miércoles, 1 de diciembre de 2021

VII Conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad

El evento tuvo lugar los días 2 y 3 de noviembre y fue organizado por el Registro Inmobiliario de la República Dominicana, en el marco de la celebración del centenario de la institución. Contó con el apoyo del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA y el Banco Mundial, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Trimble Inc.. 

La conferencia atiende a los mandatos establecidos por los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el 2019 y 2020 a través de su cuadragésimo novena y quincuagésima Asamblea General, en la Resolución de Fortalecimiento de la Democracia AG/RES. 2931 (XLIX-O/19) y AG/RES. 2958 (L-0/20) en sus capítulos iii y ii respectivamente: “Fortalecimiento del catastro y registro de la propiedad en las Américas frente al COVID-19”. 

La agenda de trabajo fue la siguiente: 

  • Conferencia Inaugural, cuyo objetivo fue posicionar la temática y al público frente a los desafíos y perspectivas del catastro y el registro de la propiedad a la luz de las realidades geopolíticas y socioeconómicas del 2020-2021.
  • Conferencia Plenaria, en la que se abordó la evolución centenaria del Sistema del Registro de la Propiedad de la República Dominicana. 
  • Trece paneles en los que se trataron los siguientes temas: Desafíos Regionales Post-pandemia de los Catastros y Registros de la Propiedad; Estrategia para la Implementación del Catastro Multipropósito como Política Pública Transversal;  Ética, Integridad y Transparencia en los Procesos de Registro de la Propiedad, como Generador de Valor Público y Herramienta de Prevención de Lavado de Activos; Profesionalización del Servicio Público Catastral y Registral; Cumplimiento de los ODS más allá de la Pandemia: Construyendo Resiliencia frente al Cambio Climático a través de la Disponibilidad e Interoperabilidad de los Datos Catastrales y Registrales; Proyecto de Vivienda Social y Regularización de Asentamientos Informales en América Latina: Técnicas de Mensura y Registro de Propiedad Masivos; Tendencias de la Tutela de las Actuaciones Registrales en Sede Judicial;  Transformación Digital y Nuevas Tecnologías en el Sistema de Registro de la Propiedad; Transformación Digital y Nuevas Tecnologías en el Catastro; Importancia de la vinculación de los Sistemas de Control de Datos Personales, Certificaciones de Profesiones, Recaudadoras del Estado, Custodio de Bienes Nacionales; Estrategias para la Explotación de los Datos del Catastro; Titulación de la Propiedad, Mercado Inmobiliario en Latinoamérica y Participación de la Empresa en la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria; y Fideicomisos Inmobiliarios y Ordenamiento Territorial Sostenible.

Acto inaugural en el que estuvo presente el presidente del país anfitrión, Luis Abinader. Fuente: https://cdn.com.do/nacionales/inauguran-vii-conferencia-interamericana-de-catastro/

En forma complementaria, fue presentada la Guía Interamericana de Formalización Predial y Catastro Urbano.
 

El evento concluyó con una Asamblea en la que fue reelegida la República Dominicana como país Presidente de la Red para el periodo 2022, a través del Administrador General de la Administración General del Registro Inmobiliario del Poder Judicial de ese país. Además fueron elegidos los países representantes ante el Comité Ejecutivo de la Red de la siguiente forma: Chile por la Subregión Mercosur, a través del Servicio de Impuestos Internos; Ecuador por la Subregión Andina, a través de la Dirección Nacional del Registro Público (DINARP); Honduras por la Región Centroamérica a través de Instituto de la Propiedad (IP);  y México por la Subregión de Norteamérica, a través  de la Dirección de Información Geográfica para la Administración del Territorio del INEGI.

 

La Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad es un mecanismo del Sistema Interamericano integrado por las Autoridades Nacionales de Catastro y de Registro de la Propiedad de los Estados Miembros de la OEA, que promueve espacios de reflexión, conocimiento mutuo, cooperación técnica horizontal, capacitación e intercambio de experiencias entre las agencias u órganos de Catastro y Registro de la Propiedad en las Américas, con el propósito de contribuir con el avance de los sistemas catastrales y registrales, el establecimiento de los sistemas de administración y gestión del territorio, y los objetivos del desarrollo sostenible.

 

La grabación de las conferencias, presentaciones y paneles, puede ser consultada a través del canal de You Tube de la institución organizadora en: https://www.youtube.com/c/RegistroInmobiliario

lunes, 22 de noviembre de 2021

Dilema de Conectividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El libro titulado “Dilema de Conectividad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Información Territorial y Geoespacial para la Resiliencia Urbana y Rural”, reúne a los principales expertos internacionales para analizar el papel de las infraestructuras y los servicios de datos territoriales y geoespaciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Si bien los objetivos descritos en la Agenda 2030 han sido aspiraciones de larga data en todo el mundo, la complejidad y la conectividad entre los desafíos sociales, económicos, ambientales y de gobernanza están cambiando con la urbanización a gran escala y el crecimiento de la población. Los temas y objetivos del libro están en línea con los desafíos críticos, las brechas y las oportunidades planteadas en todos los eventos del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM) y foros de la Red Académica de UN-GGIM. 

A través de las diferentes perspectivas de académicos, actores del sector y formuladores de políticas, este libro proporciona un análisis interdisciplinario y experiencia multisectorial sobre la interconexión entre los ODS, la información territorial y geoespacial y la resiliencia urbana y rural. Asimismo se presenta una hoja de ruta para un enfoque más holístico con la finalidad integrar información y tecnologías geoespaciales en la implementación de los ODS. Proporciona un contexto y antecedentes para el dilema de conectividad de los ODS, con una descripción de alto nivel de lo que significan los ODS y los impactos de la disponibilidad de datos y servicios geoespaciales. También examina cómo los sistemas de información territorial y geoespacial pueden respaldar la resiliencia ante desastres y la reducción de riesgos a fin de mejorar la gobernanza del territorio en conectividad con los ODS. 

Entre los aportes del libro, se presenta un marco global basado en un conjunto de instrumentos básicos que se han desarrollado para proporcionar una sólida base de mecanismos para la gestión de la información geoespacial nacional. El desarrollo de ese marco se ha apoyado en las buenas prácticas existentes en materia de gobernanza, institucionalización y modelos empresariales pertinentes. Otros aspectos importantes son las consideraciones institucionales para impulsar y desarrollar la coordinación y la colaboración para integrar los datos geoespaciales en las actividades relacionadas con los ODS y, dentro de ese contexto, se incluye una visión ecosistémica de educación permanente para el desarrollo de competencias en materia de gestión de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y de marcos de información territorial y geoespacial conexos.

