el concepto de reutilización está relacionado con el uso de la información producida
y custodiada por los diferentes organismos que integran el sector público, ya
sea para fines comerciales, estadísticos, de investigación o simplemente de uso
en actividades laborales. Además la posibilidad de acceder a la información
pública tiene un efecto positivo en la transparencia y en el refuerzo de los
valores democráticos.
Volviendo
sobre el art. 32, indica que los sujetos obligados deberán publicar en forma
completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos, un índice de la información pública que
estuviese en su poder y la forma de realizar las solicitudes como una manera de
orientar a las personas en el ejercicio de sus derechos.
 |
| Formatos abiertos y editables (estándares) |
En
este último punto cabe tener en cuenta que no resulta muy amigable o, viene a
contramano de nuestros tiempos, que los ciudadanos cada vez que requieran
información deban realizar una solicitud, sino que parece más apropiado que la
información esté disponible para descargar de un sitio web que incluya algún
tipo de retroalimentación con cada ciudadano interesado pero con fines
estadísticos para la gestión.
Tenemos
entonces por una parte el Plan de Modernización del Estado y por otro la Ley de
Acceso a la Información Pública (al momento de redactar este post, esta Ley tiene
media sanción de la Cámara de Diputados) y cabe preguntarse la relación que
existe entre ambas iniciativas. En principio, podemos decir que la idea de
Gobierno Abierto señalado por uno de los ejes del Plan tiene un vínculo
estrecho con los Datos Abiertos, a través de uno de los pilares básicos de
aquel que es la transparencia.
En
base a lo comentado y para finalizar, podemos bosquejar de qué manera estas
iniciativas podrían influir en los organismos catastrales. En primer lugar,
cabe aclarar que si bien algunas Provincias ya han tomado la delantera en la
implementación de modernizaciones de la gestión, es positivo disponer de un
marco integral que las agrupe, coordine y oriente como señalamos al principio,
por lo que existe una dependencia o necesidad de que cada Provincia se vaya
acoplando o adhiriendo a estas líneas de acción política.
En
segundo lugar, ya mirando hacia el interior de cada organización, se puede
vislumbrar la necesidad de incrementar la capacidad de las organizaciones en el
diseño de productos y de servicios que agreguen valor público a las sociedades
que sirven. En línea con el punto anterior, es esperable el expediente
electrónico para acortar y hacer más amigables y transparentes los trámites
administrativos.
El
expediente electrónico surge como consecuencia del pasaje de sistemas manuales
a sistemas digitales y el principio del Plan es bien claro, dado que procura
implementar una plataforma de trámites a distancia, a través del cual los
ciudadanos puedan realizar seguimientos a los mismos. A ello se une la firma
electrónica, que es el equivalente en un medio digital de la firma manuscrita.
Los documentos electrónicos sean notas, planillas o planos son pasibles del uso
de esta tecnología para acreditar que están elaborados por el firmante.
En tercer
lugar, el hecho de tratarse de políticas que en su formulación hacen intervenir
la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional, son esperables
cambios sustantivos en las formas de relacionarse con los ciudadanos, grupos de
interés y la sociedad en general; y en un impulso al mejoramiento e integración
del flujo de datos y servicios provenientes de diferentes organizaciones, que
evite superposiciones y duplicaciones innecesarias y permitan a su vez una
lectura integral del territorio en sus más diversos aspectos. Como ejemplo
podríamos citar a las Infraestructuras de Datos Espaciales.
En
cuarto lugar, se pueden esperar datos abiertos, aunque respetando las
excepciones del art. 8 del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública,
en cuanto a información referida a datos personales en los
términos del art. 2 de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N°
25.326.
Debe
entenderse como datos abiertos aquellos cuyo acceso y disponibilidad no están
sujetos a ningún tipo de restricciones económicas, tecnológicas y legales. Las
primeras suponen costo cero, las segundas la utilización de formatos estándares, y las terceras que solo atienda a las restricciones
impuestas a los datos personales.
Aquí
habrá que observar que si parte del presupuesto con el que se financian los
organismos catastrales provienen de la venta de productos y servicios, los
gobiernos deberán compensar dichas diferencias para que no se afecte el normal
desenvolvimiento de los catastros.
En
definitiva, todo esto supone beneficios enormes para la sociedad y para la
calidad de vida de los ciudadanos pero, como ya señalamos, tendremos que
esperar unos cuantos años para ver florecer las semillas que plantemos hoy.
Fuentes
consultadas:
Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, Centro de Documentación e Información,
Información Legislativa (2016), Decreto N° 434/2016 – Plan de Modernización del
Estado. Aprobación,
Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, Centro de Documentación e Información, Información Legislativa
(2016), Ley 25.506 – Firma Digital, http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/norma.htm
Sistema
Argentino de Información Jurídica SAIJ (2016), Proyecto de Ley de Acceso a la
Información Pública enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, http://www.saij.gob.ar/proyecto-ley-acceso-informacion-publica-enviado-al-congreso-poder-ejecutivo-nacional-proyecto-ley-acceso-informacion-publica-enviado-al-congreso-poder-ejecutivo-nacional-nv14182-2016-04-07/123456789-0abc-281-41ti-lpssedadevon
Wikipedia
(2016), Gobierno Abierto, https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_abierto
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