sábado, 18 de julio de 2015

Evaluación de proyectos del BID sobre Regularización y Administración de Tierras

La parte sólida de la tierra cubre alrededor del 30 % de la superficie del Planeta y es esencial para la humanidad, dado que de ella provienen los alimentos, las materias primas industriales y una buena parte de los recursos energéticos. Como base para la agricultura, la tierra es fundamental para asegurarnos suficientes alimentos para una población mundial en constante crecimiento. En resumen, todos los recursos que provienen de la tierra constituyen la base de la vida humana y es por ello que la tierra es uno de los bienes más preciados y valorados por las personas.

Por otro lado, el suelo, las construcciones, las plantaciones, las forestaciones y las infraestructuras que erigen sobre los territorios representan los mayores bienes en cualquier economía, multiplicando varias veces los productos brutos internos (PBI) de los países.

Estas cuestiones determinan, por una parte, la necesidad de los gobiernos de contar con adecuados sistemas catastrales y registrales, como herramientas indispensables para la gobernanza del territorio, y por otro, que los estados garanticen los derechos de propiedad a sus ciudadanos, siendo éste un tema central en cualquier agenda de desarrollo económico y social.

Sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta que el derecho de propiedad a la tierra cuenta con un reconocimiento a nivel internacional como derecho humano fundamental, habiéndose reconocido hace más de 60 años a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su art. 17° señala que “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. En forma complementaria, este derecho ha recibido un reconocimiento especial en las Constituciones de los países.


Al no existir derechos seguros sobre el territorio se genera inseguridad, sobre todo entre la población campesina, siendo una fuente de  conflictos e incertidumbre que obstaculizan el desarrollo, la recaudación de impuestos, el ordenamiento del territorio, el uso racional del suelo y el desarrollo sustentable.

Tomando estas consideraciones como información de contexto, la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera relevante el tema de la evaluación dado que desde la década del 90 el número de proyectos financiados por el Banco se incremento notablemente, lo cual es demostrativo de la importancia asignada por la institución a la regularización de los derechos sobre el territorio y al mejoramiento de los sistemas administrativos relacionados (catastro y registro).  Asimismo la región debe continuar haciendo frente a problemas relacionados con el desarrollo, más particularmente a la baja productividad del sector agrícola, problema causado parcialmente por la falta de derechos seguros y sistemas de administración de tierras adecuados.

Entonces el objetivo central de esta publicación es evaluar lo realizado y extraer lecciones que contribuyan a mejorar los proyectos, a través de una identificación de aquellas cuestiones que han generado impactos positivos como negativos y sobre esta base señalar aquellas cuestiones de diseño y ejecución para hacer de los proyectos más eficientes, efectivos y sostenibles. Es conveniente aclarar que para esta evaluación solo se han considerado los proyectos de Belice, Colombia, Panamá y Perú, por lo que las conclusiones quedan limitadas al ámbito de estos proyectos. Por este motivo, la evaluación no pretende extraer conclusiones generalizables a todo ese trabajo, ni emitir un juicio sobre la futura relevancia de los proyectos de administración de tierras en la región (BID, 2014).

La regularización de la tenencia de la tierra o regularización dominial representa un insumo para los sistemas catastrales y registrales, por cuanto se trata de una actividad que permite convertir la ocupación informal del territorio en propiedad formal incluyéndola en los referidos sistemas. Pero la seguridad en los derechos que se ejercen sobre el territorio, es solo una parte de los sistemas de administración de tierras, cumpliendo éstos otras funciones importantes como lo son la determinar la base de imposición de los impuestos a la propiedad y transferencia de inmuebles a través de la valuación, y una contribución a un mejor desarrollo y ordenamiento del territorio (ver gráfico siguiente).

 Fuente: BID (2014), Efectos de la regularización y de la administración de tierras, Gráfico I.I., pág 4.

El informe señala que estos dos aspectos (regularización y sistemas) deben considerarse de manera integral, o que entre ellos debe existir un equilibrio. Por ejemplo en los casos en que se ha puesto más énfasis en la formalización de los derechos de propiedad a través de titulaciones masivas y se descuidaron las mejoras que son necesarias en los sistemas de administración, se han observado mayores dificultades para que los resultados de los proyectos puedan sostenerse en el tiempo.

El informe de evaluación y sus 6 anexos se encuentran disponibles en:


Fuentes consultadas:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2014), Proyectos de Regularización y Administración de Tierras: Evaluación Comparativa,

Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos,  http://www.un.org/es/documents/udhr/

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