Es fundamental mejorar la cobertura de los catastros y registros, dado que constituyen componentes relevantes para determinar indicadores de los ODS y medir su grado de avance y cumplimiento. Al respecto, un capítulo del libro analiza por qué y cómo deben formalizarse los desarrollos informales de forma rápida, inclusiva y práctica, considerando el ejemplo de una experiencia regional. En esa misma dirección, el capítulo de cierre incluye un estudio de caso acerca de qué requerimientos son necesarios para que un sistema de administración del territorio haga un aporte sustantivo a los ODS.

El libro se encuentra estructurado en 5 partes:

1 - Configuración del escenario;

2 - Mejorando la conectividad de los ODS y la resiliencia a los desastres;

3  - Apoyando los ODS: componentes legales, políticos e institucionales y construcción de capacidades;

4 - Herramientas de apoyo y componentes técnicos; y

5 - Perspectivas de los ODS: prácticas actuales y casos de estudio.

Con independencia de la organización formal del libro y de la interconexión entre las partes, la lectura puede realizarse en diferentes órdenes y según el interés personal, siendo especialmente recomendable para la temática vinculada a la administración del territorio, leer los trabajos titulados “Dilema de conectividad de los objetivos de desarrollo sostenible” por Abbas Rajabifard y “Hoja de ruta de los ODS” por Greg Scott y Abbas Rajabifard de la Parte 1;  “Aprovechamiento de los sistemas nacionales de información territorial y geoespacial para mejorar la resiliencia a los desastres” por Abbas Rajabifard, Katie Potts, Mika-Petteri Torhonen, Federico Barra e Ivelisse Justiniano de la Parte 2; “Desarrollo de un marco para las disposiciones institucionales nacionales en materia de gestión de la información geoespacial” por Joep Crompvoets y Serene Ho; “Consideraciones sobre la interconectividad institucional” por Serene Ho; “El Ecosistema de Creación de Capacidades Geoespaciales - Desarrollando el Brainware para la IDE” por Josef Strobl de la Parte 3; “El rol de los estándares de información geoespacial para el desarrollo sostenible” por Denise McKenzie, Mathias Jonas, Serena Coetzee, Chris Body, Margie Smith, Marcus Blacke, Joseph Abhayaratna, Michael Judd y Marna Roos de la Parte 4; y “Por qué y cómo deben formalizarse los desarrollos informales de forma rápida, inclusiva y práctica - Experiencia de la región de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE)” por Chryssy Potsiou y “Modernizar los sistemas de administración del territorio para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Estudio de caso de Victoria, Australia” por Hamed Olfat y Davood Shojaei de la Parte 5.

La publicación ha sido editada por Abbas Rajabifard del Centro para las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y Administración del Territorio de la Universidad de Melbourne, Australia, y constituye un recurso de vital importancia para los especialistas en catastro y registro, organismos cartográficos y de protección ambiental, profesionales del sector e instituciones académicas. 

El libro se encuentra disponible en formato digital en una versión de acceso abierto, que se ha puesto a disposición bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 4.0

https://www.routledge.com/Sustainable-Development-Goals-Connectivity-Dilemma-Land-and-Geospatial/Rajabifard/p/book/9780367259358

miércoles, 10 de noviembre de 2021

¿Administración de Tierras o Administración del Territorio?

En el contexto regional se observa el uso generalizado de Administración de Tierras como traducción de Land Administration, concepto que fuera utilizado a nivel internacional por vez primera en el libro con ese mismo título, cuyos autores han señalado que el término es utilizado para referirse a aquellas actividades del sector público necesarias para apoyar la venta, el desarrollo, el uso, la valuación y la transferencia de inmuebles (Dale P. & McLaughlin, J., 1999), el cual tiene una clara orientación hacia funciones relacionadas con la gestión y la movilidad de bienes en el mercado inmobilario. 

Indirectamente se puede inferir que Land Administration se utiliza para englobar a la función catastral y registral ampliada a la planificación y desarrollo del suelo, dándole una orientación más integradora u holística a su significado. 

Lo que se plantea a continuación es argumentar acerca de que palabra es más apropiada para acompañar a administración: ¿tierra o territorio?.

En primer lugar, para conocer el significado de dichas palabras veamos lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) en sus primeras definiciones:
  • Tierra: “Planeta que habitamos” y, en conexión y para más especificidad “superficie del planeta Tierra, especialmente la que no está ocupada por el mar”. 
  • Territorio: “Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.”. 
En una primera interpretación, la primera puede considerarse una definición de la naturaleza, que comprende el conjunto de cosas existentes que se generan, modifican y evolucionan sin la necesidad de intervención humana. La segunda es una definición convencional que encuentra su expresión en la ley positiva, adaptada a las necesidades particulares de una sociedad dada, por lo que difiere de una nación a otra (Pipes, R., 1999). 

En una segunda interpretación, de la superficie del planeta Tierra se puede derivar la inclusión de todo lo natural y lo artificial ligado a ella como los lagos, cursos de agua, bosques, cultivos, rutas, construcciones, etc., es decir una combinación entre la naturaleza y la acción humana. En cambio la palabra territorio tiene un significado que si bien lo acerca a la tierra como idea, agrega un elemento singular para diferenciarlo: su pertenencia a un Estado.


Como complemento de dicha especificidad, se agregan a continuación los siguientes detalles:
  • el vocablo territorio proviene del latín territorium (RAE, 2021), que se compone de una raíz terra que remite a la tierra y el subfijo torium que tiene varios significados como: lugar dónde ocurre algo, lugar que pertenece a alguien, lugar dónde existe algo, lugar dónde se ejecuta una acción, etc., es decir que en palabra territorio confluyen un objeto sobre el que se actúa y un sujeto (o varios) que actúan sobre el mismo; 
  • el diccionario de Cambridge define al referido término como “(an área of) land, or sometimes sea, that is considered as belonging to or connected with a particular country or person”; y 
  • el diccionario de Oxford como “land that is under the control of a particular country or political leader”.
Lo que tenemos claro hasta aquí, es que la palabra territorio enlaza un objeto con un sujeto que, como señalamos, puede ser una persona jurídica pública como un Estado, pero además y de acuerdo a la definición del diccionario de Cambridge, puede incluir a  personas humanas y personas jurídicas privadas como sociedades, comunidades, cooperativas, fundaciones, etc. (personas en general). En cualquier caso, lo que se quiere remarcar con esto, es la necesaria existencia de una relación entre una o varias personas que aplica a una porción delimitada de tierra.

