La
parte sólida de la tierra cubre alrededor del 30 % de la superficie del Planeta
y es esencial para la humanidad, dado que de
ella provienen los alimentos, las materias primas industriales y una buena
parte de los recursos energéticos. Como base para la agricultura, la tierra es
fundamental para asegurarnos suficientes alimentos para una población mundial
en constante crecimiento. En resumen, todos los recursos que provienen de la
tierra constituyen la base de la vida humana y es por ello que la tierra es uno
de los bienes más preciados y valorados por las personas.
Por
otro lado, el suelo, las construcciones, las plantaciones, las forestaciones y
las infraestructuras que erigen sobre los territorios representan los mayores
bienes en cualquier economía, multiplicando varias veces los productos brutos
internos (PBI) de los países.
Estas
cuestiones determinan, por una parte, la necesidad de los gobiernos de contar
con adecuados sistemas catastrales y registrales, como herramientas
indispensables para la gobernanza del territorio, y por otro, que los estados
garanticen los derechos de propiedad a sus ciudadanos, siendo éste un tema
central en cualquier agenda de desarrollo económico y social.
Sobre
esta cuestión debe tenerse en cuenta que el derecho de propiedad a la tierra cuenta con un reconocimiento a
nivel internacional como derecho humano fundamental, habiéndose reconocido hace
más de 60 años a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos que en
su art. 17° señala que “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. En
forma complementaria, este derecho ha recibido un reconocimiento especial en
las Constituciones de los países.
Al no
existir derechos seguros sobre el territorio se genera inseguridad, sobre todo
entre la población campesina, siendo una fuente de conflictos e incertidumbre que obstaculizan el
desarrollo, la recaudación de impuestos, el ordenamiento del territorio, el uso
racional del suelo y el desarrollo sustentable.
Tomando estas consideraciones como información de contexto, la
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera relevante el
tema de la evaluación dado que desde la década del 90 el número de proyectos
financiados por el Banco se incremento notablemente, lo cual es demostrativo de
la importancia asignada por la institución a la regularización de los derechos
sobre el territorio y al mejoramiento de los sistemas administrativos
relacionados (catastro y registro). Asimismo la región debe continuar haciendo
frente a problemas relacionados con el desarrollo, más particularmente a la
baja productividad del sector agrícola, problema causado parcialmente por la
falta de derechos seguros y sistemas de administración de tierras adecuados.
Entonces el objetivo central de esta publicación es evaluar
lo realizado y extraer lecciones que contribuyan a mejorar los proyectos, a
través de una identificación de aquellas cuestiones que han generado impactos
positivos como negativos y sobre esta base señalar aquellas cuestiones de
diseño y ejecución para hacer de los proyectos más eficientes, efectivos y sostenibles.
Es conveniente aclarar que para esta evaluación solo se han considerado los
proyectos de Belice, Colombia, Panamá y Perú, por lo que las conclusiones
quedan limitadas al ámbito de estos proyectos. Por este motivo, la evaluación
no pretende extraer conclusiones generalizables a todo ese trabajo, ni emitir
un juicio sobre la futura relevancia de los proyectos de administración de
tierras en la región (BID, 2014).
La regularización de la tenencia de la tierra o regularización
dominial representa un insumo para los sistemas catastrales y registrales, por
cuanto se trata de una actividad que permite convertir la ocupación informal
del territorio en propiedad formal incluyéndola en los referidos sistemas. Pero
la seguridad en los derechos que se ejercen sobre el territorio, es solo una
parte de los sistemas de administración de tierras, cumpliendo éstos otras
funciones importantes como lo son la determinar la base de imposición de los
impuestos a la propiedad y transferencia de inmuebles a través de la valuación,
y una contribución a un mejor desarrollo y ordenamiento del territorio (ver
gráfico siguiente).
Fuente: BID (2014), Efectos de la
regularización y de la administración de tierras, Gráfico I.I., pág 4.
El informe señala que estos dos aspectos (regularización y
sistemas) deben considerarse de manera integral, o que entre ellos debe existir
un equilibrio. Por ejemplo en los casos en que se ha puesto más énfasis en la
formalización de los derechos de propiedad a través de titulaciones masivas
y se descuidaron las mejoras que son necesarias en los sistemas de
administración, se han observado mayores dificultades para que los resultados
de los proyectos puedan sostenerse en el tiempo.
El informe de evaluación y sus 6 anexos se encuentran disponibles
en:
Fuentes consultadas:
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) (2014), Proyectos de Regularización y Administración de Tierras:
Evaluación Comparativa,
Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, http://www.un.org/es/documents/udhr/
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