En uno de los primeros estudios antropológicos destinados a establecer como se originaron las instituciones dotadas con poderes coercitivos formales, Robert H. Lowie, en su libro El origen del Estado (The Origin of the State), sugería la siguiente respuesta: la transición de la organización “tribal” a la organización política se produce cuando la autoridad se hace territorial, esto es, cuando se extiende sobre todos los habitantes de un área determinada y no exclusivamente sobre aquellas personas unidas por lazos de sangre (Pipes, R., 1999). 

En esa línea el derecho romano fue pionero en definir el ámbito de influencia de una comunidad política, por lo que ninguna unidad administrativa podía carecer de territorio, el cual a su vez era dividido en parcelas cultivables a las cuales se le aplicaba el tributum soli o impuesto sobre la propiedad o uso del suelo (Hita Albarracín, A., 2015), de manera que el catastro es consustancial a la idea de territorio. 

A esta altura resulta evidente que el concepto posee un claro significado político y destaca su importancia en que establece una jurisdicción, la cual fija el contorno para la organización interna del Estado y para determinar el alcance espacial de las leyes y de los mandatos o funciones asignadas a las diferentes instituciones. Además es menester incluir la soberanía y la frontera como atributos indisociables de un territorio, y pensarlo como un conjunto de nociones económicas, estratégicas, legales y técnicas como las que se refieren a la cartografía, el censo de la población y la vivienda, el catastro, el registro de derechos, la planificación y la protección del medio ambiente, entre otras muchas actividades.    

Yendo a la arena profesional, encontramos en un Tesauro específico de la materia la siguiente definición para Land Administration: “proceso de determinar, registrar y difundir información sobre la relación entre las personas y la tierra” (*). Ahora bien, en esa misma fuente observamos que Land (tierra) se encuentra definida como el “área de la superficie terrestre, excluyendo los océanos, generalmente delimitada por fronteras naturales o políticas, o por límites de propiedad” (*). Es decir que si pasamos de una traducción literal a una basada en el contexto, es posible situar la palabra Land dentro del concepto de territorio. 

Volviendo sobre el diccionario de la RAE, leemos que administrar es “gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan”, la cual es aplicable a este ámbito ya que se trata de actividades realizadas por el sector público. Y ahora cabe preguntarnos: ¿es posible administrar algo sobre lo que no se tiene una relación de poder y se conoce su extensión material?. En principio no, de acuerdo a lo que señala expresamente la propia definición. Entonces puede que esta sea una respuesta a la pregunta con la que iniciamos este artículo. Al menos los significados o la semántica proveniente de todas las fuentes citadas parecen confirmarlo.

(*) resultado del traductor on-line DeepL, https://www.deepl.com/es/translator#en/es/


Fuentes consultadas y referencias: 

Cadastre and Land Administration Thesaurus (CaLAThe) (2021), http://cadastralvocabulary.org/ 

Dale, Peter & McLaughlin, John (1999). Land Administration. Oxford University Press. 

Hita Albarracín, Antonio (2015). Los impuestos en el derecho romano. Universidad Internacional de La Rioja, España, https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3453/HITA%20ALBARRACIN%2C%20ANTONIO.pdf?sequence=1

Oxford Learner´s Dictionary (2021), https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/territory

Pipes, Richard (1999). Propiedad y libertad. Dos conceptos inseparables a lo largo de la historia. Turner. Fondo de Cultura Económica. 

Real Academia Española (2021). Diccionario esencial de la lengua española, https://www.rae.es/desen/

domingo, 31 de octubre de 2021

Una iniciativa histórica en el campo de la Administración del Territorio en apoyo al Desarrollo Sostenible

En octubre de 1999 se celebraba en la ciudad de Bathurst, Australia, el “Taller sobre Tenencia de la Tierra e Infraestructuras Catastrales para el Desarrollo Sostenible” que abriría el camino para varias iniciativas que tomó la Federación Internacional de Agrimensores (FIG) junto a las Naciones Unidas y otros organismos globales, en el entendimiento de la importancia que reviste que los países avancen a nivel de Catastro y Registro, como una manera de dar apoyo a políticas y estrategias relacionadas con la gestión del territorio para un desarrollo sostenible.

Dicho taller congregó a 40 expertos internacionales pertenecientes a 23 países que representaron a todos los continentes para trabajar en sesiones plenarias con el objetivo de emitir la Declaración de Bathurst. Al taller le siguió una conferencia internacional abierta celebrada en Melbourne en la que se presentó la citada declaración y que contó con la participación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Desarrollo Sostenible, Nueva York; Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), Nairobi; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Roma; Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA), Addis Abeba; y Banco Mundial, Washington DC, entre otros organismos internacionales. 

En el taller se tomó nota de los principales desafíos económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que se plantean en el nuevo milenio: la aceleración de la urbanización, la degradación del medio ambiente, el cambio del rol de los gobiernos en la sociedad, la desigualdad económica, el aumento de la pobreza y la escasez de alimentos. 

Por ello es que la disponibilidad de información confiable y actualizada sobre el territorio y sus recursos surge como una cuestión vital para gestionar estos retos. Para que las autoridades públicas, los particulares que utilizan recursos naturales o los organismos comunitarios tomen decisiones pertinentes y acertadas, deben basarse en información sobre el territorio y el ambiente para contribuir al desarrollo sostenible. Esto, a su vez, requiere la articulación de los principios para el desarrollo y el funcionamiento de sistemas de información catastral y registral que hagan efectivo los principios.

Una administración efectiva del territorio es básica para hacer frente a estos desafíos, porque la falta de derechos de propiedad seguros impide las inversiones en vivienda, la producción sostenible de alimentos y el acceso al crédito, obstaculiza la buena gobernanza, refuerza la exclusión social y la pobreza, socava la planificación a largo plazo y distorsiona los precios del suelo y los servicios. Sin un acceso efectivo a la propiedad inmueble, las economías de mercado no pueden evolucionar y los objetivos del desarrollo sostenible no pueden realizarse (UN-FIG, 1999).

Reconociendo el papel fundamental que los derechos de expresión territorial tienen para afrontar estos desafíos, los delegados del taller abordaron la urgente necesidad de reforzar las políticas, instituciones e infraestructuras necesarias para el acceso efectivo a la tierra y la propiedad. Además, se hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye un programa de acción ambicioso y a largo plazo para reducir significativamente el número de personas en todo el mundo que carecen de un acceso seguro a la tierra y a los derechos de propiedad (UN-FIG, 1999).

Como corolario del taller se elaboraron unas recomendaciones, entre las cuales cabe señalar por su actualidad las siguientes:

  • Fomentar la necesidad de una cooperación y coordinación funcional entre el catastro, el registro de la propiedad y, en general, entre todos los organismos con competencias en el manejo de diversos aspectos y recursos relacionados con el territorio.
  • Fomentar la circulación de la información territorial entre los diferentes organismos gubernamentales y entre éstos y los ciudadanos.
  • Mejorar la seguridad jurídica, el acceso a la propiedad y los sistemas de administración del territorio a través de políticas, reformas institucionales y herramientas apropiadas con especial atención al género, las poblaciones indígenas, los pobres y otros grupos vulnerables.
  • Reconocer que se puede lograr una buena administración del territorio de manera progresiva, comenzando con sistemas relativamente simples y económicos al servicio de las necesidades sociales y para el desarrollo sostenible.
  • Reconocer la más amplia gama de derechos de expresión territorial, dentro de los cuales el derecho de propiedad inmueble o derecho real de dominio es solo uno de ellos.
  • En vista de la crucial importancia que reviste la formación de recursos humanos, asegurar que haya una educación y capacitación sostenidas en administración del territorio.
  • Realizar análisis y desarrollar indicadores de desempeño para monitorear la eficacia de los sistemas de administración del territorio en relación con el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.

Lo que ha seguido a la Declaración de Bathurst es historia conocida, pero lo cierto fue que se trató de una respuesta concreta a las preocupaciones que se centraban en la carencia de información catastral y registral de los países, que se fueron convirtiendo en la preocupación de las organizaciones internacionales de derechos humanos y del medio ambiente. De esta manera el enfoque tradicional del catastro quedó subsumido por las preocupaciones globales sobre el desarrollo sostenible, incluyendo la seguridad de la tenencia y la protección del medio ambiente para las personas y los hábitats vulnerables, lo que ha dado lugar a una serie de nuevos objetivos y líneas de acción internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por todo ello bueno es recordar y tener presente el rumbo que esta iniciativa ha marcado, citando algunas publicaciones y libros que se han desprendido de la misma y que han jalonado los desarrollos de los sistemas de administración del territorio en los últimos 20 años, por ejemplo:

  • la Declaración de Nairobi sobre información espacial para el desarrollo sostenible;
  • el Modelo en el dominio de tenencia social;
  • la Evaluación de capacidades en Administración del Territorio;
  • el Desarrollo institucional y organizacional: una guía para directivos;
  • la Administración del Territorio adecuada al propósito;
  • las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra (VGGT),
  • el Marco para una efectiva Administración del Territorio, y
  • el libro Administración del Territorio para el Desarrollo Sostenible.

            Portada del libro. Autores: Ian Williamson, Stig Enemark, Jude Wallace & Abbas Rajabifard        (2010). Publicado por ESRI Press Academic.

Sus autores señalan que la Declaración de Bathurst surgió a partir de la necesidad de incorporar objetivos sociales y ambientales a la teoría catastral, tomando como punto de partida el informe Brundtland de 1987, la Agenda 21 y la reunión de Naciones Unidas de UN-HABITAT II. A partir de estos hitos, las Naciones Unidas y la FIG comenzaron juntos un camino para elaborar una Declaración conjunta, que propició un nuevo enfoque para la administración del territorio y que se convirtió en un documento formativo estableciendo un fuerte vínculo con el desarrollo sostenible. La Declaración identificó conceptos y principios en evolución, que se sumaron al cuerpo de conocimientos existentes, particularmente de los sistemas catastrales desarrollados desde la Segunda Guerra Mundial. Estas tendencias culminaron en la clara articulación teórica de que las actividades catastrales en particular y la administración del territorio en general, debían centrarse en el desarrollo sostenible.

Fuente consultada:

UN-FIG. 1999. The Bathurst Declaration on Land Administratrion for Sustainable Development, UN-FIG International Workshop on Land Tenure and Cadastral Infrastructures in Support of Sustainable Development, Bathurst, Australia. Fig Publication N° 21, https://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub21/figpub21.asp


viernes, 10 de septiembre de 2021

Guía sobre datos abiertos para una mejor gobernanza del territorio

Este lanzamiento se produce como parte de la Open Government Week (OGW), un llamado a la acción para transformar la forma en que los gobiernos sirven a sus ciudadanos. La publicación fue preparada por Land Portal y producida con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). 

El término gobernanza del territorio se refiere a la forma de gobierno que fortalece a las instituciones encargadas de administrar y desarrollar políticas públicas en materia de derechos de propiedad pública, individual, informal y comunitaria, tributación inmobiliaria, planeamiento, infraestructura y manejo de recursos naturales, cuyo objetivo es el logro de un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado. 

La Guía es un recurso destinado a los gobiernos de los países en desarrollo para recopilar y divulgar datos catastrales y territoriales a fin de mejorar su calidad, disponibilidad, accesibilidad y uso para mejorar la participación ciudadana, la toma de decisiones y la innovación. El documento estructurado como un documento abierto establece: 

  1. los conjuntos de datos claves para transparentar la gestión del territorio, y su compilación, almacenamiento, integración y publicación para mejorar la gobernanza del territorio;
  2. las buenas políticas y lineamientos para la gestión de los datos, incluidos metadatos y estándares;
  3. las brechas y los desafíos existentes en el marco social y político institucional; y
  4. una serie de casos con ejemplos de la vida real para ilustrar el impacto potencial y la transformación que este tipo de datos puede proporcionar en contextos locales.

Entre los datos indicados en el punto 1, la guía establece lo siguiente: parcelas catastrales; parcelas de comunidades indígenas; ocupaciones informales; espacio público e infraestructura; recursos mineros; recursos naturales; valor de mercado del suelo; valor catastral; uso del suelo y zonificación; inventario de tierras públicas; límites políticos y administrativos; censo de población y vivienda e indicadores económicos; censo agrícola; y datos claves para la gestión de emergencias y el cambio climático. 

Respecto a las buenas políticas la guía refiere al uso del Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF), el Marco para una Efectiva Administración del Territorio (FELA) y, de manera complementaria, los datos geoespaciales fundamentales globales que constituyen los pilares para desarrollar y fortalecer la infraestructura de información geoespacial de un país. A través de esa herramienta, se busca dar apoyo a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, junto a sus 17 objetivos y a sus políticas marco como el IGIF. En esta línea es relevante además el diseño de instrumentos, como aquellos relacionados a licencias abiertas para la publicación de datos no personales en formatos estándares, lo cual permite su reutilización por parte de toda la sociedad. En la actualidad varios países recomiendan el uso de licencias internacionales de Creative Commons, o bien aquellas diseñadas especialmente por los gobiernos para abrir los datos producidos por las Administraciones Públicas.

En materia es estándares, es fundamental el Modelo en el Dominio de la Administración del Territorio, plasmado en la norma internacional ISO 19152:2012, cuyo principal propósito es definir un modelo de referencia que cubre los componentes básicos de los sistemas catastrales y registrales; y los estándares desarrollados por el Consorcio Geoespacial Abierto (OGC, Open Geospatial Consortium), que permiten que los datos sean accesibles, fáciles de reutilizar e interoperables. Como ejemplos, podemos mencionar los servicios e interfaces Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) y el formato Geography Markup Language (GML).  

En cuanto a las brechas y desafíos existentes la guía menciona varios aspectos entre los que cuenta el tema de las reformas necesarias que, sin voluntad política y sin un marco regulatorio convenientemente desarrollado, la apertura de los datos es muy arriesgada. Además si no hay beneficios claros que repercutan en una mejor gobernanza y que los datos de los ciudadanos se encuentren bien protegidos, cualquier iniciativa de cambio puede verse frustrada. 

En ese sentido, incrementar la confianza es una cuestión fundamental, ya que hay que ofrecer garantías a los ciudadanos que su privacidad y seguridad estén protegidas. La falta de transparencia afecta desproporcionadamente a las personas vulnerables y grupos marginales de la sociedad, particularmente las mujeres, los grupos étnicos y otras minorías. 

Si bien la mejora en el acceso a los datos de gobernanza del territorio contribuye a mejorar la equidad y la lucha contra la corrupción, pueden potencialmente producirse resultados negativos. Cuando el acceso a los datos catastrales y territoriales es desigual, puede ocasionar un acaparamiento de tierras y recursos, ya que los grupos de poder quedan en ventaja al poder acceder y analizar con facilidad esa información, a expensas de los grupos vulnerables como las comunidades indígenas. Por ello, es muy importante que las autoridades gubernamentales dispongan de una infraestructura legal y de políticas operativas para gestionar estos problemas.   

A partir de la creciente disponibilidad y uso de las tecnologías de geo-información, varios organismos públicos, empresas privadas e investigadores académicos han ampliado la cantidad de datos geoespaciales. Los gobiernos nacionales, sub-nacionales y locales y el sector privado capturan datos en el territorio de manera permanente y luego los comparten, lo cual reduce la duplicación de esfuerzos y la infrautilización de esos datos que se crean a un costo y esfuerzo considerables. Por ello, es muy importante que esos conjuntos de datos sean accesibles formalmente a través de sitios y servicios web, para permitir su explotación y reutilización de manera abierta por todos los sectores de la sociedad.  

Pero para que esto sea posible, es preciso instrumentar políticas para incrementar la capacidad analítica de los potenciales usuarios. En la medida que se incremente el volumen de datos abiertos, es indispensable desarrollar paralelamente capacidades para analizar los datos y aplicar los resultados en la toma de decisiones. Por ello, la capacitación y formación de usuarios para adquirir habilidades analíticas y de ciencia de datos, tanto del sector público como del sector privado, debe ocupar un lugar central en la estrategia para abrir los datos y mejorar la gobernanza. 

La Guía también está destinada a ayudar a las comunidades a monitorear si se están respetando las protecciones ambientales y apoyar las reclamaciones de derechos sobre áreas del territorio habitadas durante generaciones; y para que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer uso de los datos de gobernanza del territorio para comprender los patrones de las transacciones inmobiliarias, apoyar la promoción ambiental y social, e investigar y abordar la corrupción. 

El rápido progreso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) conlleva tanto nuevas oportunidades como nuevos desafíos para los diferentes sectores y actores que adoptan las nuevas soluciones. Desde mediados de la década de 2000, la comunidad global de gobernanza del territorio ha puesto a prueba una serie de iniciativas de transparencia y datos abiertos basadas en gran medida en dichas innovaciones digitales, con el objetivo de aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y contrarrestar la corrupción en el sector tierras, tanto a nivel local como global. 

En definitiva, los datos abiertos sobre la gobernanza del territorio publicados de acuerdo a leyes y marcos regulatorios específicos y dentro de un adecuado marco político e institucional, tienen el potencial de brindar servicios gubernamentales eficientes que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. 

El contenido completo de la Guía se encuentra disponible en: https://landportal.org/node/99705

lunes, 30 de agosto de 2021

Marco Integrado de Información Geoespacial

Este documento es un aporte de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, que fue desarrollado con la finalidad de proporcionar una referencia para los países de ingresos bajos y medios, a efectos de fortalecer los acuerdos nacionales y sub-nacionales en materia de gestión de los recursos de información geoespacial. 

No obstante, dado que el Marco Integrado de Información Geoespacial (en adelante, IGIF por sus siglas en idioma inglés Integrated Geospatial Information Framework) es una obra viva y, por lo tanto, susceptible de adaptarse a los cambios, es evidente que los países desarrollados también recibirán los beneficios de la naturaleza estratégica que tiene el IGIF. 

Dicha naturaleza es la que posibilita la preparación e implementación de planes de acción específicos para cada país. Los beneficios directos de este trabajo tienen repercusión en la administración de las infraestructuras de datos, en la puesta en práctica de soluciones integradas para la toma de decisiones basadas en la evidencia y en el óptimo aprovechamiento de sistemas nacionales y sub-nacionales de información adaptados a las situaciones y circunstancias propias de cada país.


El IGIF ofrece un contexto del porqué debe fortalecerse la gestión de la información geoespacial y porqué es un elemento crítico y clave para el desarrollo social, económico y ambiental de los países. Tiene su centro en el papel de la información en la era digital y en la economía del conocimiento, y en cómo la información es parte integral de las funciones gubernamentales en todos los niveles.
 

El IGIF está estructurado en base a tres partes separadas pero conectadas. La Parte 1 está referida al Marco Estratégico General, que tiene fundamento en las necesidades propias de cada país y establece el contexto asociado para el desarrollo de políticas en la materia, el cual se apoya en siete principios básicos, ocho objetivos y nueve vías estratégicas (ver tabla), que conducen a determinar el enfoque territorial tomando en cuenta las circunstancias, prioridades y perspectivas nacionales. 

La Parte 2 proporciona una guía de implementación, que es un documento detallado con las orientaciones y acciones específicas que se deben tomar para implementar el IGIF. Dicha guía comprende referencias, buenas prácticas y principios específicos, de tal manera que la transformación sea visible y sostenible. 

La Parte 3 trata sobre los planes de acción para poner en práctica el IGIF, los cuales deben incluir elementos tales como el impacto económico, el valor de los sistemas de información geoespacial, la identificación de las necesidades y prioridades de inversión, la implementación en secuencia a través de la identificación de actividades a corto, mediano y largo plazo, y las posibles fuentes de financiamiento.

             Fuente: UNGGIM (2020). Marco Integrado de Información Geoespacial.

En definitiva, el IGIF constituye una ayuda y referencia universal para alinear la agenda de los países con las de Desarrollo Global. Actualmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana y las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, entre otras, son las que trazan los lineamientos mundiales para armonizar las políticas de desarrollo vinculadas al territorio, para las cuales la información geoespacial ofrece una ayuda inestimable para evaluar, medir y monitorear los avances, como así también para dar cumplimiento a las metas de las iniciativas globales. 

Finalmente resulta oportuno remarcar que el rol de la información catastral en este contexto, se encuentra relacionada con el hecho de que las parcelas y las construcciones forman parte de los 14 temas globales fundamentales, por lo que son la base de referencia para delinear políticas generales como las contenidas por el IGIF que apuntan, entre otros fines, a la integración de dichos recursos a través de estándares y diversos aspectos de la interoperabilidad. 

Asimismo dada la importancia que tienen los sistemas catastrales y registrales en el desarrollo de los países, se ha creado un Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Administración y Gestión del Territorio, cuyos objetivos son desempeñar un papel de liderazgo a nivel de políticas para aumentar la conciencia y resaltar la importancia entre los tomadores de decisiones de la necesidad de una administración y gestión del territorio oportuna y adecuada; y fomentar el uso de herramientas y sistemas de información geoespacial para mejorar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos del mundo con respecto al registro de la relación entre las personas y el territorio a través de derechos. 

El documento completo del IGIF se encuentra disponible en español en: https://ggim.un.org/IGIF/documents/PARTE_1_MARCO_%20ESTRATEGICO_GLOBAL.pdf

viernes, 28 de mayo de 2021

Plan de Catastro Urbano UTJAWI 2021- Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) del Perú

COFOPRI es un organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que tiene a su cargo el diseño, la ejecución y el control del proceso de formalización de la propiedad inmobiliaria, y que comprende el saneamiento físico-legal, la titulación, la formación del catastro predial urbano y la transferencia de conocimientos y capacidades a los Gobiernos Locales. 

En resumen, el objetivo fundamental de la institución es suministrar apoyo técnico a los municipios provinciales y distritales que no han podido realizar el proceso de levantamiento catastral en su jurisdicción, transfiriendo las capacidades necesarias para que los Gobiernos Locales asuman la responsabilidad por su mantenimiento y actualización.   

Siendo el catastro distrital una función específica y exclusiva de los municipios, de acuerdo al sub-numeral 3.3 del numeral 3 del art. 79 sobre Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, de la Ley N° 27972 Orgánica de las Municipalidades, solo puede ser delegada mediante Convenio según el art. 76 de la misma Ley, instrumento de colaboración interinstitucional que establece tanto la modalidad como el tiempo de delegación, así como las condiciones y causales para su revocación.

Por otro lado, la Ley N° 30711 que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal, en su art. 4 sobre Catastro Urbano de Capitales de Provincia y Distritos, establece que COFOPRI a solitud de las municipalidades diseña, implementa gestiona y ejecuta de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o actualización catastral dentro de la jurisdicción correspondiente, además de todas las acciones necesarias para la generación, modernización, conservación y actualización de un catastro urbano nacional.

Dentro de ese marco legal, COFOPRI ha desarrollado el Plan de Catastro Urbano 2021 UTJAWI, que en idioma Aymara significa hogar o residencia, y cuyo objetivo principal es incrementar la cobertura del catastro urbano a nivel nacional, considerando varios distritos ubicados en los departamentos de Cajamarca, Junín, Ica, La Libertad, Lima, San Martín y Madre de Dios y que comprende un alcance aproximado de 130.882 unidades catastrales para el presente período fiscal (COFOPRI, 2021). 

En cuanto a los objetivos específicos se mencionan la ejecución del catastro en los ámbitos priorizados para generar una base de datos que brinde información territorial actualizada y se utilice como herramienta de gestión; la implementación de los procedimientos de levantamiento catastral adecuándolos a la emergencia sanitaria; y efectuar el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos beneficiarios para dar continuidad a las actividades catastrales, de acuerdo a la normatividad vigente (COFOPRI, 2021).

Cabe agregar que el propósito del Plan se encuentra alineado con el Plan Estratégico Multianual 2016-2021 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene dentro de sus objetivos disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana, el cual está orientado a reducir la informalidad existente en la tenencia de predios urbanos, a través de la titulación y así generar derechos de propiedad inmueble con seguridad jurídica. Sobre esta base se vincula y desarrolla el Objetivo Estratégico Institucional N° 02 “Incrementar la información catastral urbana para la eficiente gestión de los inmuebles en beneficio de los ciudadanos” con el objeto de aumentar el valor del indicador “Porcentaje de unidades catastrales urbanas que se encuentran registradas en la base de datos catastrales”, establecidos en el Plan Estratégico de COFOPRI 2019-2023.   

El documento del citado Plan de Catastro Urbano, indica en el diagnóstico situacional que según información del Registro Nacional de Municipalidades de 2018, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de las 1872 municipalidades el 44.4% no ha realizado levantamiento catastral, en tanto que el restante 55.6 % si lo ha hecho, aunque de ese porcentaje solo un 29.3% ha realizado actualizaciones y el 70.7% remanente no han sostenido los resultados de la implantación del catastro. Esto arroja un número aproximado de un 85 % de Gobiernos Locales que no disponen de catastro o, que aun teniéndolo, no es completo ni se utiliza.   

Dentro de ese universo, COFOPRI ha identificado problemas en aspectos técnicos, normativos, políticos y de difusión y comunicación, entre los que cabe mencionar la falta de mantenimiento; de personal calificado; de normas técnicas sobre procesos catastrales adecuadas a lo regulado por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios (SNCP); carencia de normatividad referida a incentivos para dotar de sostenibilidad económica al catastro; desconocimiento de los usos, aplicaciones y beneficios del catastro en los diferentes niveles de gobierno; escaso conocimiento de la ciudadanía e insuficiente apoyo a los municipios con programas de sensibilización social para incrementar la cultura tributaria (COFOPRI, 2021).  

Respecto a la estrategia de la intervención, los compromisos de COFOPRI son ejecutar el levantamiento catastral en el ámbito urbano de los distritos priorizados, entregar a los Municipios la base de datos gráfica y alfanumérica, proporcionar acceso a la Plataforma Única de Catastro Multipropósito Geo Llaqta, y capacitar al personal municipal para las actividades de mantenimiento catastral, entre otros. 

Por otro lado, los compromisos de los Municipios son implementar un espacio físico para desarrollar las actividades del proyecto de levantamiento catastral y la atención de consultas, implementar las medidas de seguridad necesarias, ejecutar el plan de comunicaciones para garantizar la participación de la población involucrada, implementar los procesos de mantenimiento catastral, mantener el recurso humano capacitado, y remitir al COFOPRI la información gráfica y alfanumérica de los predios intervenidos resultantes del proceso de mantenimiento y/o actualización para la migración a la Plataforma Única de Catastro Multipropósito.

Fuente: http://catastro.cofopri.gob.pe/geollaqta/

Las actividades del Plan de Catastro Urbano muy resumidamente se encuentran divididas en las siguientes componentes:

  • generación de información catastral para la gestión municipal que incluye el planeamiento, seguimiento y supervisión; la generación de información cartográfica; el levantamiento de información de campo; y el procesamiento, control de calidad y migración de la información catastral urbana; y
  • fortalecimiento de capacidades, que incluye el dictado de talleres especializados en modalidad virtual y taller de cierre del proyecto; la supervisión de las actividades catastrales para monitoreo de las actividades de campo y gabinete, y el establecimiento de un sistema de control de calidad para los procesos de captura de datos y conversión a formato digital de la información. 

Finalmente, el Plan prevé un sistema de seguimiento y evaluación, que tiene por finalidad monitorear el avance de las actividades y el seguimiento de los indicadores, así como evaluar los problemas que vayan surgiendo y adoptar las estrategias o formas más apropiadas para resolverlos.

 

Fuentes y legislación consultada: 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CENPLAN) (2016). Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM – Vivienda, Construcción y Saneamiento (2016-2021), https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-estrategico-sectorial-multianual-pesem-vivienda-construccion-y-saneamiento-2016-2021/ 

Diario Oficial El Peruano (2017).  Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal, https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-establece-medidas-complementarias-para-la-promocion-ley-n-30711-1602018-2 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2007). Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/4E208859347F437C05257B830064FAA9/$FILE/DS_025-2007_VIVIENDA.pdf 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) (2021). Resolución Directoral N° 000044-2021-COFOPRI-DE, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1691884/RD%20N%C2%BA%20D000044-2021-DE.pdf.pdf 

Sistema Peruano de Información Jurídica (2019). Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley N° 27972, https://www.gob.pe/pl/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/229447-27972


viernes, 30 de abril de 2021

Nuevo parcelario rural ajustado en Uruguay

La Dirección Nacional de Catastro del Uruguay ha publicado en el Catálogo de Datos Abiertos el parcelario rural ajustado, que incluye los departamentos de Flores, Montevideo y Maldonado.

La Licencia de Datos Abiertos-Uruguay Versión 0.1, permite usos comerciales y no comerciales, y autoriza la reproducción, distribución, publicación, adaptación, transformación, comunicación y puesta a disposición del público mediante cualquier forma o procedimiento; fusionados con datos propios y de terceros, pudiendo combinarse para formar conjuntos de datos nuevos e independientes; integrados en los procesos de negocio, productos y aplicaciones internas y externas en las redes electrónicas públicas y privadas. 

La capa de parcelas si bien tiene alcance a todo el territorio del país, en dichas jurisdicciones solamente se ha realizado -a la fecha- un ajuste geométrico, tomando como referencia un mosaico de ortoimágenes, que se ha elaborado a partir del proyecto de adquisición de imágenes digitales de cobertura nacional. Dicho proyecto fue supervisado por la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y la Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay (IDEUy).

 

Visualización de una porción del parcelario continuo rural, superpuesto al servicio de mapa base Google Satellite.

Información de prensa institucional señala que esta tarea comenzó en el año 2019 y su objetivo es la determinación territorial de las parcelas, de forma que sirva como fuente de información para la planificación y gestión a nivel nacional, no teniendo efecto jurídico alguno (Ministerio de Economía y Finanzas, DNC, 2021).

El citado mosaico de ortoimágenes, tuvo origen en un levantamiento fotogramétrico que cubrió completamente el territorio del país, para el que fue utilizada la cámara métrica digital UltraCam Eagle Prime. El tamaño del píxel en terreno (GSD) fue de 32 cm y la altura de vuelo aproximada de 7100 metros, totalizando un área cartografiada de 178.290 km². Las exactitudes planimétrica y altimétrica alcanzadas fueron de 1.00 y 1.50 m. respectivamente, con el 95% de confiabilidad (Consorcio TOPOCART, 2019). 

 

Fuentes consultadas:

 

Consorcio TOPOCART – Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S Ltda. AT S.R.L. (2019). Informe Técnico Final - Licitación Pública Internacional LPI N° 01/2015. Adquisición de Imágenes Digitales de Cobertura Nacional, https://visualizador.ide.uy/descargas/Documentos_IDE/Proyecto_de_produccion_y_control_de_informacion_geografica/Informe_Final_Topocart.pdf

 

Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Catastro (2021). Geocatastro. Nuevo Parcelario Rural, https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/nuevo-parcelario-rural

miércoles, 31 de marzo de 2021

Expediente electrónico y firma digital

Bases y fundamentos

Uno de los aprendizajes más importantes que no dejó la pandemia del Covid-19 es la importancia de los trámites electrónicos. De hecho, varios organismos del sector en el país y en la región, han buscado acelerar la transformación digital como una respuesta a las restricciones impuestas por esta situación, en el entendimiento que estos procedimientos facilitan la continuidad administrativa y evitan “baches” en la prestación de servicios.

Las iniciativas de este tipo se enmarcan dentro de las ideas de Gobierno Electrónico o Gobierno Abierto, con la diferencia de que en el primero el énfasis está puesto en las herramientas tecnológicas para realizar procedimientos administrativos, en tanto que el segundo busca sobre la base de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), hacer una reestructuración del sector público produciendo las condiciones para potenciar la generación de valor agregado púbico y social. Afinando un poco más, el Gobierno Abierto está orientado a una Administración Pública (AAPP), en que los servicios de los organismos ofrezcan herramientas para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos. 

Pero para que estos cambios sucedan, es necesario que los gobiernos se apliquen en una política de Estado o estrategia jurisdiccional integral, que posibilite una mejor coordinación, cooperación interinstitucional y el mayor impacto posible en la sociedad. Digamos que estas políticas públicas deben estar establecidas para el largo plazo, aunque deben incluir iniciativas concretas para alcanzar resultados en el corto plazo. 

Los cambios que deben producirse para desarrollar las ideas de Gobierno Abierto son las siguientes:

  • Cambio cultural: Enfoque de la AAPP al servicio del ciudadano.
  • Cambio en los procesos: Todo aquello que no funcione, pueda evitarse o no agregue valor a un proceso debe eliminarse.
  • Cambio en la organización: Enfoque en el desarrollo organizacional en materia articulación interna, política de mejora continua, capacitación de recursos humanos, diseño de puestos de trabajo, etc. 
  • Cambio en las formas de relación: Acceso multi-canal a través de la web, e-mail, whatsapp, aplicaciones para la prestación de servicios, aplicaciones de telefonía móvil, etc.

En cualquier caso, de lo que se trata es de dar respuesta a las demandas de la sociedad por mejores servicios de las Administraciones Públicas (AAPP), y que trae consigo como signos más visibles servicios que hacen innecesaria la presencia física, los desplazamientos y la intermediación, incrementando la transparencia, agilidad, eficiencia y reduciendo el tiempo aplicado a los trámites.

Definiciones 

El Expediente Electrónico es el conjunto de documentos electrónicos que corresponden a un procedimiento administrativo. Dichos documentos son información almacenada en archivos digitales según un formato determinado y susceptible de ser identificados y tratados de forma diferenciada. Los documentos electrónicos se caracterizan por: el contenido, la firma digital y los metadatos, que es un elemento que proporciona contexto al contenido y la firma, aportando valor probatorio. 

La ley nacional N° 25.506 de firma digital, reconoce la utilización de la misma y su eficacia jurídica, de acuerdo a las condiciones establecidas en esa norma legal. En su artículo 2 la define como: el “resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.”



La importancia de la firma digital radica en que puede ser utilizada para realizar trámites ante organismos públicos, entre otras aplicaciones, para autenticar la identidad del firmante en sistemas informáticos.

 

Para disponer de una firma digital son necesarias dos claves vinculadas entre sí, una de las cuales es privada y la otra pública. La primera está protegida por una contraseña que sólo conoce el titular, y la segunda tiene como finalidad que el destinatario verifique la firma realizada por la persona. La clave pública está incluida en un certificado digital, que es un documento emitido por un órgano certificador que asegura que la firma corresponde a una determinada persona. Por esta razón, para registrar una firma digital es necesario la intervención de un certificador (tercera parte) y la presentación física ante éste para constatar la identidad, luego de lo cual el interesado recibirá el certificado digital que le permitirá firmar digitalmente sus documentos electrónicos. Los entes licenciantes son organismos gubernamentales. 


Trámites on line en los organismos catastrales del país

 

En varias provincias se realizan trámites completamente on line, ya sea para la emisión de certificados catastrales como para la tramitación de la verificación del estado parcelario y planos de mensura y, en algunos casos, otros trámites. La lista de ejemplos dada a continuación no es taxativa. 

La Dirección General de Catastro de Córdoba ha desarrollado una aplicación denominada “Presentación Digital de Mensura”, que permite a los profesionales realizar las tareas necesarias para la confección de mensuras y su registro en el organismo. Esta herramienta informática está compuesta por varios módulos que tienen las siguientes funciones: consultar y descargar antecedentes, confeccionar los planos, armado de la presentación, remisión de la documentación digital y seguimiento del trámite a través de la web. Para ampliar, los interesados pueden consultar la guía “¿Cómo realizar la presentación digital de Mensuras?”. Además el organismo dispone de una aplicación dentro de su Sistema de Información Territorial, para la emisión de certificados catastrales con trámite 100% digital. 


La Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de Neuquén por Disposición 56/2019, aprobó un procedimiento para la generación del trámite del certificado catastral vía web. Asimismo por Disposición 127/2019, sustituyó el certificado de verificación de subsistencia del estado parcelario (VEP) en formato papel por un documento electrónico firmado digitalmente. Ambas Disposiciones contienen en sus anexos instructivos detallados para la gestión de los trámites en todas sus etapas.


La Administración Tributaria de Mendoza a través del Catastro, también ha implementado una aplicación en su Oficina Virtual, para la gestión y emisión del certificado catastral digital.


El Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, ha desarrollado procedimientos on line para la actualización de mejoras, verificación del estado parcelario, registración de planos de mensura y emisión de certificados catastrales. Para el caso de los planos no se suprime totalmente el uso del papel, pero se reduce considerablemente. 

Para finalizar, la Dirección General de Catastro de Tucumán instrumentó la presentación de documentación técnica de manera digital para planos de propiedad horizontal, propiedad horizontal especial, división, unificación, prescripción adquisitiva y verificación-modificación del estado parcelario. Al respecto, la Resolución1064/2020 en su artículo 2, establece la eliminación total del trámite en papel para la presentación y registración de planos de mensura a partir del 15/08/2020, utilizándose a partir de esa fecha únicamente la firma digital para la suscripción de la documentación.



Fuentes consultadas:

 

Administración Tributaria de Mendoza – Catastro (2021), https://www.atm.mendoza.gov.ar/portalatm/zoneTop/catastro/catastro.jsp

 

Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba (2021), https://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-finanzas/secretaria-de-ingresos-publicos/direccion-general-de-catastro/

 

Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de Neuquén (2021), http://www.dpcneuquen.gov.ar/HomePage.asp

 

Dirección General de Catastro de Tucumán (2021), http://www.catastrotucuman.gov.ar/

 

Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe (2021), https://www.santafe.gob.ar/index.php/content/view/full/104569

 

República Argentina, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2001, 2018). Ley nacional N° 25.506 de firma digital, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70749/texact.htm

 

República Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros (2021). Firma digital, https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/firmadigital